Fundamentos de la

Ley 14606

SEÑOR PRESIDENTE:

            Como todos mis pares recordarán, el 24 de marzo de 2004, en el Colegio Militar de la Nación, ocurrió un hecho trascendental: el presidente Néstor Kirchner, como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ordenó al jefe de Estado Mayor del Ejército, Roberto Bendini, que descolgara los retratos de Jorge Rafael Videla y Reynaldo Bignone de las paredes de esa institución.

            Esta decisión forma parte del conjunto de políticas fundamentales implementadas por el gobierno nacional en materia de derechos humanos. Si bien los derechos humanos se encuentran en las garantías que impone la Constitución Nacional como eje del funcionamiento del Estado, lo cierto es que previamente al año 2003 este área de gobierno se encontraba desjerarquizada y limitada a un sistema de políticas reparatorias sin incidencia transversal en el resto de las políticas de Estado.

            La política de derechos humanos que llevó adelante Néstor Kirchner, desde la declaración de nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final hasta la creación del Archivo Nacional de la Memoria, significó un avance gigantesco en la lucha contra la impunidad y los delitos de lesa humanidad cometidos por la última dictadura cívico-militar.

            El gobierno de Cristina profundizó y sigue profundizando esa batalla en cuanto amplía cada vez más las bases institucionales de respeto y protección de los ciudadanos, por ejemplo a través de la sanción de la Ley de Matrimonio Igualitario.

            En la misma sintonía de aquella decisión inaugural de Néstor en el Colegio Militar, se han producido, en nuestra Provincia, dos hechos de gran trascendencia. En 2011, el Concejo Deliberante de la ciudad de Mar del Plata descolgó de sus paredes el retrato de Pedro Edgardo Giachino, oficial naval muerto durante la recuperación de las Malvinas y primer muerto en combate de la guerra. Este oficial aparecía mencionado en cuatro causas por violaciones a los derechos humanos, vinculadas a la represión en la zona de Zárate. Dos sobrevivientes de la ESMA lo reconocieron como “Pablo”, integrante de los grupos de tareas. En 2012, en el Destacamento de Arana, La Plata, la Policía Bonaerense descolgó un cuadro que rezaba “La Policía de la Provincia de Buenos Aires en homenaje al personal muerto por la delincuencia terrorista”. Este cuadro fue descubierto por la invalorable tarea de los organismos de derechos humanos durante un reconocimiento en el marco del juicio por el denominado “Circuito Camps”.

            Estos hechos aislados, y la cantidad de cuadros que todavía existen en algunos despachos y reparticiones estatales, revelan la necesidad de profundizar y encontrar nuevas estrategias para esta política de ruptura definitiva con la impunidad en lo concerniente a los delitos de lesa humanidad cometidos por numerosos genocidas a lo largo de toda nuestra historia. Específicamente, según el balance a marzo de 2013 realizado por la Unidad de Coordinación y Seguimiento de las causas por violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el terrorismo de Estado, el número de condenados  asciende a 378; el número de procesados, por su parte, asciende a 1.013.

            Este proyecto, en la medida en que obliga a colocar placas debajo de toda iconografía vinculada con genocidas condenados por la ley, se propone continuar el camino de memoria colectiva que iniciamos contundentemente hace una década, reafirmando no solamente la condena judicial sino también la condena social, que nos enriquece como pueblo.

            Solicito, entonces, a mis pares legisladores la aprobación del presente proyecto de ley.