Fundamentos de la Ley 13136

            El pueblo de la provincia de Buenos Aires sufre las consecuencias de una recesión  prolongada de alcance nacional, agravada en algunas de sus regiones por desastres naturales. Estos hechos tienen gravísimas consecuencias en la vida de millones de bonaerenses por la degradación, la desorganización y el deterioro que generan en instituciones fundamentales como el trabajo, la familia, la escuela, los sistemas de representación social y política, los sistemas productivos y el Estado mismo. Este cuadro de situación nos pone ante la necesidad de idear y sancionar nueva normas legales que produzcan resultados regeneradores que permitan el desarrollo de expectativas positivas en personas y comunidades. Legislar en este sentido será impulsar ideas y acciones que favorezcan un desarrollo que permita revertir las tendencias negativas, mejorando de manera inmediata las condiciones de vida de todas las comunidades locales, y en particular de los hogares y las zonas más vulnerables, contribuyendo a conformar otro tipo de estructuras económicas, mercados locales y regionales que reactiven la capacidad de iniciativa de jóvenes y adultos hoy excluidos, la inversión privada y la solidaridad social.

            El sentido de esta legislación será múltiple, por un lado, otorgará un marco legal a una actividad que miles y miles de bonaerenses llevan a cabo desde hace años como una práctica legitimada por la necesidad cotidiana. En segundo término, esta legislación delimitará un sector de la economía actualmente no supervisado por el Estado, y por último y esencialmente, la ley propuesta valoriza la incorporación de este tipo de actividades económicas que sustentan en una cultura solidaria y asociaciativa que sirva de base para el replanteo y el desarrollo de una sociedad más justa y fraterna.

            Los estudios internacionales de organismos como la OIT muestran que en nuestro país llevará décadas recuperar incluso los niveles de integración con inequidad que caracterizaron el comienzo de la década pasada si ello queda librado exclusivamente a la inversión privada y al mercado global, que han mostrado su insuficiencia dinámica para generar empleo e ingresos para las familia trabajadoras. Es preciso entonces para paliar los efectos indeseables de esta situación pensar en la generación de formas cooperativas, solidarias y comunitarias de producción para el mercado y para la satisfacción de las necesidades individuales y colectivas de los ciudadanos en base a su propio trabajo. Es aquí precisamente donde nos encontramos con un vacío legislativo importante o con una legislación fragmentaria y/u obstaculizadora y con la necesidad de cubrir estos espacios no normados suficientemente con una ley de promoción o ley marco que los contenga, los regule, los redimensione y los potencie. Serán estas regulaciones legales las que sustentarán una política socioeconómica que aliente y oriente las iniciativas sociales y económicas de personas y comunidades dentro de un marco de desarrollo integrador, desde lo local y lo regional, que permita superar las políticas sociales asistencialistas que siguen reproduciendo la pobreza y han mostrado su inviabilidad e ineficacia.

            La insuficiencia de los recursos provinciales frente a la demanda social aumenta la responsabilidad del Poder Legislativo de sancionar leyes que favorezcan la reincorporación como consumidores y productores de los sectores hoy más perjudicados por la crisis. Esta legalidad resulta imprescindible para sostener una estrategia de desarrollo endógeno, que comience a reconstituir el tejido social, la participación de las organizaciones sociales y la base económica de su regiones, promoviendo y apoyando las estructuras productivas paralizadas y estimulando nuevas iniciativas de trabajo productivo en familias, barrios y municipios.

            Nos referimos a una legislación que facilite el desarrollo de nuevos emprendimientos productivos de escala familiar y consolide o potencie otros existentes creando mercados para la producción popular que minimice la filtración del flujo económico hacia los sectores más concentrados. La norma propuesta debe favorecer el asociativismo y las actitudes innovadoras, así como la cooperación entre las organizaciones productivas populares y en particular entre el campo y la ciudad, afirmando las identidades locales y regionales y haciendo que la ciudadanía recupere la posibilidad de pensar otro futuro que defienda un proyecto de desarrollo integrador.

            En cuanto a la dinámica económica, la ley planteada, contribuirá desde lo social a desarrollar un impacto económico multiplicador organizando sistemas productivos centrados en el trabajo que creen nueva riqueza, generen ingresos y capacidad de microahorro e inversión sobre la base de sus propios resultados.

            La ley que planteamos supone apoyar y consolidar iniciativas que permitan tanto la inserción laboral como la conformación de un sector de economía social sin fines de lucro, como los que existen en otros países del mundo, basado en organizaciones y redes de cooperación y solidaridad centradas en el trabajo, que no compiten, sino que coadyuvan a la reactivación del sector productivo privado y a mejorar la situación fiscal del Estado.

            Define a este sector de economía social aquella parte de la economía nacional constituida sobre un sistema que valora al hombre como sujeto central de la actividad económica, priorizando el trabajo sobre el capital, ya que aquel propicia la creatividad, moviliza energías sociales, preserva la identidad de la comunidad, despliega la solidaridad y utiliza las experiencias obtenidas para fortalecer su organización y destinarla a satisfacer sus necesidades individuales, familiares y colectivas, acrecentando el sentimiento de dignidad y autorespeto y por consiguiente, contribuyendo al bienestar general y al sostenimiento de valores de libertad, democracia, justicia, solidaridad, protagonismo y pluralismo.

            Por último, es necesario reafirmar la necesidad de contar con normas legales que no sólo se asienten en condiciones económicas coyunturales o en situaciones sociales de tipo transitorio. El sentido de esta legislación es otorgarle un marco legal a una actividad que miles y miles de bonaerenses llevan a cabo desde hace años como una práctica legitimada por la necesidad cotidiana. Esta legislación al mismo tiempo delimitará un sector de la economía, que ha mostrado no sólo posibilidades de generar formas de autoempleo y subsistencia económica sino que, además, incorpora en sus actividades económicas el soporte de una cultura solidaria y asociativa que resulta deseable como pauta de conducta futura para todo el pueblo de la patria.