FUNDAMENTOS DE LA LEY 15639

Con el propósito de comprender la trascendencia del instituto cuya adición regulación legal provincial propiciamos, cabe recordar que se trata de acordar a toda persona física un derecho, que no es absoluto ni irrenunciable, cuya finalidad es garantizarle la protección de su vivienda frente a las vicisitudes económicas y conservación de esa parte de su patrimonio como bien indispensable para desarrollo de su personalidad. Asimismo, se trata de proteger de los riesgos económicos e, inclusive, de problemas como la enfermedad o la muerte, al núcleo familiar, cuando existe, brindándole la posibilidad de vivir bajo un mismo techo.

Sabido es que la Constitución Nacional a partir de la reforma de 1957 en su artículo 14 bis garantiza el derecho de toda persona a una vivienda digna. Con anterioridad, en la reforma constitucional de 1949, se había dispuesto en el art. 37-II, inc. 3 que "El Estado garantiza el bien de familia conforme a lo que una ley especial determine", manda que se cumpliera, en 1954, con la sanción de la Ley № 14.394, antes referida, hoy derogada por la Ley № 26.994.

En la actualidad la protección constitucional de la vivienda no sólo se encuentra en el cuerpo de la Carta Magna sino en diversos tratados internacionales que tienen rango constitucional, por ejemplo, en el artículo 25, apartado 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 14 apartado 1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Este marco constitucional permite sostener en el presente, aun cuando no se haya concretado ninguna reforma al régimen tuitivo de la ley vigente, una interpretación sistemática respecto a que la protección de la vivienda familiar beneficie "no sólo a la familia, sino a la persona humana en su individualidad.

Con la sanción del Código Civil y Comercial de la Nación, la protección de la

vivienda, quedó regulada en el artículo 244 y sub siguientes.

La necesidad de garantizar la protección constitucional a la vivienda llevó a los constituyentes provinciales, en las últimas reformas constitucionales, a incluir normas de avanzada en las Constituciones de las Provincias de Córdoba, Santiago del Estero y San Juan.

Sin duda que el tema que tratamos exige un delicado equilibrio en la tensión tutela del crédito - tutela del deudor. La economía exige propiciar la dinámica del crédito sin desproteger al tomador de crédito, en especial cuando se trata de un sujeto débil. De

modo que la protección de la vivienda debe darse teniendo en cuenta estos límites necesarios de la realidad social.

El proyecto que elaboramos tiende a colaborar para instalar un principio que debe aprehenderse lentamente en nuestra sociedad: el patrimonio del deudor es la prenda común de los acreedores, pero ese patrimonio no se integra, como regla, con la vivienda única y habitual del deudor; sólo por excepción esa vivienda podrá ser agredida por sus acreedores. Es decir que, en un futuro próximo, el principio deberá ser que el acreedor no podrá preguntarse si su deudor tiene "un inmueble" a su nombre, pues, si posee una única vivienda habitual no será garantía para el cobro de su crédito.

En este sentido el espíritu del constituyente y del legislador señalan la necesidad de que este instituto tenga un alcance general, por lo que su interpretación y su reglamentación deben tender a este objetivo. Así, en la actualidad en la provincia de Buenos Aires el titular de un inmueble puede realizar personalmente, y sin cargo, la inscripción ante el Registro de la Propiedad inmueble o, en su caso, con la intervención de un notario, con las limitaciones honorarias que dispone la ley sustantiva. Cabe resaltar que además algunos municipios (Bahía Blanca, desde el mes de mayo de 2002, entre otros) han descentralizado la recepción de la documentación en sus municipios, que coadyuva con facilitarle la tarea a los potenciales beneficiarios.

En este mismo orden de razonamiento se pretende con el presente proyecto dotar de una nueva herramienta tendiente a brindar una nueva posibilidad para que los beneficiarios de este instituto puedan conocer sus ventajas y en su caso decidir su afectación.

Concretamente se propone que ante cualquier actuación notarial en la que haya una modificación de titularidad de dominio o cualquier actuación que tenga como base un inmueble asiento de la familia, el escribano interviniente tendrá la obligación de informar íntegramente al potencial beneficiario del instituto, la posibilidad de tramitar la afectación gratuitamente ante las autoridades públicas competentes, y en su caso el ofrecimiento para su afectación en el mismo acto, con su intervención. En caso de negativa del beneficiario deberá dejar, y expresa constancia en la escritura correspondiente de haberse realizado la correspondiente información, el ofrecimiento y su negativa.

Debe recordarse que, si el trámite se decide realizarlo a través de un profesional, sus honorarios no podrán exceder, en conjunto, del 1% de la valuación fiscal del inmueble para el pago de la contribución territorial, o impuesto inmobiliario provincial; que sin perjuicio de lo expuesto, debe publicitarse clara y ampliamente que la ley prevé la gratuidad de la inscripción para aquellos interesados que desean realizar el trámite personalmente. Además, la autoridad interviniente, Registro de la Propiedad inmueble

de la provincia de Buenos Aires, está obligada a prestar el asesoramiento y colaboración necesaria para la realización de todos los trámites relacionados con la constitución e inscripción del bien de familia.

El presente proyecto está destinado a dar la mayor difusión sobre el instituto del bien de familia, sus objetivos y beneficios, especialmente por parte de los notarios de la provincia de Buenos Aires, muchos de los cuales, debe reconocerse, aún sin la exigencia que por esta ley se impone han adoptado como práctica profesional informar integralmente sobre las características del mismo. El resultado positivo de esta práctica impone la necesidad de extenderla a todos los profesionales en forma obligatoria, como un elemento más que el notario deberá tener en cuenta completo y necesario quehacer profesional, tal como dispone las reglas del notariado (Ley 9020).

En suma, con esta reforma se pretende acercar aún más el bien de familia a miles de familias bonaerenses que podrán decidir, con la debida información integral que le realice el notario, sobre su afectación como tal y así poder poner a salvaguarda su propiedad, tal como garantiza este instituto de raigambre constitucional.

Resulta menester señalar que mediante Expediente D-3322/10-11 de mi autoría, entonces como diputado provincial, esa Honorable Cámara le otorgó media sanción con fecha 13/7/2011, siendo reproducido aquel a través de los Expedientes D-1472/12-13 y D-392/15-16.

Asimismo, se deja constancia que fue nuevamente presentado mediante Expediente E-53/22-23 en esta Honorable Cámara de Senadores, recibiendo media sanción el 29/11/22. También obtuvo la media sanción en el Senado de la Provincia el Expediente E-138/24-25 el 3/7/24.

Por los motivos expuestos, solicito a los señores legisladores que acompañen con su voto la presente iniciativa.