Fundamentos de la Ley 13075

            El presente proyecto tiende a regularizar las situaciones de ocupación precaria en que se encuentran más de 120 familias de escasos recursos, vecinas de Avellaneda, que hasta hace poco fueron trabajadores ocupados a los que la crisis hizo perder no solo su trabajo sino también la posibilidad de acceder a una vivienda por las vías legales. Es por ello que se vieron forzadas a ocupar tierras abandonadas por sus titulares de dominio, que se encontraban sin cercar ni alambrar.

            Luego de la ocupación, estos inmuebles baldíos, ubicados en la localidad de Sarandí, fueron transformándose en un hábitat que reúne condiciones mínimas de salubridad y habitabilidad; gracias al relleno, apertura de calles, loteo regular, energía eléctrica, plantación de árboles, etc.

            Tal como la experiencia lo indica, la inseguridad legal que significa no poder acceder a la propiedad de la tierra dificulta planificar mejoras en las viviendas y en la infraestructura, perjudicando no solo el barrio mismo, sino también a los vecinos. Es por eso que el asentamiento cuenta con la solidaridad activa y explícita de los vecinos, cansados de que el terreno fuera tierra de nadie, sitio propicio para robos, desarmadero de autos, basural, lugar peligroso para el paso, et.

            A más de encontrarse estas familias con las necesidades básicas insatisfechas, permanecer impasibles ante el cuadro anteriormente descrito, y no hacer nada para impedir su lanzamiento a la calle, nos haría cómplices de un sistema despiadado que siempre tiene el mismo denominador común: los pobres.

            Debemos destacar que es imperioso la sanción de la presente ley, ya que en causa Nro. 352.875, sobre usurpación de propiedad, que lleva adelante la UFI 14 del departamento judicial de Lomas de Zamora, se ha imputado a siete personas que habitan en el lugar y se han tomado las declaraciones indagatorias, siendo inminente la resolución de desalojo.

            Por lo tanto, y siendo una obligación indelegable del Estado el contribuir al logro del acceso de la propiedad a las familias que así lo necesiten, y ejerciendo el deber que nos ha impuesto la Constitución, creemos imprescindible sancionar esta ley de expropiación que se convertirá, a no dudarlo, en la herramienta jurídica que permitirá avanzar hacia la regularización dominial y urbana de los predios.

            Por todo lo expuesto es que solicitamos a los legisladores acompañen con su voto favorable la presente iniciativa.