FUNDAMENTOS DE LA LEY 15225
HONORABLE LEGISLATURA
Me dirijo a Vuestra Honorabilidad para someter a su consideración el proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2021. Este presupuesto fue elaborado en un contexto de doble crisis económica: la que atraviesa nuestro país desde 2018, y la derivada de la irrupción de la pandemia del COVID-19, que ha impactado de manera extraordinaria en el mundo, en la Argentina, y por lo tanto en la provincia de Buenos Aires.
Atravesamos un período de circunstancias extraordinarias que aún no ha concluido, puesto que persiste una gran incertidumbre respecto del devenir epidemiológico durante los próximos meses. La crisis provocada por el COVID-19 no tiene precedentes, hecho evidenciado no solo en la caída vertiginosa de todos los indicadores económicos de actividad, sino también en los obligados cambios de conductas y comportamientos de toda la población. La magnitud de este impacto es aún impredecible, lo que inevitablemente incide en la contextualización y planificación de las cuentas públicas.
Estas circunstancias han demandado una respuesta acorde por parte de los Estados tanto en el plano sanitario como en la contención social y económica. En este contexto, el Estado de la provincia de Buenos Aires, en coordinación con el Estado Nacional y los 135 municipios que conforman la Provincia, ha llevado adelante durante 2020 un accionar enfocado en evitar el desborde del sistema de salud provincial, garantizar la continuidad pedagógica en las escuelas bonaerenses, extender los programas alimentarios para garantizar su alcance a los sectores más vulnerables y desarrollar programas para paliar la crisis económica.
El desafío para 2021 será redoblar los esfuerzos ya que es inevitable que estas circunstancias afecten el papel del Estado provincial proyectado para el año próximo. Más que nunca, se requerirá un Estado provincial presente como motor de la reactivación económica, pero también afrontando carencias estructurales cuyo abordaje progresivo permitirá hacer realidad tantas demandas postergadas. La provincia de Buenos Aires es perfectamente viable si construimos un proyecto que ajuste menos y genere más, que empiece por los que menos· tienen para llegar a todos y todas, que promueva solidaridad y empatía en cada acción de gobierno, en cada política pública.
A pesar del contexto adverso, esta Administración reafirma el compromiso de recuperar un horizonte de certezas para las y los bonaerenses, en donde la producción y el trabajo estén por sobre la especulación y la incertidumbre. En donde llegar a la universidad y acceder a la educación pública sea un derecho. En donde el sistema sanitario pueda atender a todos y todas.
Índice
Contexto general
1. OBJETIVOS ESTRUCTURALES DEL GOBIERNO PROVINCIAL.
1.1 Provincia productiva, infraestructura, vivienda y empleo para el desarrollo.
1.2 Recuperar un Estado presente.
1.3 Recursos tributarios de origen nacional y provincial; justicia distributiva, solidaridad, federalismo y progresividad.
1.4 Deuda pública: de la insostenibilidad al financiamiento responsable.
2. CONTEXTO MACROECONÓMICO NACIONAL 2016-2019.
3. LA ECONOMÍA PROVINCIAL 2016-2019.
4. IRRUPCIÓN DEL COVID-19 Y ADMINISTRACIÓN DE LA EMERGENCIA.
a. Política sanitaria
b. Políticas sociales, económicas y productivas
c. Política financiera
d. Política de asistencia financiera a municipios
Presupuesto 2021
5. Ejes estratégicos del presupuesto 2021.
1. Inversión en infraestructura y vivienda.
2. Inversión en educación
3. Inversión en materia penitenciaria y de seguridad.
4. Reactivación económica e inclusión social.
5. Inversión en salud.
6. Gobierno con perspectiva de género transversal
7. Sostenibilidad de la deuda y de las finanzas provinciales
6. Análisis de resultados
7. Análisis de recursos
a) De los recursos tributarlos de origen provincial
b) De los recursos tributarlos de origen nacional
c) De las contribuciones a la Seguridad Social
d) De los recursos no tributarios propios
e) De las transferencias corrientes
f) De los recursos de capital
8. Análisis de gastos
a) De las erogaciones corrientes
b) De las erogaciones de capital
c) De las erogaciones por finalidad
9. Análisis de las fuentes y aplicaciones financieras
a) De las fuentes financieras
b) De las aplicaciones financieras
10. Programa financiero
11. Estimación de Gastos Tributarios en 2021
1. OBJETIVOS ESTRUCTURALES DEL GOBIERNO PROVINCIAL
La Provincia de Buenos Aires es el corazón productivo de la Argentina, ya que en su territorio se encuentra el aparato productivo más desarrollado y diversificado del país. Es por eso que sus desequilibrios y debilidades tienen fuerte incidencia en el devenir nacional. Para plantear los objetivos centrales que guiarán el accionar de este Gobierno Provincial en su primer presupuesto para la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires será necesario describir la realidad actual del distrito, en la que se expresa la persistencia de severas debilidades estructurales que se han visto agravadas en los últimos años. Tres años de recesión en nuestro país y una caída en la actividad inédita durante 2020 delinean una configuración de extrema gravedad. La urgencia en apuntalar la recuperación de la actividad económica, pero al mismo tiempo avanzar hacia la superación de las deficiencias estructurales que se alzan como obstáculos para el desarrollo de la Provincia, son los desafíos que enfrentamos para recuperar una Provincia Integrada, económicamente desarrollada y socialmente inclusiva.
Esta Administración ha definido cuatro ejes que concentrarán los mayores esfuerzos a lo largo de la gestión y en este ejercicio 2021 en particular. Por sus características, estas acciones tendrán impacto en una multiplicidad de áreas y permitirán dinamizar el conjunto de la actividad económica, al tiempo que serán pasos concretos en el camino de resolver las necesidades de inversión pública y las numerosas deudas pendientes en materia social.
1.1 Provincia productiva, Infraestructura, vivienda y empleo para el desarrollo.
Es palmario y evidente el déficit histórico en materia de infraestructura que exhibe la Provincia Buenos Aires. La infraestructura es deficiente en prácticamente todos los ámbitos que hacen a la vida económica y social del territorio bonaerense, perjudicando el desenvolvimiento económico local y limitando la capacidad productiva de la Provincia. Sin un salto significativo en la Inversión en infraestructura, aún con una economía creciendo, la Provincia no podrá desarrollarse.
En materia vial, Buenos Aires cuenta con 35.700 kilómetros de rutas y caminos rurales.
Buena parte de este entramado vial se encuentra en mal estado, como consecuencia de su gran extensión y la necesidad constante de refacciones y ampliaciones que no siempre fueron atendidas correctamente. En materia hidráulica, la Provincia cuenta con una multiplicidad de arroyos, cuencas y ríos que requieren inversión para realizar aliviadores, desagües y obras de saneamiento, entre otras mejoras, que se encuentran pendientes de finalización, o directamente no se comenzaron. Respecto al déficit habitacional, se estima que este alcanza a dos millones de bonaerenses. Actualmente en la Provincia, hay alrededor de 500.000 hogares en los que familias viven hacinadas. Además, muchos habitantes de la Provincia no tienen acceso a los servicios de provisión de agua y cloacas, produciendo un importante deterioro sobre su calidad de vida y condiciones sanitarias.
Estas carencias afectan a la calidad de vida de las y los bonaerenses y a las actividades, productivas a lo largo y a lo ancho del territorio provincial. En este sentido, en el período 2016- 2019 no han habido avances significativos en ninguno de los frentes y en muchos aspectos la situación se ha agravado, especialmente en los últimos dos años, producto del desempeño procíclico que mostró la obra pública. La ejecución de obras de infraestructura en la Provincia durante los años 2018 y 2019 se vio severamente afectada con enormes retrasos en los pagos y, en muchos casos, cancelación de obras anunciadas. Por citar un caso relevante, las obras que se realizaban a través del Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) se suspendieron desde 2018.
En términos habitacionales, en 2019 los recursos destinados a la construcción de viviendas se redujeron en un 70% en términos reales respecto de lo previsto para 2016. En el caso de la infraestructura hidráulica, se evidencia la falta de avance real de la obra de la Cuenca del Salado, donde no se ejecutaron los proyectos hidráulicos en los arroyos que descargan en las zonas en las que el río ya fue canalizado, ni se completaron las obras del plan del Comité de Cuenca del Río Luján (COMILU). En materia de agua y cloacas, ABSA no realizó expansiones del servicio. Tampoco se realizó la ampliación que se encontraba prevista de la Planta Potabilizadora Donato Gerardi, con anillado en la ciudad de La Plata y abastecimiento a las localidades de Berisso y Ensenada. El Sistema Cloacal Noroeste del Conurbano tampoco se ha ejecutado, a pesar de contar con financiamiento del BID.
El avance de proyectos ligados a financiamiento de Organismos Multilaterales de Crédito es otro de los aspectos donde se evidencia el abandono en materia de gestión durante el período 2016-2019. A pesar de contar con un financiamiento disponible de USO 1.230 millones por parte de los Organismos Internacionales de Crédito para la ejecución de gastos de capital, y haber acordado otros USD 600 millones con este fin, en sus cuatro años de gobierno, la gestión saliente acumuló desembolsos por solo USD 125 millones para el pago de obras (notoriamente por debajo de lo estipulado en los proyectos), lo que representa apenas el 7% del financiamiento disponible acordado.
El énfasis en el desarrollo de infraestructura vial, hidráulica y social será prioritario y nodal para la construcción de una Provincia productiva e integrada. Para ello, es imperiosa la necesidad de mejorar la infraestructura hídrica, de transporte, agua, cloacas y habitacional, ya que resulta esencial para mejorar la calidad de vida de las y los bonaerenses y para potenciar el aparato productivo y a las empresas locales. Este será uno de los ejes centrales de esta gestión de gobierno. Continuando con el Plan Bonaerense de Infraestructura y Obra Pública comenzado en 2020, y profundizando esa línea de trabajo, se espera comenzar a revertir el significativo atraso en el desarrollo de la infraestructura de la Provincia.
Atento al déficit habitacional es que presentamos durante el año 2020, el Plan Suelo, Vivienda y Hábitat como un objetivo central de este gobierno, que tiene su reflejo en el presupuesto 2021 y será afianzado en los años siguientes.
A partir de las prioridades establecidas en este presupuesto, se espera alcanzar en 2021 un nivel de Inversión Real Directa del 0,8% del PBG, el doble del 0,4% promedio observado entre 2016 y 2019. El gasto de capital se proyecta en 1,3% del PBG. Con esta inversión, se espera mejorar las condiciones estructurales para fortalecer el desarrollo de la Provincia, reactivar el empleo y la demanda, y contribuir así a la recuperación de la actividad económica en todo el territorio provincial.
Fortalecer el entramado industrial y agropecuario es parte de la apuesta estratégica para recuperar una provincia con perfil productivo. Ningún sector económico sobra. Desarrollar las capacidades exportadoras al tiempo que se logra sustituir importaciones y agregar cada vez más valor es el camino que la Provincia busca recorrer. Dinamizar la Inversión en infraestructura es una condición indispensable para avanzar en este camino.
1.2 Recuperar un Estado presente.
La provincia de Buenos Aires arrastra serias deficiencias estructurales en el plano social.
Las mismas pueden rastrearse a lo largo de los años. Es la provincia con mayor cantidad de habitantes del país y esto tiene su correlato en la demanda de servicios de educación, salud, seguridad ciudadana y justicia. La Provincia contiene al 37% de los alumnos y las alumnas del país, alberga más de 70 hospitales públicos y más de la mitad del total de habitantes de la Argentina con ingresos por debajo de la línea de pobreza vive en el distrito. La brecha persistente entre las demandas sociales y la provisión de servicios es una asignatura pendiente con las y los bonaerenses y es necesario abordarla para mejorar su calidad de vida. Recuperar un Estado presente colocando el foco en estos ejes permitirá asentar las condiciones para el desarrollo de la provincia.
Un repaso sector por sector permite advertir que la deuda social se ha profundizado en los últimos años, lo que se expresa en las diversas áreas.
El sector cuyas debilidades quedaron más expuestas durante 2020 fue el área sanitaria.
Sí para fines de 2019 el sistema de salud no se hallaba en condiciones de atender adecuadamente a las y los bonaerenses, la pandemia expuso aún más estas falencias. Entre 2015 y 2019, el presupuesto para la función salud se redujo un 10% en términos reales, de la mano de un fuerte recorte en el poder adquisitivo del salario de los y las profesionales de la salud así como también en la falta de Insumes, infraestructura y equipamiento necesarios para el funcionamiento de los hospitales.
También la educación fue un área fuertemente desfinanciada por la gestión anterior, que recortó un 20% en términos reales la Inversión en la función educación y cultura. Esto puede apreciarse en el deterioro del salario docente, auxiliares, administrativos y técnico profesionales del sector. Al mismo tiempo, la administración precedente avaló el ajuste que estaba realizando el Gobierno Nacional en las transferencias no automáticas para infraestructura educativa hacia la Provincia, que cayeron casi un 70% en términos reales entre 2015 y 2019.
La ausencia del Estado durante los últimos años en el sistema educativo se expresó con toda su potencia en el deterioro generalizado en el que se encontraban las escuelas bonaerenses en diciembre de 2019. Este abandono no sólo se caracterizó por la falta de inversión en infraestructura, sino también por la escasez y/o falta de conservación del mobiliario y equipamiento informático en las escuelas. Un ejemplo es la interrupción en la distribución y/o soporte técnico de las computadoras en el marco del Programa Conectar Igualdad. Asimismo, las escuelas todavía registraban una gran falencia en servicios esenciales, como es el acceso al agua o la conectividad a Internet.
En relación a la problemática de la inseguridad, las estadísticas de delitos se incrementaron exponencialmente durante la gestión precedente, al tiempo que aumentó la sobrepoblación carcelaria. Esto fue consecuencia de la desinversión del Gobierno Provincial: el gasto de la Administración Pública en la finalidad servicios de seguridad -que incluye seguridad, sistema penitenciario y justicia- se recortó 23% en términos reales entre 2015 y 2019. En particular, el gasto en la función seguridad se ajustó un 26% y en el servicio penitenciario 17%.
Una de las variables con las que se instrumentó este recorte fueron las compensaciones por uniforme y horas Co.Re.S, que se congelaron, dando como resultado una caída del salario real del régimen seguridad del 29% entre 2016 y 2019.
El fuerte deterioro en las condiciones de vida como resultado de la aplicación de las políticas económicas del gobierno anterior provocó que casi el 40% de los y las habitantes de la provincia se ubicaran por debajo de la línea de pobreza hacia el segundo semestre de 2019. Esto tuvo como correlato la profundización de las brechas de género, agudizando la inequidad preexistente. El retroceso en materia social y económica, que impacta más fuertemente en mujeres, niñas, niños y diversidades, por estar en situaciones de mayor vulnerabilidad, no estuvo acompañado de políticas sociales que atenuaran la situación. Por el contrario, las políticas de género se han caracterizado por su desarticulación, desfinanciamiento, creciente precarización y por la inexistencia de una mirada integral respecto a la situación de las mujeres y la población LGTB+ de la Provincia.
Funciones seleccionadas a precios de 2019
Ante este crítico panorama, fue necesario durante el año en curso comenzar a revertir semejante deuda social, revalorizando programas existentes, generando nuevas iniciativas, reanudando y concluyendo obras que habían sido interrumpidas, encarando el necesario mantenimiento y reparación de instalaciones sanitarias y educativas, entre otras acciones.
Como quedó demostrado, el sistema de salud de los y las bonaerenses fue absolutamente prioritario para este Gobierno durante 2020. La inversión en equipamiento médico, la construcción y ampliación de hospitales y la recuperación del salario real del personal de salud fueron objetivos excluyentes de la Provincia durante 2020. En este marco, consolidar un sistema de salud equipado y que responda a las necesidades de las y los bonaerenses será un objetivo del año 2021.
Así como el sistema de salud es central para esta gestión, también lo es la educación pública, derecho básico de las y los habitantes de la Provincia. Durante el año en curso se ha comenzado a revertir la situación de deterioro en que se encontraba el sistema educativo bonaerense y profundizaremos ese camino en 2021. En términos del producto, la inversión en la Dirección General de Cultura y Educación habrá crecido 0,6 p.p. en 2020, recuperando el 75% de la pérdida acumulada en los cuatro años anteriores. Existe una deuda con la sociedad en esta materia y es responsabilidad del Estado saldarla, garantizando el derecho universal a la educación.
También forma parte de los objetivos prioritarios de este Gobierno atender ei grave problema de inseguridad que vive la población bonaerense. En este mandato, nos proponemos revalorizar a las fuerzas de seguridad de la Provincia, proveyendo a sus integrantes de salarios y equipos adecuados para su labor. Esto comenzó a hacerse durante 2020 con el anuncio del Plan Integral de Seguridad, que significó una fuerte reparación salarial para las y los miembros de la Policía Bonaerense y del Sistema Penitenciario, así como con el Programa de Fortalecimiento de la Seguridad, que prevé la incorporación de 10.000 nuevos policías, 2.200 patrulleros, 4.000 paradas de transporte público seguras, además de una fuerte inversión en chalecos, cámaras de seguridad, armamento y tecnología.
Además, se prevé mejorar la infraestructura del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) y la provisión de servicios para los internos. Esta tarea comenzó durante 2020 y se profundizará en 2021.
El Gobierno tiene hoy un compromiso con cerrar brechas de desigualdad, promoviendo la transversalización del enfoque de género en todas las esferas de las políticas públicas y en cada organismo público de la Provincia. La creación del Ministerio de las Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual constituye un hito histórico para la Provincia, un hecho fundamental para avanzar en la construcción de una Provincia igualitaria y libre de violencias por razones de género. En 2020 se puso en marcha el Fondo Especial de Emergencia en Violencias por Razones de Género, se creó el Programa "Comunidades sin violencia" y. a su vez, se le dio especial relevancia al cumplimiento de la Ley N" 15.134, "Ley Micaela bonaerense", de capacitación obligatoria en la temática de género y violencia contra las mujeres para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías.
El fin último de todo Gobierno debe ser el desarrollo inclusivo de la comunidad, brindando igualdad de oportunidades para los y las habitantes de su territorio. Las condiciones socioeconómicas en que recibimos la Provincia denotan un fuerte aumento de la pobreza y la desigualdad durante los últimos cuatro años, que lejos estuvo de ser subsanado por las políticas públicas implementadas.
Durante este mandato se priorizará el apoyo a los segmentos más vulnerables de la población, promoviendo la movilidad ascendente de Ingresos y la justicia social. Este objetivo prioritario ya comenzó a ser instrumentado durante 2020 y se consolidará en 2021 y en los años siguientes.
1.3 Recursos tributarios de origen nacional y provincial; justicia distributiva, solidaridad, federalismo y progresividad.
La Provincia de Buenos Aires arrastra un problema estructural en términos de recursos.
Se trata de la Provincia que explica la mayor parte de la generación de riqueza del país, pero el Estado provincial no posee los recursos necesarios para desarrollar la infraestructura esencial que el apartado productivo requiere o para proveer servicios de calidad a los habitantes de su territorio. Recuperar un Estado presente, que avance sobre las carencias existentes, implica discutir el origen de los recursos de la Provincia.
En la gestión precedente, el Gobierno Provincial avaló y promovió el Consenso Fiscal por el cual se comprometió a reducir los tributos provinciales, deteriorando la capacidad recaudatoria propia. Así, los Recursos tributarios de Origen Provincial (ROP) fueron en 2019 16% menores (en términos reales) a los de 2015. En particular, el Impuesto a los Ingresos Brutos, el de mayor importancia en el esquema tributarlo de la Provincia, se derrumbó 19%, afectado por la baja de alícuotas y el desplome de la actividad económica.
Pero la difícil situación de las cuentas fiscales es resultado no sólo de una administración deficiente de los ROP, sino también de problemas estructurales producto del esquema de la distribución de la renta nacional. Buenos Aires fue históricamente ia principal perjudicada en el reparto de ia distribución secundarla de recursos coparticipables.
Para establecer un orden de magnitud, ia Provincia obtiene el 22% de la coparticipación efectiva, mientras que concentra el 39% de la población total, aporta el 40% de la recaudación nacional, posee al 56% de la población nacional bajo la línea de pobreza y el 68% de la población nacional bajo la línea de indigencia. Además, aporta casi el 40% del Producto Bruto, la mitad de la industria nacional y el 35% de las exportaciones.
Esta realidad afecta al financiamiento y, por ende, a las capacidades del sector público provincial, y atenta contra las posibilidades de construcción de un Estado solvente en condiciones de redistribuir recursos en pos de una sociedad más equitativa, que garantice servicios públicos de calidad y brinde a las empresas que se desempeñan en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires la infraestructura necesaria para desarrollar sus actividades utilizando su pleno potencial.
Desde los inicios del reparto de recursos en 1935, por medio de regímenes que comenzaron a legislar la relación fiscal entre nación y las provincias, la posición relativa de Buenos Aires con respecto al resto de las provincias se fue deteriorando. Este perjuicio se consolidó en la Ley 23.548 de 1988, en la que Buenos Aires perdió más de 6 p.p. de coparticipación secundaria.
Las reparaciones que se crearon para compensar los desequilibrios en el reparto de recursos fueron insuficientes y se licuaron con los aumentos de precios. De esta manera, los recursos de origen nacional que obtiene PBA no se corresponden con su capacidad productiva, con su concentración demográfica ni con el gasto necesario para garantizar condiciones dignas de vida para las y los bonaerenses. Buenos Aires recibe menos de la mitad de recursos por habitante que el promedio nacional.
Lejos de subsanar la cuestión, el Gobierno saliente aceptó en el Consenso Fiscal renunciar al reclamo histórico de la actualización del Fondo del Conurbano Bonaerense (FCB) y, en su lugar, recibir una compensación por el desbalance en la distribución de recursos sensiblemente inferior a la que habría subsanado tal desequilibrio. A su vez, la Provincia asumió, sin contraprestación monetaria, los subsidios a la tarifa social de consumo eléctrico y al transporte de los y las habitantes del distrito. El resultado fue que, en 2019, la compensación recibida solo cubrió el 74% de los nuevos gastos que asumió la Provincia.
En suma, este desfinanciamiento por dos vías del fisco bonaerense explica en parte la situación crítica en la que se encontraba la Provincia en diciembre de 2019. Para revertir esta situación de deterioro de las finanzas provinciales y de abandono en muchas áreas, es un objetivo importante de este Gobierno recuperar recursos para el Estado Provincial. La creación durante 2020 del Fondo de Fortalecimiento Fiscal para la Provincia de Buenos Aires por parte del Gobierno Nacional permite comenzar a transitar ese camino.
En lo que hace a los recursos tributarios provinciales, se estima para 2021 una recuperación de la recaudación a partir del crecimiento económico luego de tres años de recesión y de mayores aportes por parte de los sectores de más altos ingresos, un porcentaje reducido de la población, y de las actividades económicas más concentradas que no se hayan visto perjudicadas durante la pandemia. Es sabido que en el contexto actual, la gran mayoría de los y las bonaerenses no puede afrontar mayores cargas tributarias y así lo planteamos en el proyecto de Ley Impositiva para el año 2021. Sin embargo, la solidaridad de la reducida porción de la población que por su patrimonio o sus actividades económicas presenta condiciones relativas mejores al resto es necesaria para impulsar una política de redistribución de recursos que permita llevar adelante las políticas públicas necesarias para generar condiciones de vida dignas para el conjunto de las y los habitantes del suelo bonaerense.
1.4 Deuda pública: de la insostenibilidad al financiamiento responsable.
La Provincia de Buenos Aires comenzó a endeudarse con el sector privado en el mercado internacional en el marco del proceso de endeudamiento nacional de ia década del '90, posterior al Plan Brady. Desde entonces ha tenido episodios de crisis de deuda a tono con lo sucedido a
nivel nacional, entre ellos el default del 2001/2002 y ia pérdida de acceso ai mercado desde 2018.
Consecuencia de la falta estructural de recursos y del abuso de fuentes de financiamiento en moneda extranjera en condiciones no sostenibles, el endeudamiento se ha convertido en los últimos años en un factor que presiona sobre las finanzas provinciales desmedidamente. Avanzar hacia una estructura de deuda sostenible es un objetivo prioritario del Poder Ejecutivo provincial.
Entre 2016 y 2019, nuestro país vivió un proceso acelerado de endeudamiento público en moneda extranjera que fue encabezado por el Gobierno Nacional, y al que se sumaron numerosas provincias. Entre ellas, Buenos Aires fue de alguna manera la mejor alumna de esta política. Así, durante 2016 y 2017, aumentó notoriamente el endeudamiento en moneda extranjera en detrimento de las fuentes de financiamiento locales, al tiempo que viraba sus acreencias de una participación mayoritaria del sector público y Organismos Muitilaterales, a deuda en manos de inversores privados y no residentes. Este accionar incrementó peligrosamente la exposición de la Provincia a las variaciones del tipo de cambio, variable que es ajena a las responsabilidades de la gestión provincial, pero cuyos movimientos la afectan. El riesgo se materializó con las fuertes depreciaciones de la moneda nacional ocurridas durante 2018 y 2019, que arrastraron a la Provincia a una situación fiscal compleja. El peso de la deuda sobre las finanzas públicas se incrementó notablemente.
Entre 2016 y 2019, la participación de la deuda en moneda extranjera respecto del total fue incrementándose, partiendo de 57,9% en 2015, y ascendiendo a 66,2% en 2016, 74,8% en 2017, a 80,2% en 2018 y finalizando en 85,1% en 2019. Llegamos entonces a la situación actual, en la cual menos del 16% de la deuda de la Provincia es deuda en moneda local.
En lo que respecta a indicadores de sostenibilidad, el stock de deuda en relación a los ingresos totales pasó de representar 44,5% en 2015 a 68,4% en 2019, al tiempo que si se toma como base la participación en el Producto Bruto Geográfico, la proporción aumentó de 5,9% en 2015 a un pico de 9,4% en 2018, para luego finalizar en 8,9% en 2019.
En cuanto al peso de ios servicios de dicha deuda al asumir esta gestión, la Provincia presentaba niveles históricamente elevados. En 2019, el peso de los servicios totales (incluyendo vencimientos de capital) sobre los recursos corrientes netos de coparticipación a municipios ascendió a aproximadamente 20%, mientras que los intereses representaron cerca del 9%.
Desde 2001 no se observaban valores de esta magnitud en este indicador. Para contextualizar lo que esto representa: este indicador promedió 3,5% entre 2002 y 2016, es decir, poco más de un tercio del registro de 2019.
De hecho, el Incremento de la deuda provincial y la creciente carga de los servicios a afrontar, hicieron que la Provincia quedara por encima de lo permitido por el artículo 21 de la Ley de Responsabilidad Fiscal: el mismo establece que el ratio entre los servicios de deuda sobre los recursos corrientes netos de coparticipación municipal no puede exceder el 15%.
En resumen, al asumir este Gobierno la deuda pública provincial presentaba:
• Vencimientos elevados y concentrados en el corto plazo: los vencimientos sólo con el sector privado en moneda extranjera totalizaban USD 5.500 millones hasta 2023.
• Alto costo de los intereses: el peso de estos como porcentaje de los recursos corrientes netos de coparticipación a municipios se encontraba en máximos históricos, alcanzando 9% en 2019.
• Falta de acceso al mercado: tasas prohibitivas para refinanciar deuda en moneda extranjera.
• Trayectoria inestable de la deuda: bajo supuestos razonables y conservadores, la proyección de la evolución de la deuda provincial y la carga de servicios de la misma exponía un recorrido no sostenible en el tiempo.
Al Igual que ocurrió a nivel nacional, de una estructura de deuda manejable, como era a finales de 2015, se pasó a un perfil de deuda con vencimientos insostenibles a finales de 2019.
La nueva gestión tiene entre sus objetivos estructurales el de recuperar la sostenibllidad de la deuda pública de la Provincia y avanzar hacia una política de financiamiento responsable.
Para ello, nos hemos propuesto avanzar en tres ejes: (1) la reestructuración de la deuda con tenedores privados bajo legislación extranjera; (2) la profundización del financiamiento en el mercado local en condiciones sostenibles y; (3) la utilización del financiamiento de largo plazo con Organismos Internacionales de Crédito.
En este marco, desde el inicio de esta gestión, hemos dado pasos decididos para llevar adelante el proceso de reestructuración de la deuda con tenedores privados bajo legislación internacional, que resulla condición indispensable para una gestión saludable de las finanzas públicas y que se encuentra todavía abierto.
Como parte de esta estrategia integral, se está avanzando en la recuperación de! mercado de deuda en pesos, para ir paulatinamente reduciendo la exposición en moneda extranjera.
Durante 2020 se ha recurrido al mercado local para la colación de letras de tesorería, refinanciando los vencimientos mensuales, incrementando responsablemente los montos en condiciones sostenibles que Implicaron reducciones en los costos y alargamiento de los plazos de dicha deuda. Se prevé continuar trabajando en esa línea para profundizar la utilización del mercado local como fuente de financiamiento en condiciones sostenibles.
Por último, este nuevo enfoque contempla priorizar el financiamiento de obras de infraestructura que atienden problemas estructurales, a partir de convenios con Organismos Multilaterales como el BID. el Banco Mundial y otros, que ofrecen condiciones favorables en los préstamos orientados al desarrollo. Se trata de financiamiento que, si bien es en moneda extranjera, se contrae a tasas bajas y plazos largos y orientado a proyectos que permiten a la Provincia avanzar hacia una mayor integración social y económica, y generar mejores condiciones de vida y equitativas en todo el territorio bonaerense. En este sentido, es una decisión estratégica de este Gobierno que la toma de deuda esté enfocada en su utilización para ampliar la infraestructura de la Provincia y ia capacidad de brindar servicios públicos.
En todos estos aspectos hemos logrado avances considerables durante 2020. La política de financiamiento responsable comprende una gestión integral de la deuda pública que asegure SU sosteníbilidad, al tiempo que posibilite cubrir las necesidades de la Provincia y darle Impulso a la inversión pública.
2. CONTEXTO MACROECONÓMICO NACIONAL 2016-2019
Para analizar la realidad provincial es necesario partir de una revisión del período que atravesó la Argentina en ios últimos cuatro años. El programa económico aplicado desde diciembre de 2015 tuvo como características centrales la abrupta desreguiación del mercado cambiarlo, del mercado financiero y de los movimientos de capitales, la apertura indiscriminada de las Importaciones y la liberalízación y virtual dolarización de las tarifas de los servicios públicos.
Como complemento, se promovió un achicamiento del Estado y el retiro progresivo del mismo del rol de regulador en el mercado de trabajo.
Este enfoque, se declamaba entonces, provocaría un inédito shock de confianza sobre ia economía argentina, fomentando un proceso de despegue a partir del incremento de la inversión privada (tanto interna como externa), atraída por las condiciones favorables. De la mano de esto se lograría un aumento de la productividad que impactaría en un salto de las exportaciones, y conllevaría, junto con el ajuste del gasto público, a una mayor estabilidad monetaria y una reducción de la inflación. Así, los beneficios se derramarían al conjunto de la sociedad, expresándose en una mejora de los indicadores sociales en general.
Esta lógica no se convalidó en la práctica. Aquellos aspectos de la economía que hacia fines de 2015 representaban un desafío no fueron solucionados en los años siguientes. Mientras tanto, aquellas cuestiones que constituían fortalezas de la economía argentina de entonces fueron dilapidadas y/o revertidas.
El proceso de endeudamiento, desregulación financiera y cambiaría y ajuste fiscal derivó en la peor crisis económica y social desde 2001. Las exorbitantes tasas de interés internas, combinadas con la desregulación a los movimientos de capitales y cambiarlos, eliminaron cualquier incentivo a llevar adelante inversiones productivas y estimularon fuertemente la especulación financiera. Los flujos de capitales del exterior no se volcaron a la estructura productiva sino que se abocaron a obtener renta financiera de corto plazo, generando una fuerte inestabilidad de la cotización del dólar (que trepó 515% entre fin de 2015 y diciembre de 2019) que repercutió sobre la inflación, que creció 299% en el mismo período y alcanzó un 54% anual en 2019, el nivel más elevado desde 1991.
Los salarios registrados tuvieron una importante retracción en términos reales, perdiendo el 21 % de su poder de compra, y ei mercado de trabajo también mostró un empeoramiento. Entre 2017 y 2019, la tasa de desocupación creció 1,7 puntos porcentuales (p.p.), para ubicarse en el 8,9% en el último trimestre de 2019. Esto implica que a fines de 2019 1.200.000 habitantes de los principales aglomerados urbanos del país se encontraban desocupados, unos 270.000 más que tan sólo dos años antes. La Insuficiencia de ingresos de las familias impulsó también un crecimiento de la subocupación demandante, que alcanzó su máximo valor desde el comienzo de la serie en ese trimestre (9,5%) al crecer 2,3 p.p. respecto al mismo trimestre de 2017.
Por otro lado, la crisis Impactó no solo en los ingresos y el nivel de empleo, sino también en la calidad del mismo. Mientras que la cantidad de asalariados/as registrados del sector privado se redujo en más de 225.000 personas, los Independientes, autónomos, monotributistas y monotributistas sociales sumaron más de 196.000 trabajadores y trabajadoras. Adicionalmente, la tasa de ocupados/as demandantes de empleo creció más de 4 p.p. y la tasa de informalidad alcanzó al 36% de los y las asalariados/as hacia fines de 2019.
El deterioro de las condiciones de vida de las y los trabajadores repercutió sobre la demanda doméstica, impactando negativamente en el consumo y la inversión. Entre el cuarto trimestre de 2015 y el mismo lapso del 2019, el consumo privado se redujo 12% per cápita y la formación bruta de capital fijo un 25% por habitante. De esta forma, el producto se contrajo en tres de los últimos cuatro años y acumuló una baja de 4% (8% si se considera per cápita). Esta reducción no fue homogénea, sino que algunos sectores sufrieron un impacto mucho mayor que otros. La industria manufacturera vio caer más de un 13% su producción, mientras que el comercio, el mayor generador de empleo del país, cayó un 12%.
Este veloz proceso de deterioro social y económico que impactó en el empleo y en los ingresos tuvo como consecuencia un salto en la proporción de hogares bajo la línea de pobreza.
En los dos últimos años de la gestión nacional anterior, cerca de 2,9 millones de argentinos cayeron en situación de pobreza y la población que no consiguió acceder a la canasta básica alimentaria (línea de indigencia) se Incrementó en 900.000 personas.
En este contexto, las políticas públicas implementadas por la gestión 2015-2019 no sólo no contribuyeron a mejorar las condiciones de vida de los y las argentinas, sino que agravaron desequilibrios estructurales preexistentes. Las tarifas de servicios públicos y los precios de otros bienes y servicios regulados fueron incrementados de manera extraordinaria, al mismo tiempo que el Gobierno Nacional irnpulsó un fuerte ajuste fiscal que agravó la crisis. Las erogaciones primarias se recortaron en 23% entre 2015 y 2019, destacándose la caída en la Inversión real directa, que se contrajo en 46% en términos reales. Las transferencias corrientes al sector privado se redujeron en 30% y los gastos de consumo y operación -mayormente remuneraciones- se contrajeron en un 29% en términos reales.
Si bien durante los primeros dos años, especialmente en 2017, el fuerte endeudamiento externo en el que se incurrió permitió mostrar algunos buenos resultados, aunque con el visible deterioro de múltiples variables económicas y sociales, el optimismo duró poco. No hubo inversión real, sino puramente financiera, de corto plazo, que se revirtió al más mínimo resquicio de duda o cambio en el contexto internacional. El Estado promovió un fenomenal proceso de sobre endeudamiento a todas luces insostenible. La deuda pública nacional se incrementó entre 2015 y 2019 un 596% medida en pesos y un 61% medida en dólares estadounidenses, con una fuerte concentración en moneda extranjera y el consiguiente incremento del riesgo cambiado.
Mientras el Estado nacional y los provinciales se endeudaban de manera irresponsable, se verificaba una masiva salida de capitales privados, que se beneficiaban por la lluvia de dólares provenientes del endeudamiento y de la ausencia de controles y regulaciones a la cuenta capital del balance de pagos. Según el "Informe de Mercado de cambios, deuda y formación de activos externos 2015-2019" del Banco Central de la República Argentina (BCRA), en el período comprendido entre diciembre de 2015 y octubre de 2019 la Formación de Activos Externos de residentes (conocida como "fuga de capitales") superó los USD 86.000 millones. Esta fue la consecuencia de un modelo al que se lo suele denominar como de valorización financiera.
A partir de abril de 2018, el mercado comenzó a considerar insostenibles los grandes volúmenes de deuda pública en moneda extranjera que la Argentina había acumulado. Esa coyuntura produjo el virtual cierre del mercado internacional para el país, tras lo cual se recurrió al acuerdo Stand - By con el FMI por USD 50.000 millones, luego extendido a un monto récord de UD 57.100 millones.
Así, para 2019 el contexto económico era de extrema complejidad. El aumento de la deuda, y la carga de los vencimientos en el corto y mediano plazo, sumado al incremento del tipo de cambio, desencadenaron la reprogramación de los compromisos bajo ley argentina en moneda nacional y extranjera y una situación de virtual default en lo que respecta a la deuda bajo ley extranjera.
3. LA ECONOMIA PROVINCIAL 2016-2019
Si bien la Provincia de Buenos Aires, dada su centralidad económica, poblacional y geográfica, no podía estar al margen de los efectos adversos de la crisis nacional, lo cierto es que el accionar del gobierno provincial no hizo más que agravar la situación. Como ya fue explicado, ante una política macroeconómica que afectó fuertemente a la economía real y a la producción, el Estado de la Provincia de Buenos Aires lejos de convertirse en un factor que buscara atenuar estos efectos sobre la economía provincial, se volvió un estado ausente, tanto en el plano económico como en la contención social de las y los bonaerenses.
Así, el Producto Bruto Geográfico provincial acumuló una caída de 6% entre 2015 y 2019 (-10% al considerar el producto per cápita). La contracción de la actividad en 2016, 2018 y 2019, fue de -1,9%, -4% y -2,3% respectivamente (2017 fue el único de los cuatro años en el que la actividad creció), lo que provocó un fuerte deterioro en la estructura productiva, con gran cantidad de destrucción de empresas, principalmente pequeñas y medianas, ante la caída de la demanda y los altos costos de funcionamiento.
La crisis económica impactó de lleno en la industria, sector que representa más del 25% del Producto Bruto provincial. La producción manufacturera en la Provincia fue particularmente afectada, principalmente por la contracción del consumo interno a raíz de la pérdida de poder adquisitivo de las familias. Según el Indicador Sintético de la Industria Manufacturera (ISIM) la caída de la actividad industrial entre 2016 y 2019 fue de 11,7%, destacándose el deterioro de 2018 y 2019, de -6,9% y -7,3% anual, respectivamente. Los efectos negativos de esta caída de la actividad industrial impactaron fuertemente en los ingresos y las condiciones de vida del Gran Buenos Aires, donde habita más del 85% de la población de la Provincia.
El impacto de la recesíón fue transversal a casi todos los sectores industriales. Según el ISIM, la producción de alimentos y bebidas en la PBA, principal sector de la industria, presentó caídas durante tres de los últimos cuatro años, acumulando una baja de 3%. La producción de químicos, siendo el segundo sector de mayor relevancia en la industria manufacturera bonaerense, se redujo en 11%, mientras que el sector textil lo hizo en un 37%, mostrando caídas en los últimos 4 años.
La industria automotriz, por su parte, evidenció una profunda caída: los patentamientos de autos se redujeron 16% en 2018 y 44,5% en 2019, a la vez que los de motos cayeron 20% y 40% respectivamente. En el balance, comparando 2016 y 2019 los patentamientos de autos se hundieron en 42,5% (-99 mil unidades) y los de motos en 34% (-46 mil unidades), mientras que la producción se redujo 29,3% (-94 mil unidades). De esta manera, el mercado automotriz cayó hasta los niveles de 2005, mientras que los patentamientos de motos se ubicaron en los niveles de 2006.
Esta dinámica negativa tuvo su correlato en el mercado de trabajo, con un crecimiento sostenido de la desocupación a partir de 2017, creciendo 1,7 p.p. entre el último trimestre de ese año y el del 2019, cuando alcanzó al 10,5% de la población económicamente activa. Por su parte, los ingresos de las asalariadas y los asalariados formales de la Provincia de Buenos Aires tuvieron una pérdida del poder adquisitivo de 17,2% durante toda la gestión de Cambiemos.
Con la caída de los ingresos vino aparejado un desplome del comercio interno, estimado en el orden del 8,7% durante todo el periodo de la gestión anterior. Sólo en 2019 la retracción del consumo en los supermercados fue de 7,9%, de 10,6% en centros de compra y de 5,2% en los comercios mayoristas bonaerenses.
En este escenario de contracción generalizada del nivel de actividad se produjo el cierre de unas 3.300 pymes industriales y alrededor de 9.500 comercios durante el período 2016-2019,
representando una pérdida de 84.400 puestos de trabajo asalariados privados en la Provincia, de los cuales más de 50.000 corresponden al sector industrial.
Como no podía ser de otra manera, semejante cuadro de crisis económica sin políticas de contención social y económica provocaron un severo deterioro en las condiciones de vida de las y los bonaerenses. La pobreza creció 10,4 p.p. entre el segundo semestre de 2017 y el mismo período de 2019, y alcanzó al 38,9% de los habitantes de la Provincia: 1,6 millones de bonaerenses cayeron en la pobreza en los dos últimos años. La misma dinámica se presentó con la proporción de población bajo la línea de indigencia, que prácticamente se duplicó en este período al ubicarse en el 10,6%. En lo relativo a ia distribución del ingreso, entre el cuarto trimestre de 2016 y el mismo periodo de 2019 se produjo una variación negativa en el ingreso real de todos los deciies, con un impacto mayor en ios sectores de menores ingresos. En concreto, la disminución promedio de ios Ingresos reales para el total del período fue de 11,1%, con el decil de menores ingresos marcando una retracción del 25,7%.
Este deterioro de los principales agregados macroeconómicos e indicadores sociales profundizó ios desequilibrios de las finanzas públicas provinciales. La Provincia acusó recibo de la caída de actividad a través de una disminución en los recursos propios, agudizada por la implementación del Consenso Fiscal de 2017, que obligó a disminuir las alícuotas del impuesto a los ingresos brutos. En consecuencia, la recaudación de tributos de origen provincial cayó 16% en términos reales entre 2015 y 2019.
Desfinanciado el Estado, el endeudamiento externo fue la principal fuente de recursos.
Como señalamos más arriba, el stock de deuda se multiplicó entre 2015 y 2019, y sufrió un cambio abrupto en su composición. El peso de la deuda en moneda extranjera creció fuertemente, mientras que el plazo promedio de vencimiento de los instrumentos de deuda se acortó, pasando de 5,4 años en 2015 a 3,3 años en 2019. Además, los servicios de intereses, que sumaban menos de $10 mil millones en 2015 (0,5% del PBG), pasaron a representar un total de $77 mil millones en 2019 (1.0% del PBG).
Así, el peso creciente de la deuda sobre las finanzas provinciales redundó, ante el cambio de condiciones que impidieron su refinanclación, en mayor ajuste fiscal. Los pagos destinados a servicios de deuda fueron a expensas de profundizar el recorte de recursos en áreas clave para la calidad de vida de las y los bonaerenses, tales como la educación, salud, materia penitenciaría y de seguridad y desarrollo habitacional. La persistencia del ajuste presupuestario, relegando el rol fundamental del estado como dinamizador de la economía, tuvo consecuencias negativas.
Tampoco los recursos provenientes del endeudamiento fueron destinados a mejorar los servicios que brinda la Provincia. Mientras las erogaciones para pagar ia deuda crecían, los gastos de infraestructura no se incrementaron, así como los del Instituto de la Vivienda se derrumbaron fuertemente. Aún en medio de la crisis económica y social, los principales gastos sociales perdieron participación. Con respecto a 2015, en términos reales, el gasto en la función seguridad se recortó un 26%, en educación un 20%, en vivienda y urbanismo un 13% y en salud un 10%. Estas cifras ponen en evidencia las prioridades de la gestión anterior. A la par que se agravaba la situación social y económica de las y los bonaerenses, las medidas tomadas, en lugar de ser paliativas, fueron procíclicas y profundizaron la recesión.
El presupuesto destinado a la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE), que concentra más del 90% del gasto educativo, se recortó un 20% en términos reales entre 2015 y 2019. Además, desde el Gobierno Nacional se decidió desfinanciar el Fondo Nacional de Incentivo Docente, destinado a compensar el salario de los y tas docentes bonaerenses. En esta línea, el salario real docente de la Provincia fue la variable de ajuste durante dicha gestión, acumulando una fuerte caída en términos reales al cabo de los cuatro años. El gasto en educación y cultura fue de los más postergados, perdiendo 4,7 p.p. de participación en el gasto total (casi la misma magnitud en que se incrementaron los pagos de intereses de la deuda: 4,4 p.p.). La infraestructura escolar tampoco ha sido un eje prioritario en la gestión anterior. Las obras en este área cayeron 30% en términos reales en el mismo período. La proporción del gasto en capital de la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) sobre el total de su presupuesto representó
0,32% en 2019; es decir, una inversión total de tan sólo $831 millones.
El Sistema de Salud también se debilitó. Desde 2016, y en consonancia con lo ocurrido a nivel nacional, se registró una disminución real del presupuesto en el Ministerio de Salud, que implicó un ajuste en 4 años de $12.700 millones, medido a precios de 2019. Esto representa un gasto 20% menor en el referido Ministerio respecto al efectuado en 2015, descontando el efecto de los precios. Así, en lugar de incrementar su capacidad de atención, el sistema de salud bonaerense, que debe cubrir a los 17 millones de habitantes de la Provincia, se achicó, incluso con un incremento en la demanda. En otras palabras, mientras que en 2015 el presupuesto destinado al Ministerio de Salud y hospitales provinciales equivalía a casi el doble que lo pagado en intereses, en 2019 esta proporción se revirtió y los recursos asignados al Ministerio representaron apenas el 71% de los pagos de intereses de deuda. Los hospitales provinciales se vieron afectados por este recorte presupuestario, dejando como saldo una merma en la capacidad de respuesta del sistema público sanitario, deficiente en materia de equipamiento, infraestructura, provisión de insumos y funcionamiento de hospitales. En el año 2015 se incorporaron a la red asistencial de la Provincia de Buenos Aires seis hospitales de gestión mixta con el Estado Nacional que, por decisión de la gestión precedente, no funcionaban en toda su capacidad hacia fines de 2019.
La pérdida de participación de la salud en el presupuesto se hizo sentir en la pérdida de poder adquisitivo de los salarios de médicos, médicas y todo el personal sanitario. Además, se redujo en 1.576 la cantidad de cargos vinculados al sector salud. A grosso modo, este es el panorama con el que se encontró la nueva gestión al comenzar la pandemia del COVID-19.
Tampoco hubo avances en el acceso a la vivienda, otra de las carencias estructurales agravadas en los últimos años. Por cada vivienda nueva, además de garantizar un derecho, se crean muchos puestos de trabajo y se dínamiza la actividad productiva. La-ausencia de políticas habitacíonales le quitó el derecho a una vivienda digna a miles de bonaerenses. Al tiempo que se generaba una demanda creciente, la oferta no acompañó: el presupuesto asignado al Instituto de la Vivienda se achicó en casi 40% en cuatro años.
La inversión de la Provincia en materia penitenciaria y de seguridad también sufrió un brutal ajuste. La merma en ios recursos destinados al sistema de seguridad fue visible en la falta de equipamiento que permita optimizar la capacidad operativa de la fuerza policial para trabajar en la prevención del delito y en la reducción de los niveles de confiictividad social. El gasto destinado al Ministerio de Seguridad se contrajo 23% en términos reales entre 2015 y 2019. Como señalamos anteriormente, esta reducción presupuestarla impactó fuertemente en la retribución salarial al personal policial.
Entre las distintas consecuencias de la ineficaz política de seguridad se registró un alarmante aumento de la población penitenciaria. De acuerdo con los registros oficiales, desde 2015 hasta finales de 2019 el SPB incorporó 12.498 internos, lo que significa una tasa récord de encarcelamiento de 330 personas por cada 100.000 habitantes. A la vez el presupuesto destinado al SPB se redujo en 17% en términos reales. La sobrepoblación superó en un 110% la capacidad carcelaria en 2019.
La administración de cárceles de la Provincia evidenció una auténtica crisis humanitaria.
Un SPB colapsado, como el registrado en diciembre de 2019, disminuye cualquier posibilidad de afianzar derechos en la etapa post-penítenclaria. Recibimos un sistema penitenciario completamente desbordado, que sufrían las personas privadas de libertad, los agentes penitenciarios y la sociedad toda.
Por último, merece ser destacada la cuestión previsional. El superávit previsional fue rápidamente erosionado, convirtiéndose en déficit desde 2017, producto de las políticas de congelamiento de vacantes, de planta y jubilaciones masivas. Mientras en los años previos se jubilaban, en promedio, 12.000 personas por año, se pasó a 40.000 personas en 2019. En particular, el subsistema de docentes jubilados y jubiladas pasó de un ratio de 3 aportantes por beneficiario en 2015 a 2 aportantes en 2019, en un proceso a todas luces insostenible. La relación entre activos y pasivos empeoró notablemente y, como consecuencia, las contribuciones pasaron a ser Inferiores a las prestaciones y a cubrir una porción cada vez menor de ellas. Esto generó una presión del sistema previsional sobre el resto de las cuentas provinciales.
4. IRRUPCIÓN DEL COV1D-19 Y ADMINISTRACIÓN DE LA EMERGENCIA
La irrupción del COVlD-19 trastocó los ejes, objetivos y prioridades de gestión desde marzo y hasta el presente. Desde entonces, las acciones de este Gobierno Provincial se enfocaron en generar las condiciones necesarias para enfrentar el virus desde el sistema de salud, y adaptar las actividades esenciales a las exigencias del aislamiento o distanciamiento social, preventivo y obligatorio, al tiempo que se complementó la asistencia monetaria brindada por el Gobierno Nacional para llegar a la mayor cantidad de bonaerenses posible.
Frente a una situación absolutamente inédita, el Gobierno Provincial, en coordinación con el Gobierno Nacional y los de los 135 municipios, dio respuestas contundentes con el foco puesto en enfrentar las consecuencias de la pandemia en todos los planos. Así, se logró equipar y ampliar el sistema de salud, adaptar el sistema educativo para la continuidad pedagógica sin presencialidad, reforzar y adaptar los programas alimenticios (especialmente el Servicio Alimentario Escolar) y comenzar con la ampliación del sistema penitenciario para evitar desbordes sanitarios. Las circunstancias extraordinarias requirieron de acciones extraordinarias y estas se llevaron adelante en el marco de un trabajo único de coordinación con todos los municipios que forman parte de la Provincia de Buenos Aires.
También se lanzaron numerosos programas de alivio fiscal, asistencia crediticia y apoyo productivo, como el Programa de Asistencia a Sectores Afectados por la Pandemia (ASAP), el Programa de Asistencia Tributaria de Emergencia, los créditos a través del ROGABA, el Fondo Municipal de Reactivación de la Cultura y el Turismo, el Programa de Preservación del Trabajo y el Plan Provincia en Marcha, que contempla múltiples acciones que fomentan la producción, el consumo, la inversión en Infraestructura y protección del trabajo. Todos estos programas tuvieron como objetivo paliar la difícil e inédita situación económica y social generada por la pandemia.
Las secciones precedentes dejan en evidencia la crítica situación en que se encontraba la Provincia de Buenos Aires a finales de 2019 y principios de 2020. En consecuencia, transcurrido gran parte del año 2020, es evidente que la Provincia atraviesa en la actualidad una situación de "doble" crisis económica. Al contexto de crisis proveniente de los resultados negativos de las políticas aplicadas en el período anterior, se sumó la pandemia por COVID-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) desde el 11 de marzo de 2020, con un impacto sin precedentes en el mundo y en la Argentina. Según el informe de octubre del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre las perspectivas globales, la economía mundial en 2020 se derrumbará un 4,4%, la caída más pronunciada desde la gran depresión de 1929. Ese mismo informe proyectaba en octubre de 2019 un crecimiento de 3,4% en el orden mundial para 2020, con las economías más desarrolladas proyectando un crecimiento de 1,7%. Fruto del COVID-19, se estima que éstas caerán un 5,8%. En América Latina y el Caribe el impacto ha sido de 9 p.p. pasando de una proyección de crecimiento de 1,8% a una caída del 8,1%.
Argentina no ha quedado exenta de este fenómeno global: de acuerdo con las proyecciones del Ministerio de Economía de ia Nación, este año el PBl caerá 12,1%. En el acumulado al primer semestre la caída respecto al mismo periodo de 2019 fue de 12,6%. Siendo el principal centro demográfico y productivo del país, la Provincia de Buenos Aires se vio particularmente afectada por la pandemia.
La caída económica se propagó por todas las ramas de producción, con efectos continuados y permanentes en la actividad industrial: la refinación de petróleo acumuló una baja del 7,8% en el primer semestre; la producción de cemento en la Provincia en la primera mitad del 2020 exhibió una caída del -34,4% respecto a igual período de 2019, acumulando 13 meses consecutivos con variaciones interanuales negativas, lo cual también denota la delicada situación que experimentaba el sector previo a la llegada de la pandemia.
Otro tanto puede señalarse respecto del sector automotriz. Durante el primer semestre del año la producción de vehículos fue un 46,2% menor respecto del mismo período de 2019.
Estos datos cobran aún mayor relevancia si se toma en cuenta que a junio de 2020 se computaban 22 meses seguidos de caída en la producción.
En paralelo, la actividad comercial al por mayor y menor en la Provincia cayó un 10,8% durante los primeros seis meses de 2020.
Queda evidenciado entonces que la Provincia de Buenos Aires, cuya situación económica y social ya era sumamente compleja a principios de 2020, fue severamente golpeada por la llegada de la pandemia a partir de marzo.
Esta situación tuvo un fuerte impacto en los ingresos fiscales de la Provincia. En enero de 2020, el Gobierno de la Provincia, a través de la Ley 15.170 ("Ley Impositiva 2020") procuró contar con los recursos necesarios, teniendo como líneamiento general dotar de mayor progresividad a la estructura tributaria para evitar que el esfuerzo recaiga sobre los sectores más vulnerables. La Provincia preveía, de esta forma, aumentar la recaudación tributaria de origen provincial en aproximadamente $50.000 millones. Por el contrario, la estimación posterior a la irrupción del COViD-19 indica una pérdida de recursos tributarios de origen provincial del 13% respecto a la proyección anterior. Por otra parte, el Impacto de esta situación sobre la recaudación del Estado Nacional provoca que los recursos tributarios de origen nacional también se vean disminuidos en 11%. Así, la pérdida total es de 12% (más de 1 punto porcentual del PBG).
La caída en los ingresos fue parcialmente compensada por el aumento de las transferencias corrientes del Estado Nacional, aunque dicho aumento no llegará a compensar la merma en los recursos tributarios que se esperaban antes de la pandemia para 2020. Es importante destacar que estos ingresos adicionales fueron destinados a erogaciones específicas que se derivan de la pandemia, por lo que el esfuerzo fiscal adicional de la Provincia continuó siendo muy significativo.
En suma, es este escenario de emergencia sin precedentes el que obligó a reorientar los objetivos de política pública durante el presente año, volviéndose prioritario impiementar medidas tendientes a atenuar las inevitables consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la pandemia.
A continuación, se detallan las políticas desplegadas durante 2020 en virtud del escenario descriptor
a. Política sanitaria
Atender la emergencia sanitaria ha sido ei principal objetivo del Gobierno Provincial. Es por ello que en conjunto con el Gobierno Nacional se tomaron medidas de prevención y diagnóstico temprano del virus. El Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio - dictado el 20 de marzo, luego transformado en Dlstanciamiento Social en algunos distritos-, la Inversión en un sistema de salud con un fuerte déficit estructural, y el enorme esfuerzo de las y los trabajadores de la salud, de la seguridad y servicios esenciales, fueron fundamentales para que el sistema no colapsara.
Desde la llegada de la pandemia ai territorio bonaerense, se ha hecho un gran esfuerzo presupuestario para atender las distintas urgencias y lograr fortalecer un sistema sanitario que se encontraba profundamente deteriorado.
Así fue como se llevaron adelante 125 obras prioritarias por un total de $3.600 millones para contener la emergencia sanitaria. Ese conjunto de obras significó la puesta en valor de 14 hospitales por $1.011 millones, la ampliación y remodelación integral de 14 servicios de guardia y emergencias por $1.397 millones y la Intervención en 97 Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) por $1.223 millones.
A su vez, fueron incorporadas un total de 1.154 nuevas camas de terapia intensiva en toda la Provincia (alcanzando un total de 2:037) por un total de $335 millones. Es decir que el sistema público de salud de la Provincia contaba al inicio de la pandemia con tan solo 883 camas de terapia intensiva. Si consideramos que al inicio del mes de julio la ocupación de camas UTI era de 872, es evidente la magnitud del colapso que se hubiera producido de no haberse impulsado la ampliación de la cantidad de camas. Por otro lado, se acondicionaron 216 Centros Extrahospitalarios en 45 Municipios, lo cual sumó 16.505 camas extrahospitalarias para atender a los pacientes de baja complejidad. Sumado a ello, se alistaron 59 laboratorios para el diagnóstico del COVID-19.
En paralelo, se adquirieron 2.274.236 equipos de protección personal como camisolines, botas, cofias y mamelucos por $411 millones; 655.078 guantes por $250 millones; 668.146 máscaras y gafas por $185 millones; 602 monitores multiparamétricos por $193 millones y 1.007 bombas de infusión por $89 millones; 1.221 respiradores con una inversión de $1.786 millones 12.936.490 barbijos quirúrgicos por $297 millones y 559.621 barbijos N95/KN95 por $923 millones. A su vez, se recuperaron 22 ambulancias para las 12 regiones sanitarias determinadas.
Estos insumos médicos fueron distribuidos por la Dirección de Vialidad a hospitales y Unidades de Pronta Atención (UPA) en municipios del conurbano y el interior en 750 viajes por más de 11O mil kilómetros. Por otro lado, los hospitales públicos bonaerenses sumaron nuevos trabajadores y trabajadoras de la salud, que incluyen médicos y médicas de más de 80 especialidades, enfermeros, bioquímicos, psicólogos, especialistas en diagnóstico por imágenes y otros. También se llevaron a cabo ampliaciones y remodelaciones del servicio en las guardias, con mejoras en las áreas de emergencia, de pediatría, diagnóstico por imagen, anatomía patológica, accesos, climatización y conexiones eléctricas. Estas remodelaciones se realizaron en múltiples hospitales de distintos municipios bonaerenses, como el Penna de Bahía Blanca, en el Bias Dubarry de Mercedes, en el Paroissien de La Matanza, en el Abraham Piñeyro de Junín, en el Arturo Oñativia de Almirante Brown, en el Héroes de Malvinas de Merlo, en el Rossi y Gutíérrez de La Plata, en el hospital de Lobos, en el Argentina Diego de Azul, en Mariano y Luciano de la Vega en Moreno, en el Julio de Vedia de 9 de Julio y en el Larrain de Berisso.
Los trabajos en los CAPS implicaron la construcción y remodelación de consultorios, áreas de enfermería, de farmacia, depósitos, office, salones de usos múltiples y entradas de ambulancias, así como tareas de mantenimiento de la red eléctrica y cloacal,pintura e instalación de aires acondicionados. Los CAPS en los que se trabajó están localizados en Pila, Quilmes, Almirante Brown, Lomas de Zamora, Moreno, Morón, San Miguel, Ezeiza, Brandsen, San Martín, Hurlingham, y Lanús.
Se instalaron 21 Centros de Telemedicina en la Provincia (otros 13 se encuentran en proceso de ser instalados) donde trabajan en conjunto el Ministerio de Salud Bonaerense y las Secretarías de Salud municipales, con el objetivo de cortar cadenas de transmisión, detectar precozmente nuevos casos de COVID-19 y brindar acompañamiento telefónico durante el aislamiento domiciliario. Estas sedes articulan con el Centro de Telemedicina Central instalado en el Ministerio de Salud bonaerense. A su vez, los CeTeC son dispositivos que operan en conjunto con Universidades Nacionales con asiento en la Provincia y realizan acciones de identificación y acompañamiento telefónico de contactos estrechos de coronavirus.
Con el objetivo de apoyar financieramente a los establecimientos de salud privados ante el impacto económico de la pandemia, se impulsó desde el Ejecutivo Provincial la "Propuesta de Sustentabilidad del Sistema Sanatorial", que incluyó un incremento de los valores del nomenclador provincial del segundo nivel de atención; la creación de módulos específicos para COVID, que implica un pago especial por todos los cuidados que estos pacientes necesitan; y una ayuda financiera para sostener la estructura de costos de las clínicas. Estas medidas llegan a 190 establecimientos y más de 1500 camas de terapia intensiva, e implican una inversión de $400 millones mensuales hacia el sector prestador, para el pago de insumos y de salarios.
Además de todas estas mejoras y de la fuerte inversión, se implementaron innovaciones en el manejo de datos. "Gestión Covid" es un sistema desarrollado conjuntamente entre la Subsecretaría de Gobierno Digital de la Jefatura de Gabinete y el Ministerio de Salud de la Provincia que almacena información de los autotests y llamados a la línea telefónica 148 realizados por la población bonaerense y que permite dar seguimiento específico a los casos identificados como sospechosos. A partir de la información almacenada, los médicos y médicas del Centro de Telemedicina Covid-19 se comunican telefónicamente con cada persona para evaluar si efectivamente presentan síntomas compatibles con la enfermedad. Funcionarios autorizados por los municipios y por las regiones sanitarias de la Provincia pueden ingresar al sistema y visualizar los pacientes que pertenecen a sus respectivas jurisdicciones y que ya fueron reclasificados por los médicos y médicas del Centro de Telemedicina Covid-19. "Gestión Covid" funciona de manera integrada con el sistema y aplicación Cuidar del Gobierno Nacional, con la cual intercambia información.
"Asistencia Covid" es otro de los sistemas desarrollados en conjunto con el Ministerio de Salud, que permite dar seguimiento a pacientes con casos confirmados .de COVID-19. La información es accesible mediante usuario y contraseña para pacientes registrados en la aplicación y para los responsables institucionales que cada paciente tenga asignado, designados a tal efecto por la región sanitaria o el municipio al que pertenezca el paciente.
Estos sistemas se suman al SIP, un chat automático que brinda información y orientación sobre covid-19 al que se accede enviando un mensaje de Whatsapp, o bien a través del portal gba.gob.ar y, al Asistente de Salud Mental, otro chat pensado para dar contención a las personas que sufren alguna patología relacionada con la situación de aislamiento y distanciamiento social.
Cabe destacar que estas aplicaciones y sistemas han sido desarrollados a partir de recursos y capacidades profesionales presentes en el Estado provincial, lo que implica un uso eficiente de las capacidades disponibles en la propia administración pública para atender a las exigencias que plantea el cuidado de la población bonaerense en la lucha frente al covid-19.
b. Políticas sociales, económicas y productivas
En paralelo al gran esfuerzo realizado para fortalecer al sistema sanitario y su gestión durante la pandemia del COVID-19, el Gobierno Provincial ha implementado también numerosas medidas tendientes a apoyar el entramado socio-productivo bonaerense, no sólo por el lado de la oferta, sino también sosteniendo la demanda, dinamizando la actividad económica en momentos de una retracción inédita a nivel mundial y local. Esta ha sido una preocupación central desde el primer momento de la pandemia.
En lo que respecta al alivio fiscal a las y los contribuyentes, se implementaron modificaciones en el calendario habitual al tiempo que se brindó especial atención a los municipios. En este sentido, se reprogramaron los vencimientos del Impuesto Inmobiliario y del Impuesto Automotor para que no tuvieran que ser cancelados durante los meses de mayor impacto de la pandemia.
A su vez, se creó el Programa de Asistencia Tributaria de Emergencia, el cual incluye medidas de alivio fiscal para empresas, PyMES y comercios. Respecto de Ingresos Brutos, este programa contempla una reducción de alícuotas de los regímenes de deducciones, beneficios financieros a los agentes de recaudación, mejora en el proceso de devolución de saldos a favor y bonificaciones del 15% (y hasta del 50%) para sectores afectados. Asimismo, respecto del resto de los impuestos, se plantearon planes de pago para deudas contraídas entre el 1 de marzo y el 30 de noviembre y la ampliación de planes generales de pago establecidos previamente.
En relación al sostenimiento de la estructura productiva, desde el Banco Provincia se implementaron varias líneas de crédito en el marco del Programa de Asistencia Financiera COVID-19, dentro de las cuales se destacan los Créditos PyMES otorgados por el Banco Provincia para el pago de salarios con tasa del 24% anual a 90 días. También se promovió complementar los ingresos y la capacidad de pago de sueldos por parte de las empresas de la Provincia a partir del convenio con el FOGABA, que otorga garantías en los créditos emitidos por el Banco Provincia para asistir a MiPyMES en el pago de sueldos y capital de trabajo. A estos se les suma también la creación del Programa de Preservación del Trabajo (PPT), que representa una asignación compensatoria del salario de hasta 50% del salario mínimo, vital y móvil para aquellas actividades afectadas por la pandemia en el AMBA.
El Plan "Provincia en Marcha" es otro de los hitos significativos en la administración de la pandemia y su impacto en la economía provincial. El Plan ha dado sus primeros pasos en la emergencia y consta de cuatro ejes: el Plan de Desarrollo Productivo y Fomento de la Demanda, con medidas de impulso a la producción, fortalecimiento de cadenas productivas, congelamiento de tarifas y asistencia tributaria, entre otras; El Plan de Infraestructura y Obra Pública, con un plan de rutas, infraestructura energética, urbanización de barrios populares, entre otras; El Plan de Asistencia Crediticia para el Desarrollo Productivo, con programas del Bapro como el "REPYME", "A toda máquina", "Procainpo" y "Leasing COVID-19"; El Plan de Sostenimiento y Generación de Empleo, con el programa "Impulsar", entre otros.
Puntualmente para las actividades culturales y turísticas, particularmente afectadas por la pandemia, se creó el Fondo Municipal para la Reactivación de la Cultura y el Turismo, el cual apunta a sostener estas actividades a partir de transferencias no reembolsables distribuidas a través de los municipios hacia los distintos establecimientos relacionados.
La infraestructura fue otro aspecto destacado que permitió inyectar dinamismo en la economía provincial en un año tan complicado como el 2020: además del mencionado Plan de Infraestructura y Obra Pública que forma parte del Plan Provincia en Marcha, se comenzó con otra serie de importantes planes como el Plan Provincial de Desarrollo y Ampliación de Infraestructura Eléctrica, el Plan Provincial de Ampliación de Redes de Gas Natural de BAGSA, el Plan de Reactivación de Obras en Rutas Provinciales, el Plan Provincial de Obras de Infraestructura Sanitaria, el Plan Provincial de Obras de la Procuración de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia y el Plan Provincial de Agua y Saneamiento, entre muchas otras obras.
Por otra parte, se impulsó la creación del Plan Provincial de Producción de Insumos Esenciales, que implicó la asistencia técnica y financiera para empresas que desarrollan insumos básicos para la salud. Así como también la creación del Programa Alimentos Bonaerenses, el cual promueve el desarrollo productivo de las actividades agropecuarias y de la pesca mediante el impulso a la producción de alimentos, esenciales en su continuidad durante los meses de mayor impacto de la pandemia.
A su vez, la suspensión de las clases presenciales en los establecimientos educativos requirió un rediseño del Servicio Alimentario Escolar (SAE). El mismo pasó a entregarse a niños, niñas y adolescentes en el formato de bolsonés quincenales con un incremento del monto por prestación, garantizando desayuno, almuerzo y colaciones a los alumnos y alumnas bonaerenses. Este rediseño significó un incremento de la cobertura dado que todos y todas cuentan con ambas comidas. Asimismo, se desplegó una estrategia integral en la Provincia mediante un conjunto de acciones y dispositivos elaborados por la DGCyE para garantizar la continuidad pedagógica de las y los más de 5,2 millones de estudiantes de la Provincia de Buenos Aires. La misma comprende, entre otras acciones, la creación de plataformas educativas (Continuemos Estudiando, Aulas del Bicentenario), la elaboración y distribución de materiales educativos de apoyo a la tarea docente, la formación docente permanente y la reorganización de los equipos de trabajo en una estructura territorial que permita abordar situaciones de vulneración de derechos y fortalecer el vínculo pedagógico con las y los estudiantes. En este marco se inscribe el lanzamiento reciente del Programa "Acompañamiento a las trayectorias y la revinculación" (ATR). Por último, las obras para la mejora de la infraestructura escolar fueron declaradas ininterrumpibles desde el inicio del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio. Esto posibilitó la continuidad de las más de 930 obras enmarcadas en el Programa Escuelas a la Obra.
Además, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad llevó adelante acciones concretas para que no se vean vulnerado ningún derecho de niñas, niños y jóvenes. Asi, garantizó la provisión de alimentos y elementos de higiene para ser distribuidos en el territorio. Se entregaron alimentos secos a los municipios, instituciones y organizaciones sociales. A su vez, se garantizó la provisión de leche en polvo que funciona como un complemento de los módulos alimentarios. También se impulsó la asistencia alimentaria y de equipamiento a municipios que tienen paradores con personas en situación de calle.
El aislamiento social tuvo un correlato en el incremento de las situaciones de violencia por razones de género, agravó las históricas dificultades para acceder a justicia y complejizó las intervenciones para las salidas. Asimismo, las medidas adoptadas para prevenir la circulación del virus, implican un obstáculo para el desarrollo de los medios de subsistencia habituales de muchas mujeres y colectivo LGTB+, generando condiciones de mayor vulnerabilidad. También, son mayoritariamente las mujeres las que sostienen los cuidados al interior de los hogares y a nivel comunitario, y este esquema de desigualdad se exacerbó a partir de la pandemia.
Desde el inicio del ASPO hasta el 30 de Septiembre, la línea telefónica gratuita 144 atendió cerca de 8.500 llamadas por violencia, y fueron abordadas como criticas y de alto riesgo unas 1.450 situaciones. Se puso en funcionamiento el Fondo Especial de Emergencia en Violencias por Razones de Género y se creó el Programa "Comunidades sin violencia", ambos con el objetivo de fortalecer y acompañar a los Municipios en el abordaje de casos.
Las tareas del Ministerio de las Mujeres se reforzaron en sinergia con la de otros organismos provinciales. Se gestionó la llegada de módulos alimentarios de refuerzo y se facilitó el ingreso al programa Potenciar Trabajo de mujeres en situación de violencia por razones de género, familiares de víctimas de femicidio y personas del colectivo travestí -trans en condiciones de extrema vulnerabilidad. Asimismo, el área de salud incluyó en los operativos Detectar la consulta sobre la salud reproductiva y acceso a la salud de mujeres y población trans y se aprobó por resolución conjunta una Guía de Procedimientos para la Prevención y Actuación ante el COVID-19 en Hogares de Protección Integral para víctimas de violencia por razones de género.
En articulación con el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Ministerio de Educación y Banco Provincia, se han reforzado las campañas de difusión de la Línea 144.
c. Política financiera
Durante 2020, la politica financiera se concentró en tres ejes fundamentales: recuperar el mercado de pesos como fuente de financiamiento para la Provincia, jerarquizar y dinamizar los acuerdos con Organismos Multilaterales, y recuperar la sostenibilidad de la deuda pública con los acreedores privados emitida bajo legislación extranjera.
La situación en la que se encontraba la deuda pública provincial hizo necesario que se trabajara desde el inicio de la gestión en el objetivo delograr que la Provincia volviera a tener una deuda sostenible, alineada con su real capacidad de pago y compatible con la totalidad de las obligaciones de la Provincia. A pesar de reconocer una situación insostenible, la Provincia siempre mostró total voluntad de pago en pos de llevar adelante un proceso ordenado. Así en los 3 primeros meses del año, previo a lanzar el proceso de reestructuración, se cancelaron servicios de deuda denominada en moneda extranjera con el sector privado por aproximadamente USD 388 millones.
A pesar de las dificultades, el Gobierno Provincial dio pasos firmes, en 2020, para consolidar el objetivo estructural planteado: construir una política de financiamiento responsable, que tenga en cuenta la capacidad de pago real de la Provincia, que sea sostenible en el tiempo y que privilegie el financiamiento en moneda local.
La irrupción de la crisis desatada a nivel mundial por el COVID-19, agudizó la necesidad de continuar a paso firme con el proceso tendiente a recuperar la sostenibilidad de su deuda. En relación a la deuda bajo legislación internacional, este proceso involucra un total de bonos elegibles por aproximadamente USD 7.100 millones de valor en circulación de títulos públicos.
De esta forma, se avanzó en etapas, las cuales posibilitaron formalizar una propuesta concreta a los tenedores en abril, a saber:
• El 20 diciembre de 2019 el Gobierno de la PBA inició el proceso de consultas con sus acreedores privados externos con miras a definir medidas tendientes a asegurar la sostenibilidad de la deuda pública provincial.
• En febrero de 2020 el gobernador anunció que se iniciaba el proceso de reestructuración de la deuda pública en moneda extranjera.
• Se avanzó en el proceso de identificación de las principales tenencias.
• Posteriormente se seleccionó a D.F. King como Agente de Información y a los dos bancos que trabajarán conjuntamente en la futura transacción: Bank of America (BofA) y Citi.
• El 6 de abril la Provincia presentó a los acreedores privados externos los lineamientos para recuperar la sostenibilidad de la deuda pública.
• Seguidamente, se avanzó en una rueda de consultas con los principales acreedores.
• A la par se trabajó en la documentación necesaria para poder concretar la operación y en el diseño de la invitación.
La Provincia formalizó su oferta de reestructuración el día 24 de abril de 2020. La propuesta contempla intercambiar 11 bonos vigentes por nuevos bonos y cumple con los lineamientos exteriorizados previamente.
Desde entonces se mantuvo contacto con numerosos inversores a fin de aclarar sus dudas e inquietudes. A partir de este trabajo, y considerando el proceso que el Gobierno Nacional estaba llevando adelante, fue necesaria la extensión del vencimiento de la oferta con el fin de realizar los pasos necesarios que permitan una solución sostenible para la Provincia, a la vez que aceptable para los inversores. En esta etapa un punto central residía en la necesidad por parte de los acreedores de obtener claridad acerca de la solución a la que se arribaría a nivel nacional.
En el mes de agosto, la Argentina dio a conocer su oferta definitiva para los acreedores de títulos nacionales y el 31 del mismo mes se conocieron los resultados del proceso. La Nación obtuvo la aceptación de aproximadamente el 93,5% de los tenedores, lo que permitió, gracias a las cláusulas de acción colectiva que rigen para esos contratos, canjear el 99% del monto total involucrado.
Despejado el panorama a nivel nacional, precondíción que los mismos acreedores requerían para poder avanzar con el diálogo a nivel provincial, se intensificaron las conversaciones de buena fe con los tenedores de títulos a fin de identificar las posibles mejoras a la oferta realizada.
Al momento del envio de este mensaje, se encuentra abierto el diálogo con los acreedores y se espera poder alinear lo máximo posible los objetivos exteriorizados por la Provincia y los bonistas a fin de arribar a un acuerdo que sea compatible con el marco de sostenibilidad de la deuda pública provincial.
A la par de los esfuerzos realizados para renegociar la deuda denominada en bonos bajo legislación extranjera, la Provincia avanzó en los otros ejes que conforman la política de financiamiento responsable.
Se trabajó arduamente en el mercado local con el objetivo de balancear la composición de la deuda por moneda, privilegiando el desarrollo de este mercado. En sintonía con la política a nivel nacional, se han volcado recursos a fin de reconstruir la curva de rendimiento en pesos. El resultado de los mencionados esfuerzos puede apreciarse en el gráfico siguiente:
Hasta octubre de este año las colocaciones mensuales de Letras del Tesoro en pesos permitieron renovar los vencimientos y conseguir financiamiento adicional, logrando a la vez una extensión del plazo promedio en las emisiones de Letras. En lo que resta del año, se continuará con la implementación del Programa de Letras del Tesoro, que para 2020 asciende a $26.687 millones.
Por otro lado, se emitieron bonos para regularizar deudas con proveedores de Tesorería arrastrados de períodos previos, que permitieron a la Provincia cumplir con las obligaciones a su cargo, sin desatender otras situaciones prioritarias que también le competen. De esta manera, en septiembre 2020 se dispuso la emisión del Bono Cancelación de Deudas por un monto de hasta $20.000 millones, a un plazo de 2 años sobre la base de una tasa de interés BADLAR, repagando el capital en cuatro cuotas iguales el último año, con fecha de vencimiento septiembre de 2022.
Por su parte, en lo que respecta al financiamiento con organismos multilaterales de crédito, se proyecta que los desembolsos totales a ser recibidos en 2020 asciendan a USD 220 millones y se revierta la tendencia promedio de los últimos cuatro años, en los cuales la Provincia repagó, en promedio, unos USD 180 millones en amortizaciones por encima de los desembolsos. Entre 2016 y 2019 se desaprovechó esta valiosa fuente de financiamiento, al recibir desembolsos por sólo el 7% del total de los préstamos acordados.
Por último, se procedió a la refinanciación de los serv1c1os de deuda con aquellos inversores institucionales que estuvieron dispuestos a renovar vencimientos, a fin de aliviar la carga financiera para el corriente ejercicio.
Todas estas acciones permitieron sortear un 2020 por demás desafiante para las finanzas provinciales.
d. Política de asistencia financiera a municipios
Desde el comienzo de la gestión este Gobierno ha atendido las situaciones de restricciones financieras que se presentan en. algunos municipios. Con la irrupción de la pandemia, esta política se profundizó a partir del compromiso asumido de asistir a los 135 municipios para garantizar el funcionamiento básico de los mismo, el pago de salarios y el refuerzo sanitario y alimentario.
Es así que, en coordinación con el Gobierno Nacional, se llevó adelante una asistencia financiera a los municipios bonaerenses sin precedentes. El estado provincial estuvo presente desde el primer momento en el acompañamiento a los municipios.
Desde el inicio de la pandernia, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires asistió a los 135 municipios, con alrededor de $17.600 millones entre marzo y septiembre, un monto absolutamente inédito, a tono con la inesperada situación. Estos fondos fueron distribuidos a través de diferentes mecanismos objetivos, mediante aportes tanto reintegrables como no reintegrabies.
En total, las transferencias no reembolsables financiadas por el Tesoro Provincial se aproximan al 70% de la asistencia total enviada a los municipios. La principal herramienta de asistencia no reintegrable a los municipios fueron los Aportes del Tesoro de la Provincia.
Además, como parte de los aportes no reintegrables se creó el "Fondo Especial Municipal para la Atención de Emergencias en Zonas con Alta Circulación de COVID-19", cuyo objeto es la asistencia específica e integral a zonas con alta circulación de COVID-19, que totaliza transferencias por $1.466 millones.
También el Fondo de Reactivación Cultural y Turístíca, que distribuyó $300 millones con el objetivo de prestar asistencia financiera para la reactivación de las actividades culturales y turísticas afectadas por el COVID-19.
Con carácter reintegrable se creó el "Fondo Especial de Emergencia Sanitaria de Contención Fiscal Municipal", cuyo objetivo fue contribuir con el pago de sueldos de los empleados municipales, las prestaciones habituales de los municipios bonaerenses y las necesidades adicionales determinadas por la emergencia del COVID-19. Este Fondo está compuesto con recursos propios de la Provincia de Buenos Aires, constituyendo una ayuda financiera de más de $4.500 millones hasta el momento. Con la promulgación de la ley Nº 15.181 en el mes de agosto, se reformularon las condiciones de reembolso de las asistencias financieras otorgadas, por lo cual se procedió a la reprogramación del stock de deuda municipal, estableciendo que la misma será reintegrada a partir del mes de enero de 2021, en hasta 18 cuotas iguales y consecutivas, sin costo financiero alguno.
Por último, es de destacar que desde el Poder Ejecutivo se impulsaron cambios provisorios en la normativa vigente para que los municipios pudieran acceder de forma más eficiente a operaciones financieras. Esto les permitió, por un lado, sostener el flujo de pagos y las políticas locales en un contexto de crisis generado por la pandemia, y al mismo tiempo, financiar proyectos y obras que les permitieran retomar y reactivar la economía local. En ese sentido, la Ley Nº 15.174 aprobada en agosto de 2020, flexibiliza los procedimientos para el ejercicio 2020 de operaciones financieras como leasing o de los anticipos de coparticipación, sosteniendo siempre un seguimiento apropiado desde el Ministerio de Hacienda y Finanzas para acompañar la viabilidad de las operaciones solicitadas.
Presupuesto 2021
5. Ejes estratégicos del Presupuesto 2021
Las prioridades de la política presupuestaria que impulsará la actual administración para el año 2021 estarán enfocadas en recuperar las fuerzas productivas luego del impacto de la pandemia COVID- 19 y generar las condiciones para avanzar hacia un desarrollo económico dinámico, inclusivo y estable.
Para ello, se fijan los siguientes ejes estratégicos de gestión, en línea con los objetivos estructurales generales planteados en el primer punto de este Mensaje:
1. Inversión en infraestructura y vivienda.
2. Inversión en educación.
3. Inversión en materia penitenciaria y de seguridad.
4. Reactivación económica e inclusión social.
5. Inversión en salud.
6. Gobierno con perspectiva de género transversal.
7. Sostenibilidad de la deuda y de las finanzas provinciales.
1. Inversión en infraestructura y vivienda
La inversión en infraestructura y vivienda es un eje fundamental del Presupuesto Provincial 2021. Cumplir con el objetivo de una Provincia de Buenos Aires social y económicamente integrada e inclusiva sólo puede alcanzarse a través de una inversión sostenida en el desarrollo de obras viales, hídricas, educativas, sanitarias y habitacionales, entre otras. Este proyecto de presupuesto es indicativo de ese rumbo.
El gasto de capital y la Inversión Real Directa contenidos en el presente proyecto de presupuesto, tanto corno proporción del gasto total corno con respecto al PBG, se ubican en niveles históricamente altos. El presupuesto 2021 cuenta con un gasto en IRD de más de $108.000 millones y un gasto en capital total de más de $174.000 millones. Dicha inversión contará con financiamiento provincial, nacional y de Organismos Internacionales de Crédito.
Durante 2020 y a pesar de las restricciones impuestas por el contexto adverso, se iniciaron una gran cantidad de proyectos de infraestructura. Algunos de los proyectos iniciados o reanudados durante 2020 forman parte del Plan Bonaerense de Infraestructura y Obra Pública, enmarcado en el Plan de Reactivación Productiva "Provincia en Marcha"; el Plan Provincial de Desarrollo y Ampliación de Infraestructura Eléctrica por $15.124 millones, para la ampliación e instalación de nuevas estaciones transformadoras y el tendido de media y baja tensión; el Plan Provincial de Ampliación de Redes de Gas Natural de BAGSA por $93 millones, que amplía las redes de gas natural en localidades del interior; el Plan de Reactivación de Obras en Rutas Provinciales, con inversión de $5.936 millones, que incluye obras de construcción, pavimentación, ensanche e iluminación, en distintas rutas provinciales; el Plan Provincial de Obras de Infraestructura Sanitaria por $1.220 millones, que prevé obras de readecuación en hospitales y Centros de Atención de Primera infancia (CAPs); el Plan Provincial de Obras de la Procuración de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, por $578 millones, con obras en los complejos judiciales de La Matanza y Lomas de Zamora; el Plan Provincial de Agua y Saneamiento por $47.212 millones que incluye obras en la planta potabilizadora de La Plata, la finalización de la red cloaca! en Morón, la planta depuradora de líquidos cloacales en Luján y mejoras en otros 23 distritos de la Provincia; el Plan Provincial de Obras Hidráulicas por $28.818 millones, que agrupa distintas obras en la Cuenca del Río Luján, Cuenca del Río Reconquista, Río Salado y Cuenca Matanza Riachuelo; y obras en los municipios a través del Plan Provincial de Reactivación de Obras en municipios por $4.000 millones y el Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) por $2.000 millones.
Estos proyectos forman parte del Plan Quinquenal a cargo del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y sus respectivos Organismos Descentralizados. El objetivo es mejorar la provisión y gestión de obras y servicios públicos. De esta manera se espera fortalecer la conectividad interna, el cuidado de las personas, el mejoramiento de la infraestructura y el aprovechamiento óptimo de los recursos, para contribuir con el desarrollo económico, social y cultural, promoviendo la calidad de vida e igualdad de oportunidades para las y los bonaerenses.
Los esfuerzos estarán enfocados en mitigar el riesgo hídrico de la Provincia de Buenos Aires, velar por la recuperación de hectáreas productivas y ciudades del interior bonaerense, y por la regulación de cuencas hídricas urbanas y el Gran Buenos Aires. Además, se pretende contribuir a la integración del territorio provincial y el arraigo de la comunidad, mejorando la infraestructura y el acceso a los servicios públicos básicos en busca de un desarrollo social equitativo; mejorar la cobertura de agua y cloacas de las y los habitantes de la Provincia; dar impulso al desarrollo de la infraestructura logística y productiva de la Provincia (conectividad vial para el desarrollo del turismo, mejora de puertos y parques industriales, construcción de obras energéticas troncales, desarrollo de obras de conectividad digital). Entre las principales obras se pueden mencionar el proyecto de Apoyo a la Gestión Integrada de la Cuenca del Río Salado, la Adecuación del Río Luján y en la Cuenca del Río Reconquista.
Asimismo, será un objetivo prioritario fortalecer el rol del Estado como garante del derecho a la vivienda, promoviendo una política habitacional activa, a través de la ejecución de programas y operatorias destinadas a satisfacer la demanda de los sectores más frágiles, favoreciendo la inclusión social y la inserción productiva. El Plan Bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat está enmárcado en este objetivo, con la construcción de más de 33 mil viviendas y la delimitación de
85.000 lotes con servicios en los próximos años. Este Plan incluye también la reactivación de obras de vivienda cuya edificación se encontraba frenada, obras de mejoras habitacionales y de hábitat, proyectos integrales de urbanización en barrios populares y la construcción de viviendas como parte del programa Procrear. Todas estas acciones estarán coordinadas por una nueva Unidad Provincial de Tierra y Vivienda, que articulará a las áreas que se encontraban divididas.
Por otro lado, es necesario planificar, mejorar y mantener los Caminos de la Provincia de Buenos Aires. Es por ello que se impulsará la conservación y mantenimiento de la Red Vial Primaria y Secundaria de la Provincia mediante tareas de repavimentación, señalización horizontal, renovación de cartelería, semáforos, y colocación de luminarias LED de alta tecnología, bajo consumo y mayor poder lumínico. Además, se mejorarán los caminos rurales que unen localidades, escuelas rurales y conectan con sectores productivos del agro.
2. Inversión en educación
La educación será uno de los ejes centrales del Presupuesto 2021.La mejora en la calidad de la infraestructura y equipamiento educativos y el acceso a las tecnologías del conocimiento son pilares básicos que deben acompañar las políticas educativas. La inversión en equipamiento para contar con estas tecnologías implica democratizar su acceso, y la capacitación acerca de ellas en la escuela hace que las y los estudiantes aprendan a buscar información de manera crítica y amplíen sus lecturas en formatos diversos. Incorporar tecnología en la escuela implica generar más y mejores oportunidades en términos de igualdad educativa.
Ya durante 2020, se ha comenzado a trazar el camino hacia la recuperación de la inversión en el área de educación, a pesar de la suspensión en todo el territorio nacional de las clases presenciales de todos los niveles y modalidades de enseñanza. La DGCyE desplegó un conjunto de acciones y dispositivos para cumplir con los objetivos propuestos y garantizar la continuidad pedagógica. Se pusieron en marcha plataformas virtuales de navegabilidad gratuita y se realizaron capacitaciones docentes para potenciar su uso. Se facilitó el acceso a equipamiento y conectividad, y se realizaron instalaciones del Plan Nacional de Conectividad Escolar. Además, se lanzó el "Acompañamiento a las Trayectorias y la Revinculación (ATR)", que viene a redoblar y complementar los esfuerzos que vienen llevando adelante los y las docentes para garantizar el derecho a la educación. En cuanto a la infraestructura escolar, en 2020 se dio continuidad al programa "Escuelas a la Obra", un plan que contempla 937 obras, de las cuales 709 se encuentran finalizadas o en etapas finales de ejecución y las 228 restantes están en proceso de licitación. También, se reformuló el Servicio Alimentario Escolar, incrementando la cobertura y ampliando la inversión en los y las alumnos y alumnas de la Provincia. Así, en este año atípico mantuvimos a la educación y alimentación de los niños y niñas como prioridad.
La irrupción de la pandemia dejó al desnudo la escasa priorización presupuestaria de la educación por parte de los anteriores gobiernos nacional y provincial. Es por ello que para 2021 prevemos revertirlo, dándole la relevancia que se merece. En este sentido, las políticas educativas contenidas en este presupuesto perseguirán seis objetivos:
i. Garantizar el acceso, permanencia y egreso de todas y todos las y los estudiantes, disminuyendo las brechas de desigualdad existentes.
ii. Fortalecer la política de formación docente.
iii. Fortalecer la capacidad de planeamiento institucional y modernizar los sistemas de gestión de la información y estadísticas educativas.
iv. Fortalecer las acciones de mantenimiento preventivo y gestión de insumos de limpieza y desinfección en el contexto de la pandemia COVID-19.
v. Mejorar el estado de la infraestructura escolar.
vi. Ampliar el alcance de la tecnología educativa y la conectividad, generando mejores condiciones para la enseñanza y el aprendizaje.
Garantizar conectividad a Internet en la totalidad de los establecimientos educativos de gestión estatal de la Provincia es una meta imprescindible. En este sentido, la Provincia destinará
$2.800 millones a la compra de notebooks. Esto se complementará con los esfuerzos nacionales a través del Programa Juana Manso.
En pos de mejorar el ambiente y la infraestructura educativa, la Provincia ha presupuestado desembolsos a los consejos escolares para la compra de articulas de higiene y desinfección por casi $1.000 millones, cuando en 2019 el monto fue de tan sólo $20 millones. Además, se seguirá poniendo un particular empeño en la puesta en valor de los establecimientos educativos existentes, realizando las reparaciones necesarias para garantizar su habitabilidad a través del programa "Escuelas a la Obra".
Asimismo, es una prioridad la ejecución de los proyectos de obras de construcción, ampliación, refacción y refuncionalización. La realización y creación de nuevos servicios educativos estará abocada principalmente al cumplimiento de los objetivos de cobertura, teniendo como eje rector abordar las marcadas inequidades territoriales y sociales que atraviesan la provincia, poniendo el énfasis en la disminución de dichas brechas.
El fortalecimiento del planeamiento institucional es un objetivo que se ha materializado con la creación de la Subsecretaría de Planeamiento este año y que continuará en toda la gestión. En este sentido, en 2021 se realizará el Censo Provincial de Infraestructura Escolar (CePIE), en el cual se relevarán los más de 9.300 predios donde funcionan la totalidad de establecimientos educativos de todos los niveles y modalidades de gestión estatal, para establecer un diagnóstico de la situación edilicia en que se encuentran y planificar las obras que sean necesarias. Los resultados del CePIE constituirán la información de base para la puesta en marcha del Sistema Integrado de Infraestructura Escolar, que mantendrá un registro del estado de los establecimientos educativos, integrando la información relativa a la infraestructura escolar y su mantenimiento.
3. Inversión en materia penitenciaria y de seguridad
Construir una política de Estado en materia penitenciaria y de seguridad es un eje prioritario y se debe abordar de manera interdisciplinaria e integral, articulando el trabajo entre los tres niveles de gobierno. La Provincia deBuenos Aires padece graves problemas estructurales que abarcan el salario, la formación y la jerarquía policial, el deterioro edilicio de las dependencias de seguridad, la falta de equipamiento, y la infraestructura penitenciaria. Es un compromiso de esta gestión construir una policía más profesional, más equipada y también más humana y eso requiere una transformación.Además, es clave mejorar las condiciones de detención, y superar el estado de emergencia en que se encuentra el sistema penitenciario.
En este marco, se destacan principalmente tres lineas fundamentales en las cuales ya comenzaron a darse pasos concretos durante 2020 y sobre los cuales se continuará trabajando en 2021, que son el reclutamiento y la capacitación policial; el Programa del Gobierno Nacional de Fortalecimiento de la Seguridad en la Provincia junto con el Plan Integral de Seguridad; y el Plan de Infraestructura Penitenciaria.
Con respecto a la capacitación policial, se implementó un nuevo sistema de reclutamiento, selección e ingresos a los Institutos de Formación Profesional. Se creó la Escuela de Tiro policial.
También se crearon siete centros de capacitación descentralizados. Se implementaroff los Cursos de Formación establecidos por la Ley de Personal como requisito para el ascenso en el grado jerárqui co de los distintos escalafones. Se comenzó a implementar un nuevo Campus Virtual del Sistema Educativo policial. Se elaboraron las normas de puesta en funcionamiento del Instituto Universitario Policial Provincial "Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich", en materia de gobierno y desarrollo institucional. Además, se creó el área específica de Políticas de Género y Derechos Humanos, para implementar la Ley Micaela e incorporar transversal mente la perspectiva de género y derechos humanos, mejorando la articulación local entre las Comisarías de la Mujer y la Familia y las Oficina de Atención a las Víctimas de cada Municipio. Se realizaron 450 capacitaciones en Dependencias Policiales generando espacios de aprendizaje a un total de 8.350 efectivos.
El Programa de Fortalecimiento de la Seguridad contempla la adquisición de equipamiento de seguridad, la formación de 10.000 nuevos agentes en academias descentralizadas en los diferentes municipios en los próximos 18 meses, la incorporación de
2.200 nuevos móviles policiales y la construcción de 4.000 paradas seguras con cámaras y diversos dispositivos de seguridad. Además, se prevé la realización de obras en 96 comisarías de los 24 partidos del Gran Buenos Aires y la construcción de 12 unidades carcelarias con capacidad para alojar a 5.000 internos. Por otro lado, la puesta en marcha del Plan Integral de Seguridad generó un ámbito de fortalecimiento de la política de seguridad de los municipios por medio de encuentros en línea con Secretarías de Seguridad municipales y de capacitación para equipos técnicos municipales a través del aula virtual. A la vez, se diseñaron Planes Integrales de Seguridad Local en coordinación con las autoridades competentes del área de cada gobierno local trabajando con 46 municipios simultáneamente, que se irán extendiendo en 2021. Dicho Plan brindó un incremento en la remuneración de 39.521 oficiales de policía que pasaron a percibir un salario de bolsillo mínimo de $44.000. Además, aumentó el monto que se destina a cada agente policial y del SPB para la compra de uniformes (pasó de $1.100 a $5.000) y triplicó el valor de las horas CORES (pasando de $40 a $120). Asimismo, para 2021 se espera poner en funcionamiento el Instituto Universitario Juan Vucetich con el objeto de avanzar en la jerarquización de la fuerza; y se prevé conformar una red de centros de entrenamiento para la práctica periódica de operaciones policiales conforme a los estándares internacionales en el uso racional de la fuerza. Finalmente, se incorporarán dos hospitales como prestadores en exclusividad para la policía bonaerense.
En la tercera línea de acción, a lo largo de 2020 se impulsó el plan de Infraestructura penitenciaria con el objetivo de impedir que las unidades penales bonaerenses se conviertan en foco de propagación de la pandemia. Para 2021, se proyecta finalizar la construcción de cerca de 2.000 nuevas plazas en cárceles y alcaidias, que fuera comenzada en 2020. Desde el comienzo de la cuarentena, se crearon un total de 1.703 plazas en las 57 Unidades Penitenciarias. A la vez, se está avanzando en la construcción de 15 hospitales financiados por el Gobierno Nacional en Unidades Penitenciarias. En total sumarán 364 camas equipadas con instrumental de alta complejidad, como tomógrafos, resonadores y mamógrafos.
El compromiso de cara al 2021 es continuar invirtiendo en seguridad para que la policía recupere su capacidad operativa y continuar atendiendo las necesidades de la gente. Se continuará fortaleciendo la investigación criminal con asignación de más recursos físicos y financieros para incrementar la capacidad estatal en identificar la estructura y funcionamiento de los mercados y organizaciones criminales que operan en territorio bonaerense. Además, se iniciará 2021 con un 50% más de patrulleros.
Por primera vez la Provincia tendrá a disposición a inicios de 2021 una flota pesada de movilización masiva de efectivos, de carga y de emergencia. El presupuesto 2021 prevé revertir el deterioro edilicio en las dependencias sin mantenimiento, e invertir recursos priorizando un plan de acondicionamiento y refacción integral en las dependencias. También se continuará dotando al SPB de los recursos necesarios para su funcionamiento y mejora de las condiciones de vida de los penitenciarios así como también llevar a cabo acciones para lograr un mayor impacto en materia de reinserción social. Asimismo, se fortalecerá la formación y capacitación del personal penitenciario incentivando las especializaciones en Seguridad y en Asistencia y Tratamiento.
La mirada sobre estos ejes es integral y por eso es fundamental para lograrlo que los tres niveles del Estado (Nación, Provincia y Municipios), trabajen de forma conjunta y articulada.
4. Reactivación económica e inclusión social
La crisis que atraviesa hace tres años la Provincia de Buenos Aires y que se vio agravada por la pandemia del COVID-19 requiere un Estado activo que genere políticas que fomenten la demanda agregada y la recuperación del tejido productivo provincial, mejorando las condiciones de vida de los y las bonaerenses. Un Estado presente impulsando el crecimiento anima al sector privado a reanudar inversiones y generar empleo. Estado y sector privado colaborando y complementándose. A la vez, un Estado que impulse programas sociales propicia la inclusión de los sectores más vulnerables de la sociedad.
En este sentido el rol de la obra pública es fundamental ya que genera un derrame directo e indirecto en la economía provincial. La misma será acompañada con el diseño de políticas que fomenten y cuiden el empleo, el consumo y la inversión privada, además de programas de protección.
El Plan Provincia en Marcha contemplado en este presupuesto buscará impulsar la reactivación de la economía provincial. Las inversiones, que contemplan un horizonte temporal de cuatro años, contemplan el Plan Bonaerense de Desarrollo Productivo y Fomento de la Demanda por $130.964 millones, el Plan Bonaerense de Infraestructura y Obra Pública por $120.633 millones, el Plan Bonaerense de Asistencia Crediticia para el Desarrollo Productivo por $36.100 millones y el Plan Bonaerense de Sostenimiento y Generación de Empleo por $950 millones.
Dentro del Plan Bonaerense de Desarrollo Productivo y Fomento de la Demanda se encuentran el Plan Provincial de Impulso a los Sectores Productivos, el cual fundamentalmente a partir de instrumentos crediticios y de asistencia directa, abarca dos iniciativas: el Programa de Desarrollo Industrial, Portuario y Científico, y el Programa de Promoción de Acceso al Consumo.
Ambos programas buscan fortalecer tanto a los sectores productivos como a la demanda, para mejorar los niveles de actividad, consumo y empleo.
El Plan Bonaerense de Asistencia Crediticia para el Desarrollo Productivo prevé un nuevo fondeo del Banco Provincia por $36.100 millones destinado a la ampliación de líneas vigentes y el lanzamiento de nuevos préstamos para Inversión. Incluye una actualización de la línea de Leasing COVID-19 del Grupo Provincia, las líneas Repyme, Tarjeta Procampo, A toda máquina y el Programa Provincial de Financiamiento para la Inversión Productiva.
El Plan Bonaerense de Sostenimiento y Generación de Empleo contempla la ampliación del Programa Preservar Trabajo, el lanzamiento de las Mesas Sectoriales de Transformación Laboral y Productiva, el rediseño del Programa de Actividades Laborales de Autoempleo y Subsistencia (ALAS) previsto en la Ley Nº 13.136, y el lanzamiento del Programa Impulsar: línea de Apoyo para la Formación y el Trabajo Bonaerense.
En relación al sector agropecuario, de gran importancia para la Provincia, se consolidarán distintos programas y acciones de apoyo directo al fortalecimiento de las diferentes cadenas del sector bovino, porcino, ovino, frutícola, hortícola, pesquero. A tal fin, los fondos estarán destinados a la instalación de frigoríficos y salas de faena; mejora genética porcina y bovina; fortalecimiento de la cadena láctea; créditos al sector frulihortícola para el incremento y recuperación de montes frutales e impulso a la pesca.
También, es destacable la inversión en infraestructura, obra pública y vivienda que el Estado provincial realizará en 2021, aspecto que se detallaba más arriba, y que dará también un fuerte impulso a la reactivación económica.
Además, es prioritario mantener especial atención en los sectores de la población que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica y social. El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad continuará fortaleciendo las políticas públicas destinadas a niños, niñas y jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, personas en situación de calle y trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Estas políticas se realizarán en articulación con Municipios. Se destacan los programas de Soberanía alimentaria; unidades de desarrollo infantil; espacios de primera infancia; atención a personas vulnerables en situación de emergencia social; y asistencia integral a personas er:itre 12 y 21 años en situación de vulneración social - Envión.
Con la implementación de estas políticas impulsaremos la construcción de una provincia dinámica, inclusiva y con más oportunidades para todas y todos.
5. Inversión en salud
La irrupción de esta pandemia sin precedentes en la historia moderna evidenció la importancia de contar con sistemas sanitarios preparados para momentos de crisis. A la vez, desnudó las falencias del sistema público de salud de la Provincia de Buenos Aires, que gracias al esfuerzo realizado por las y los trabajadores de la salud y a la enorme inversión concretada ha logrado resistir y fortalecerse. Este esfuerzo debe continuar y profundizarse para lograr un sistema sanitario cada vez más robusto. Seguir consolidando el sistema de salud y reconocer a las y los trabajadores de la salud, que cuenten con un ambiente laboral digno y con los insumos y equipamientos necesarios serán prioridad de este presupuesto.
En el año 2020 los avances fueron muy significativos. Se ampliaron y remodelaron hospitales, guardias, CAPs, unidades UTI, unidades móviles y hospitales modulares; se adquirieron insumos de China (32 vuelos y 7 buques llegaron desde el país asiático); y se amplió la planta de personal de forma inédita, entre otras cuestiones.
Para 2021, se prevé continuar con el esfuerzo realizado este año, garantizar y fortalecer la accesibilidad y la cobertura integral e integrada a la salud, y promover un cambio en la cultura organizacional de las instituciones que priorice la atención centrada en la persona y su familia en su comunidad desde una perspectiva de derechos. Para ello, los ejes en materia sanitaria serán la mejora en la accesibilidad a los servicios de salud y la atención en los efectores públicos; la garantía y fortalecimiento de la cobertura en salud pública; y la modernización administrativa en la búsqueda de un sistema con mayor integración y eficiencia. De esta manera se plantea trabajar en un modelo que integre todos los niveles del sistema y que fortalezca el rol rector del Ministerio de Salud, que genere sustentabilidad de la política sanitaria y al mismo tiempo se base en principios solidarios, y que contenga una atención basada en la estrategia de atención primaria de la salud: accesible, participativa, sensible, oportuna e integral.
A tales fines, el plan operativo 2021 prioriza fortalecer los servicios críticos hospitalarios, poniendo foco en Unidades de Cuidados Intensivos para seguir acortando brechas de acceso al sistema de salud. También, se espera mejorar e integrar el sistema de atención en todos sus niveles y jurisdicciones; sostener una política integrada de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencia de Género, fortaleciendo la red asistencial y el trabajo articulado con otros Ministerios; desarrollar estrategias de sustentabilidad financiera y soberanía sanitaria a través del fortalecimiento de la producción pública de medicamentos; formar al personal en Salud, de manera que esté capacitado para dar respuesta a las necesidades sanitarias y la cobertura de especialidades críticas en todos los efectores de salud provinciales; mejorar paulatinamente las condiciones edilicias y el equipamiento de los hospitales provinciales, realizada tanto a través de este ministerio como a través de Ministerio de Infraestructura con la remodelación y construcción de CAPS en los municipios de la Provincia.
Para la consecución de estos objetivos, el presupuesto amplía los gastos en la función salud en términos de PBG a niveles máximos -con excepción de los ejecutados en 2020, por la pandemia por COVID-19-. Este aumento de los créditos presupuestarios permitirá realizar gastos postergados en los últimos años y concretar los proyectos comenzados en 2020.
6. Gobierno con perspectiva de Género transversal
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires tiene entre sus objetivos prioritarios cerrar brechas de desigualdad de género y acelerar el camino hacia lajusticia distributiva entre varones, mujeres y diversidades para que todas las personas tengan las mismas posibilidades de acceder y ejercer sus derechos. Este compromiso se traduce en la transversalizaci ón de una mirada de género que promueve cambios sustantivos tanto en el conjunto de las instituciones que conforman la Administración Pública Provincial como en las Políticas Públicas.
La perspectiva de género es una herramienta de inclusión social que permite poner en evidencia la interrelación que existe entre las brechas de género y las desigualdades socioeconómicas que se dan en todos los ámbitos de la sociedad.
Según la Encuesta sobre Uso del Tiempo y Trabajo no Remunerado (INDEC, 2013), mientras que casi 90% de las mujeres bonaerenses realiza tareas domésticas y de cuidado no remuneradas y les dedican en promedio aproximadamente 7 horas diarias, menos del 60% de los varones participa de estas labores y les dedican 3,6 horas diarias en promedio, esto es, la mitad del tiempo. A estas tareas domésticas y de cuidado no se les ha asignado un valor económico y, en consecuencia, no son reconocidas como trabajo. De esta manera, resulta evidente que gran parte del trabajo que realizan las mujeres está invisibilizado, no es valorado socialmente y, al no estar remunerado, no es considerado trabajo, aspecto que dificulta el acceso de las mujeres a la generación de recursos económicos, imponiendo trabas estructurales a sus posibilidades de independencia económica.
Los ámbitos laborales y productivos también están atravesados por desigualdades de género. Las mujeres y personas LGTB+ no sólo tienen una participación menor en el ámbito del trabajo productivo o remunerado, sino que cuando logran acceder, lo hacen bajo peores condiciones: mayor inestabilidad, jornadas más reducidas, altas tasas de desempleo, salarios más bajos, entre otras. Brechas de desigualdad que• se profundizan al considerar las intersecciones entre género, etnia, edad, nivel educativo, situación económica.
La desigualdad entre géneros se pone de manifiesto al comparar las tasas de participación de varones y mujeres en el mercado de trabajo. Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares para el primer trimestre de 2020, en los aglomerados relevados para la Provincia de Buenos Aires, mientras que la tasa de participación de los varones en el mercado laboral asciende a 68,2%, para las mujeres es de 48,6%, lo que refleja una brecha de 20 p.p. entre géneros.
La inserción laboral femenina se encuentra mayormente concentrada en ramas de actividad que se caracterizan por condiciones laborales más precarias. Una de cada cinco trabajadoras bonaerenses se emplea en el Servicio doméstico, donde la tasa de informalidad laboral asciende a 73,6%. La informalidad entre las asalariadas es también mayor que entre los varones (+0,9 p.p.) y afecta a 36,6% de las trabajadoras. Esto se traduce en un menor acceso a derechos sociales básicos (obra social,jubilación, protección y estabilidad laboral, licencias, entre otros).
La lógica de distribución de las actividades entre géneros en la estructura productiva reproduce en gran medida lo que sucede al interior de los hogares. Las mujeres se insertan principalmente en trabajos y profesiones relacionadas con servicios de cuidado: mientras que 42,2% de las mujeres bonaerenses se dedican a la enseñanza, servicios sociales y de salud y servicio doméstico, sólo 5,8% de los varones participa en estas actividades indispensables, pero de baja productividad e ingresos.
Las posibilidades de progreso laboral también están desigualmente distribuidas. Los puestos jerárquicos son ocupados en su gran mayoría por varones. Los "techos de cristal", esa metáfora que alude a los mayores obstáculos que tienen las mujeres para acceder a puestos de mando, se verifica en que de cada 10 puestos de alta jerarquía Gefaturas y direcciones), 7 son ocupados por varones.
Por último, los ingresos de las mujeres que trabajan fuera de sus hogares son un 27,1% más bajos que los de los varones. Esta brecha se profundiza entre las asalariadas informales, cuyos ingresos son 38,2% más bajos que los de los varones que trabajan informalmente.
A su vez, las bonaerenses se encuentran en una situación relativa más desfavorable respecto al promedio de las mujeres del resto del país, donde la brecha salarial entre ocupados/as es de 21,6% y entre asalariados/as informales es de 24%, es decir, 5,4 y 14,3 p.p. de diferencia respectivamente. Como correlato de estas desigualdades, de la totalidad de la masa de ingresos que generan los trabajadores y las trabajadoras bonaerenses, tan solo poco más de una tercera parte es apropiada por mujeres (36,2%).
En conclusión, la pobreza tiene género y se visualiza estadísticamente en la sobrerrepresentación de las mujeres en el decil de ingresos más bajo donde 7 de cada 10 personas son mujeres. Por el contrario, entre el 10% de la población de mayores ingresos, sólo cerca de 4 de cada 10 son mujeres.
Estos indicadores de desigualdad, se profundizan en el marco de la crisis económica y sanitaria. La pandemia del Covid-19 expuso y profundizó las desigualdades estructurales dejando al descubierto como nunca el reparto desigual de las tareas de cuidado dentro del hogar, su imprescindibilidad y la falta de retribución por ellas. La falta de autonomía económica de las mujeres actúa también como condicionante o límite a la hora de independizarse o alejarse de situaciones de violencia. En el primer semestre del año se abordaron un total de 1.291 casos de violencia de género y se registraron 50 femicidios y 3 travesticidios en la Provincia de Buenos Aires.
Por todo lo expuesto, la agenda feminista forma parte de la agenda de la política económica de la Provincia. Con el objeto de fortalecer la institucionalizaci ón de las políticas de género, darles mayor visibilidad y generar herramientas de gestión que permitan avances concretos en la asignación se inició un proceso de trabajo para llevar adelante un Presupuesto Provincial con Perspectiva de Género a lo largo de 2021.
Para ello, se convocó a los organismos ejecutores de políticas a que identificaran aquellas partidas presupuestarias destinadas a reducir brechas de género. Para llevar a cabo esta primera aproximación, que funcionó a manera de prueba piloto, se introdujeron modificaciones en los formularios de carga presupuestaria que permitieron identificar aquellas iniciativas que se dirigen a las mujeres, travestís y trans y que tienen impactos en reducir desigualdades y proceder así al etiquetado de estas partidas.
A su vez, como un paso más en la institucionalización del Presupuesto con Perspectiva de Género, se generó un campo especifico que permite identificar, listar y reportar el etiquetado del gasto en género a nivel de la Apertura Programática en el Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera (SIGAF), tanto en la etapa de formulación como en la de ejecución, para que dicha información permanezca visible y pueda hacerse un seguimiento permanente del gasto etiquetado en dichas partidas.
Si bien es cierto que la elaboración de presupuestos públicos con perspectiva de género implica introducir la perspectiva de género en la planificación, programación y presupuestación de todos los programas, proyectos y estrategias gubernamentales, el etiquetado y la modificación de las herramientas de gestión presupuestaria son un avance concreto en esa dirección. Este primer relevamiento de aproximación brindará los insumos para obtener un primer mapeo de las políticas PPG durante 2021 y para continuar el proceso de definiciones metodológicas iniciado con el nivel Nacional.
Asimismo, es preciso señalar que durante el ejercicio 2021, el Gobierno Provincial se propone llevar adelante políticas de promoción, desarrollo, prevención y asistencia orientadas a erradicar las desigualdades de género.
Desde el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual se diseñará participativamente un "Plan Bonaerense de Igualdad de Género para la Inclusión y la Justicia Social", en orden con el objetivo de que las políticas públicas provinciales incluyan de manera transversal el enfoque de género y que esto sea resultado de una construcción colectiva. Se dispusieron, además, distintos espacios que funcionan como órganos de articulación y transversalización de la gestión. El "Consejo de Políticas de Género Transversales en la Administración Pública", integrado por representantes de los distintos ministerios y organismos descentralizados; la "Mesa Permanente de Articulación de Políticas de Género y Diversidad Sexual" compuesta por los tres poderes de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires; el "Consejo de Articulación de Políticas de Género y Diversidad Sexual con los Municipios" y el "Consejo Consultivo de Políticas de Género y Diversidad Sexual" integrado por organizaciones sociales y comunitarias.
El Ministerio continuará con las instancias de formación y capacitación de las trabajadoras y trabajadores del Estado, en todos sus niveles, con el objetivo de que puedan formular y llevar adelante políticas que contemplen, desde el momento mismo de su diseño, la perspectiva de género. Asimismo, esta capacitación servirá como instancia de problematización y desnaturalización de las relaciones de género al interior de las propias instituciones.
La Subsecretaría de Políticas de Género y Diversidad Sexual llevará a cabo acciones que permitan el acceso a los Derechos Humanos de las mujeres y del colectivo travestiltrans, generando marcos de inclusión dentro del gobierno de la Provincia de Buenos Aires y la sociedad en general. Fortalecerá la presencia de las mujeres en diversos espacios de participación, fomentando el acceso a puestos de jerarquía y trabajando para la reducción de las brechas de género. Para ello se implementarán políticas públicas de promoción de igualdad, en relación a la discriminación y el acoso laboral conformando una mesa de diálogo entre trabajadores/as, Estado y sector empresarial. Además, se diseñarán estrategias educativas y de seguimiento para fortalecer el trabajo sobre masculinidades en diferentes ámbrros.
En 2021 se-llevará a cabo el rediseño y fortalecimiento del Sistema Integrado Provincial de prevención y atención de las violencias por razones de género, se realizarán capacrraciones y articulaciones con las jurisdicciones municipales, nacionales y las organizaciones comunitarias, se fortalecerá el servicio de la Línea 144, la atención de los Hogares y la asignación del Fondo de Emergencia y acompañamiento. Además, se implementará el Registro Único de Casos de Violencia de Género y se continuará con la implementación del programa Comunidades• sin Violencias.
A las medidas diseñadas y ejecutadas por el órgano referente en politicas de género, se le suman otras acciones llevadas a cabo por organismos que empiezan a plasmar en sus políticas públicas la incorporación del enfoque de género. A continuación, se mencionarán algunas de estas iniciativas.
El Ministerio de Hacienda y Finanzas, además de avanzar en la elaboración de un presupuesto con perspectiva de género, se propuso, a través de la Dirección Provincial de Estadísticas y en colaboración con el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual, construir un Sistema de Indicadores de Género que recopile, clasifique, sistematice y publique información estadística sobre la situación de las mujeres en la Provincia de Buenos Aires. Además, se avanzará en la incorporación de categorías inclusivas en los instrumentos de recolección de información estadística.
El Ministerio de Infraestructura buscará introducir la perspectiva de género en la obra pública a la hora de formular y gestionar políticas públicas para reducir brechas de desigualdad. De manera similar, el Ministerio de Trabajo tendrá entre sus objetivos para 2021 acortar brechas de desigualdad, garantizando que cada una de las políticas públicas implementadas incorpore la perspectiva de género en su planificación, elaboración e implementación.
La Autoridad del Agua implementará durante 2021 programas, capacitaciones y actividades en temas de género y violencia contra las mujeres, mientras que desde la Unidad Gobernador se promoverá a partir del ejercicio 2021 una comunicación que visibilice todas las identidades, que evite expresiones sexistas y que no reproduzca estereotipos o situaciones discriminatorias, en articulación con organismos estatales y de la sociedad civil para abordar temáticas de género. Además, se elaborará material de difusión tendiente a promover el empoderamiento de sexualidades no hegemónicas.
Por su parte, desde la Dirección General de Cultura y Educación se profundizarán las acciones y políticas educativas relacionadas con la enseñanza de la Educación Sexual Integral.
Estas son algunas de las políticas de género que el Gobierno Provincial implementará a lo largo de 2021, con el fin de promover una sociedad libre de violencias y con más justicia social.
7. Sostenibilidad de la deuda y de las finanzas provinciales
Es un objetivo para el año 2021 consolidar una política que conduzca a una deuda sostenible y a la utilización de fuentes de financiamiento responsablemente.
Una deuda que es insostenible implica menores recursos destinados a educación, salud, infraestructura y otras políticas de reducción de la pobreza. Es por ello que el Ejecutivo provincial se encuentra plenamente comprometido con una administración de la deuda pública que permita sentar las bases para obtener el financiamiento necesario que el desarrollo provincial demanda, evitando situaciones como las que vivimos actualmente, donde la deuda provincial resulta ser un obstáculo en vez de un potenciador del crecimiento.
En base a ello, para generar una estructura fiscal sostenible a largo plazo, es imprescindible una administración de la deuda pública que permita resfüuir y luego conservar la sostenibilidad de la deuda en moneda y legislación extranjera en el largo plazo. La Provincia buscará completar el proceso de reestructuración de su deuda en moneda extranjera bajo ley externa iniciado en 2020. En este marco se prevé alinear los indicadores de sostenibilidad con los requerimientos de un sendero fiscal compatible con las necesidades de crecimiento y desarrollo de la Provincia.
El primer paso para consolidar las cuentas fiscales provinciales es el proyecto de Ley Impositiva que presentamos junto con este Presupuesto 2021.En él, planteamos los lineamientos de un esquema impositivo que nos permita impulsar la Recaudación de Origen Provincial a partir del crecimiento esperado de la actividad económica, sin aumentar la presión tributaria sobre la gran mayoría de la población de la Provincia.
Si bien entendemos que es importante avanzar hacia un equilibrio en las cuentas fiscales de la provincia, la enorme crisis en la que nos toca transitar, requiere un Estado activo, presente, que actué de manera contra-cíclica y que, en 2021, incremente sus niveles de inversión considerablemente. Así, el año 2021 mostrará un superávit económico del orden del 2% de los ingresos corrientes, con un déficit primario vinculado a los gastos de capital del orden del 3% de los ingresos totales. Este resultado implica que el nuevo endeudamiento en que incurrirá la Administración Provincial (sin considerar la renovación de deuda al vencimiento) será destinado a la realización de gastos de capital. Estas erogaciones aumentan la infraestructura de la Provincia, incrementando la productividad de la capacidad instalada local y mejoran las condiciones de vida de las y los bonaerenses.
Las fuentes de financiamiento para solventar dichas inversiones estarán basadas en el mercado local de moneda doméstica y en la profundización del trabajo con organismos financieros multilaterales, de manera tal de no comprometer la sostenibilidad de la deuda provincial.
6. Análisis de resultados
Para el año 2021 se prevé un resultado económico superavitario en $34.640 millones, equivalente a un 2,0% de los ingresos corrientes. Considerando los ingresos y gastos de capital y descontando intereses, se proyecta alcanzar un resultado primario de -$53.340 millones, representando un 3,0% de los ingresos totales. Dicho resultado se compone de ingresos totales por $1.799.074 millones (+35,1% i.a.) y gastos primarios por $1.852.414 millones (+36,8% i.a.). Por otro lado, los intereses ascienden a $57.618 millones (+19,7% i.a.), lo que da un resultado financiero de $110.959 millones, un 6,2% de los ingresos totales.
7. Análisis de recursos
Los recursos totales contemplados en este presupuesto alcanzan los $1.799.074 millones. Dichos ingresos contemplan los ingresos tributarios propios en el marco de la Ley Impositiva 2021, que busca dotar de mayor progresividad al sistema tributario provincial; los recursos de origen nacional provenientes de la Coparticipación Federal de Impuestos, en línea con lo presentado en el presupuesto nacional; los ingresos por aportes y contribuciones al sistema de seguridad social; otros recursos no tributarios; y las transferencias corrientes, incluyendo las que se recibirán de otros entes del gobierno provincial que no se consolidan en la Ley de presupuesto y las transferencias presupuestarias a recibir por parte del gobierno nacional. En esta ocasión adquiere relevancia aquella transferencia a percibir en virtud del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la Provincia de Buenos Aires. Asimismo, la Provincia contará con recursos de capital que se verán influenciados por la devolución de los préstamos a los municipios.
a) De los recursos tributarios de origen provincial
1 Los Recursos Tributarios de Origen Provincial alcanzarán los $659.693 millones, incrementándose en un 44,4% respecto a los proyectados para el cierre de 2020.
• El Impuesto a los Ingresos Brutos proyecta una recaudación de $477.824 millones (+42,0% i.a.), perdiendo 1,2 puntos porcentuales de participación en la recaudación.
• El conjunto de Impuestos Inmobiliarios contempla un monto de $56.047 millones para 2021 (+45,3% i.a.), ganando una participación de 0,1 puntos porcentuales.
• El Impuesto Automotor proyecta recaudar en 2021 $50.122 millones (+48,6% i.a.), incrementando su participación en 0,2 puntos porcentuales.
• El Impuesto a los Sellos aumentaría su recaudación a $56.235 millones (+59,1% i.a.) incrementando 0,6 puntos porcentuales su participación.
• El resto de los recursos tributarios recaudarían $19.466 millones (+51,2% i.a.).
b) De los recursos tributarios de origen nacional
Los Recursos Tributarios de Origen Nacional (RON) se fijaron en línea con los recursos contenidos en el Proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Nacional, alcanzando los $624.971 millones, un 41,0% más de lo proyectado para 2020.
• Los ingresos provenientes de la distribución secundaria se estiman en $433.676 millones, un 36,4% mayor que los proyectados para el ejercicio 2020. Dichos ingresos corresponden al 69,3% del total de los RON.
• Los ingresos provenientes de la Ley de Financiamiento Educativo se estiman en $133.019 millones, un 69,3% superiores a los proyectados para el ejercicio 2020.
• El resto de los recursos tributarios de origen nacional alcanzarán los $58.276 millones, un 24,5% más que lo proyectado en 2020.
c) De las contribuciones a la Seguridad Social
Los recursos provenientes de los Aportes y las Contribuciones a la Seguridad Social se proyectan en $272.432 millones, reflejando un aumento interanual del 28,6%.
d) De los recursos no tributarios propios
Los Recursos No Tributarios Propios se proyectan en $17.519 millones con un incremento del 51,8% respecto del cierre de 2020. En este rubro se incluye a los Ingresos de Operación, a la Venta de Bienes y Servicios y a las Rentas de la Propiedad.
e) De las transferencias corrientes
Las transferencias corrientes se prevé que totalicen $187.906 millones, cayendo 9,2% respecto a 2020. En este rubro podemos distinguir principalmente las provenientes del sector público, en particular del Gobierno Provincial y del Gobierno Nacional. Las primeras ascienden a $15.673 millones (+88,8% i.a.) e incluyen las del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, ente que no consolida en el Presupuesto de la Administración Pública no Financiera. Con respecto a las transferencias presupuestarias del Gobierno Nacional, ascienden a $172.234 millones y son de carácter habitual y para diversas finalidades. Se destacan el Fondo del Conurbano Bonaerense por $80.306 millones, el Fondo Nacional de Incentivo Docente por $14.055 millones, así como también transferen_cias para gastos de salud y de comedores escolares, entre otras. Por otro lado, este año se contempla el ingreso de fondos en virtud del Fondo de Fortalecimiento Fiscal por un total de $53.832 millones.
f) De los recursos de capital
Los ingresos de capital totalizan $28.552 millones. Esto incluye recursos propios, transferencias e ingresos por inversión financiera. En el primer caso no se contemplan créditos para este ejercicio. Con respecto a las transferencias de capital, que constituyen el rubro con mayores ingresos, se prevén recursos por $25.366 millones que provienen principalmente del Gobierno Nacional y, en menor medida, de entes del Gobierno Provincial que no consolidan en lá Ley de presupuesto de la APNF, como el Instituto Provincial de Lotería y Casinos. Por último, los ingresos por disminución de la inversión financiera contemplan devolución de préstamos.
8. Análisis de gastos
Para el 2021 se estima un gasto total de $1.910.032 millones. Este monto representará un aumento de 36,2% con respecto a la proyección de gastos para 2020. Al descontar los gastos asociados a la irrupción de la pandemia por COVID-19, esta variación alcanza el 41,9%. Del total de erogaciones, el 90,9% se corresponden con gastos corrientes y el 9,1% restante con gastos de capital.
a) De las erogaciones corrientes
Se prevé que los gastos corrientes alcancen los $1.735.881 millones en 2021, por lo que se observaría una variación de 29,7% respecto a la proyección de gastos de 2020. Al considerar la variación neta de erogaciones realizadas por COVID-19, esta se incrementa a 35,3% anual.El gasto corriente puede desagregarse en las siguientes partidas:
• El gasto en personal (inciso 1) alcanzará los $760.894 millones, mostrando una variación de 32,4%.
• El gasto en bienes de consumo (inciso 2) alcanzará los $29.728 millones, exhibiendo un alza de 21,5%. Neto de compras realizadas por COVID-19, este gasto mostrará un incremento de 103,7%, debido a la normalización de actividades de. la Administración Pública.
• El gasto en servicios no personales (inciso 3) alcanzará los $68.835 millones, lo cual representa una variación de 31,5%. Al netear los gastos realizados por COVID-19, esta se eleva a 42,8% debido a la normalización de actividades de la Administración Pública y a mejoras en la provisión de servicios.
• El pago de rentas de la propiedad (inciso 7) alcanzará los $57.618 millones, con una variación de 19,7% interanual.
• Las prestaciones de la seguridad social alcanzarán los $346.009 millones, mostrando una suba de 32,0% i.a.
• Las transferencias (inciso 5) corrientes alcanzarán los $468.702 millones, mostrando una variación de 25,3% anual. Si se netean las transferencias extraordinarias realizadas en el marco de la pandemia por COVID-19, la variación se incrementa a 40,8%. Estas transferencias estarán compuestas de $212.882 millones (45,4%) que se realizan automáticamente a los municipios (coparticipación y descentralización de impuestos) y $255.820 millones (54,6%) de otras transferencias corrientes.
• Los otros gastos corrientes (inciso 8) alcanzarán $4.095 millones, mostrando una variación de 49,3%.
b) De l as erogaciones de capital
Los gastos de capital aumentarán su peso en el presupuesto, alcanzando los $174.151 millones en 2021.Así, variarán 172,9% respecto al cierre proyectado de 2020. Al considerar la variación neta de erogaciones realizadas por COVID-19, como inversión en equipamiento, la variación del gasto de capital anual se eleva a 176,9%. Estos gastos pueden desagregarse de la siguiente manera:
• El gasto en invers1on real directa (inciso 4) alcanzará los $108.623 millones, mostrando una variación de 328,4%. Si descontamos la compra de bienes de uso y obras asociadas al COVID-19, la variación relativa alcanza un 344,8%.
• Las transferencias (inciso 5) de capital alcanzarán $39.938 millones, mostrando un incremento de 61,9%. Estas transferencias estarán compuestas de $9.861 millones (24,7%) que se realizan automáticamente a los municipios (por Ley de Financiamiento Educativo - de capital) y $30.077 millones (75,3%) de otras transferencias de capital.
• El gasto en inversión financiera_ (inciso 6) alcanzará $25.590 millones, con una variación de 85,4%. En este inciso se incluye la inversión a realizar en viviendas por parte del Instituto de la Vivienda.
c) De las erogaciones por final idad
En el año 2021, los gastos de esta Administración Provincial se reorientarán hacia una perspectiva más productiva, sostenible e inclusiva. De esta manera, las finalidad sociales y económicas ganarán peso en detrimento de los servicios de deuda pública, que pasarán a representar el 3,2% del presupuesto, a diferencia del 7,7% de 2019.
En primer lugar, los Servicios Sociales ganan mayor participación en el total respecto a 2019, pasando del 57,3% a 61,1% del total. Dentro de esta finalidad se encuentran las funciones relativas a la educación y cultura, protección del medio ambiente y agua potable, salud, vivienda y urbanismo y promoción y asistencia social que serán las que más incrementen su peso en relación al 2019. Esto refleja el foco que hará nuestro Gobierno en resolver las necesidades estructurales de los y las bonaerenses. Esta intención se ve plasmada en las partidas presupuestarias, que priorizan las obras de agua, cloacas, saneamiento y construcción de viviendas y la inversión en mejorar inmediatamente las condiciones de vida de la población, mediante erogaciones en educación, salud y programas sociales. Las partidas contenidas en esta finalidad alcanzarán los $1.167.130 millones.
En segundo lugar, se prevé un gasto de $338.145 millones en Administración Gubernamental, que representa el 17,7% del presupuesto anual. Dentro de estas partidas, la función de mayor peso son las relaciones interiores (con municipios), aunque también se destacan las funciones judicial y legislativa y otras que hacen al normal funcionamiento de la Administración Pública. También, figuran entre estas partidas los gastos previstos para la realización del Censo y las elecciones legislativas previstas para realizarse en 2021.
En el siguiente orden de magnitud, la finalidad de Servicios de Seguridad tendrá $195.806 millones, siendo equivalente al 10,3% del presupuesto. Dentro de estos gastos se considera lo destinado a la seguridad, pero también el presupuesto del Sistema Penitenciario Bonaerense, en el que se proyectan obras de infraestructura, y en servicios de justicia.
En cuarto lugar, se prevé incrementar sustancialmente el presupuesto destinado a los Servicios Económicos de la Provincia. Estos pasarían de una participación de apenas 5,5% en 2019 a una de 7,7% en 2021, al destinarse $147.219 millones para obras viales e hídricas, de agua y cloacas y políticas para la promoción de la industria, el agro y el turismo, entre otras.
La disponibilidad de recursos para reasignar las prioridades entre las mencionadas previamente surge de la disminución del gasto en la finalidad servicios de la deuda pública. En 2021, los pagos por estas partidas serán 57,1% menores a los de 2019 en términos reales, pasando de una proporción de 7,7% del total a una participación de 3,2%. La reducción del pago de intereses y otros conceptos asociados al endeudamiento redunda en más gastos en las otras finalidades, mejorando la provisión de servicios de esta Administración Pública.
9. Análisis de las fuentes y aplicaciones financieras
a) De l as fuentes financieras
Se proyecta un total de fuentes financieras por $257.124 millones. De estas, el uso del crédito público alcanzará los $256.443 millones, mientras que la disminución de la Inversión financiera será de $681 millones.
Dentro del uso del crédito público, se contempla:
• Refinanciación con el Sector Público Nacional por $112.369 millones
• Multilaterales ya autorizados por ley por $42.856 millones
• Letras del Tesoro ya autorizadas por $26.686 millones
• Nuevas Letras del Tesoro por $10.000 millones
• Refinanciación del Sector Público Provincial $7.379 M
• Nueva deuda $57.154 M
b) De las aplicaciones financieras
Se estima que la Provincia realice un total de aplicaciones financieras por $146.166 millones. De estos, $140.600 millones se corresponden con amortizaciones de la deuda y disminución de otros pasivos mientras que $5.566 millones se corresponden con Inversión financiera.
10. Programa financiero
En 2021, el programa financiero se sustentará en una política de financiamiento responsable privilegiando el fondeo en moneda local y con Organismos Multilaterales. El actual proceso de renegociación de la deuda con privados bajo legislación extranjera se complementará con una política de administración de deuda tendiente no sólo a mantener un nivel saludable, sino a alargar los plazos de vencimientos y mejorar la composición entre monedas.
De esta forma, en línea con la política llevada a cabo por el Gobierno Nacional, se incorpora como un objetivo central profundizar el acceso al mercado local, con instrumentos en pesos que permitan ir volcándose hacia el mediano y el largo plazo a medida que se consolide la normalización de este mercado. Por su parte, el Programa de Letras del Tesoro seguirá vigente, tal como viene sucediendo ininterrumpidamente desde 2010 hasta la actualidad, para optimizar el financiamiento a corto plazo.
Respecto a Organismos Multilaterales y Bilaterales, para 2021 se proyecta seguir profundizando esta vía de financiamiento, a tasas convenientes y con destino específico, incrementando los desembolsos recibidos en más de un 50% y firmando nuevas operaciones para obras viales, de vivienda social, infraestructura educativa, agua y salud.
En particular, se proyectan lograr desembolsos por USD 461 millones en 2021, cifra que representa el mayor monto en al menos 1O años y que permitirá aprovechar esta vía de financiamiento a tasas a bajo costo con destino al financiamiento de programas sociales y gastos de infraestructura.
En resumen, el año próximo se prevé trabajar sobre los siguientes objetivos: incorporar nuevos instrumentos denominados en pesos, continuar alargando los plazos de financiamiento y ampliando la base inversora de estos instrumentos y aumentar el financiamiento de Organismos Internacionales para la inversión en desarrollo social y económico.
Por último, se procurará avanzar con la refinanciación de la deuda con organismos del sector público e inversores institucionales, de forma de alinear estos pagos con la capacidad de pago provincial.
11. Estimación de Gastos Tributarios en 2021
A partir de la reglamentación de la Ley de Responsabilidad Fiscal N° 25.917 y su adhesión provincial mediante Ley Nº 13.295 se incorporan en el Presupuesto la información sobre Gastos Tributarios, con el objeto de alcanzar una mayor transparencia en la Política Fiscal, presentando una más completa y abarcativa información presupuestaria.
Se define como Gastos Tributarios a los ingresos que el Fisco deja de percibir al otorgar concesiones tributarias, que benefician de manera particular a algunos contribuyentes, actividades o regiones y que tienen por objetivo desarrollar determinadas políticas públicas.
Para determinar un gasto tributario deben darse tres elementos básicos:
a) Existencia de una concesión, medida como una desviación o trato preferencial respecto al parámetro tomado como referencia.
b) Que dicha concesión no sea de carácter general, pudiéndose determinar el conjunto de contribuyentes o actividad beneficiada.
c) Que dicha concesión financie una política pública. Es decir que la concesión tributaria pueda ser reemplazada por un gasto directo.
Es importante resaltar que efectuar una detallada identificación de los Gastos Tributarios a pesar de que no se cuenten con datos para su estimación, constituye un elemento positivo en el objetivo de incrementar la transparencia de las cuentas públicas. No obstante, en la mayoría de los ítems en los que figura la leyenda "Sin dato", el Gasto Tributario no alcanza montos considerables. Asimismo, las cifras que se presentan deben ser consideradas como estimaciones del orden de magnitud de la pérdida de recaudación producida por el otorgamiento de los beneficios tributarios.
Es necesario aclarar que el detalle de cada gasto no implica efectuar juicios de valor acerca de su justificación o vigencia y que tampoco debe tomarse como una recomendación de medidas de política económica orientadas a aumentar la recaudación tributaria.
Los Gastos Tributarios como porcentaje de la recaudación provincial alcanzan el 7,6 % para el año 2020 y representan el 2,5% del Gasto Total. En 2021, dichos ratios alcanzarán el 7,8% y el 2,7%, respectivamente.
A mérito de las consideraciones vertidas es que se solicita de ese Honorable Cuerpo la sanción del proyecto adjunto.
Saludo a su Honorabilidad con mi mayor consideración.