Fundamentos de la Ley 12742

            La realidad sobre la crítica situación económica y financiera de la provincia de Buenos Aires es de público conocimiento.

            Ya se determinará en su tiempo quienes han sido los responsables de haber llegado a esta situación como por ejemplo lo previsto en la Ley 12.729.

            Pero la sanción de la Ley 12.727 que determina el estado de emergencia administrativa, económica y financiera de nuestra Provincia constituye un hecho que nos da de cara con esta realidad.

            En virtud de que las “Letras de Tesorería para Cancelación de Obligaciones (PATACON) y/o “Bonos de Cancelación de Obligaciones de la provincia de Buenos Aires” o los instrumentos cancelatorios que en el futuro los reemplace y los bonos se aplicarán al pago de remuneraciones, de todo el personal dependiente de esta provincia, surge la necesidad, a partir del artículo 13 de la mencionada ley de dejar claramente establecidos que todos los tenedores sin distingos podrán aplicarlos, a su valor nominal, al pago de las obligaciones.

            Es imperioso evitar actitudes especulativas que atenten contra la recaudación tributaria provincial, nacional o municipal y contra el interés de los particulares.

            Resulta un deber del legislador evitar que existan dudas sobre la aplicación de la norma y sobre todo que a partir de una ley se generan especulaciones económicas a consecuencia de los cuales seguramente la actividad productiva y el más débil terminarán siendo los máximos perjudicados.

            Que no resulta indubitado del articulado de la Ley 12.727 que los agentes de retención están obligados a recibir los impuestos mediante las “Letras (“PATACONES”) y “BONOS”, por lo que resulta necesario dejar este tema aclarado.

            Máxime que el número de quienes en nombre de la Provincia efectúan retenciones tributarias, ayudará a la circulación de esos títulos a su valor nominal.

            A título ilustrativo se acompaña nómina de agente de retención para la percepción del impuesto sobre los ingresos brutos.

            También corresponde incluir en cuanto a los obligados a recibir los títulos cancelatorios en cuestión, a las empresas y organismos prestatarios de servicios públicos, sean estatales o privadas, dentro del marco de la ley, ya que si bien la mayoría de ellas ha salido de la administración pública nacional o provincial, desarrollan una actividad cuya clientela es cautiva y constituye un servicio esencial para la población como el telefónico, agua corriente, energía eléctrica, transporte público, peaje, medicina prepaga, consejos profesionales, etc., de los cuales no se puede prescindir.

            Por todo ello, proponemos a los señores senadores acompañen el presente proyecto con su voto afirmativo.