FUNDAMENTOS DE LA

LEY 9834

 

I - INTRODUCCIÓN

Por medio de la presente Ley, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires pretende brindar un adecuado marco financiero a la política emprendida de racionalización y reducción del Sector Público.

El nivel de distorsión introducido en la economía Argentina por el desmesurado incremento de los gastos del Estado, ha llevado al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires a la convicción de que su reducción resultará ­esencial para sentar bases que posibiliten retomar el camino de un crecimiento económico armónico y sostenido.

A esta circunstancia de orden doctrinario, debe sumarse como condicionante de las previsiones contenidas en el Proyecto, la particular situación por la que atraviesa el erario provincial, que sin duda requiere la impos­tergable adopción de severas medidas de contención del gasto.

Todo lo anteriormente expuesto llevó al Poder Ejecutivo a ­centrar su atención en aquellas erogaciones susceptibles de ser redimensionadas en el corto plazo, de manera tal que las tareas indelegables a cargo del Estado puedan desenvolverse con un adecuado nivel de eficiencia y sin necesidad de acudir a una mayor presión tributaria.

 

II - SITUACIÓN PRESUPUESTARIA 1981

El desenvolvimiento presupuestario de la Provincia durante el Ejercicio 1981 tuvo ciertas características que han incidido significativamente en la política que enmarca la Ley de Presupuesto que se acompaña.

Las erogaciones corrientes en 1981 con relación al año ante­rior descendieron, en moneda constante, en un cuatro por ciento, mientras que ­los ingresos corrientes lo hicieron en un veintiún por ciento.

Esta situación originó durante 1981 que:


a.       Las erogaciones corrientes resultaran mayores a los ingresos corrientes generándose un ahorro negativo en el Sector Público de $ 0,6 billones. Este resultado de ahorro negativo sólo tiene como precedente en los úl­timos lustros el año 1975.

b.      Dadas las circunstancias señaladas, las erogaciones de capital, en especial trabajos públicos, se redujeron apreciablemente. Así, ellas descendieron a valores constantes con relación a 1980 en un cuarenta y ocho ­por ciento, lo que implicó el nivel absoluto más bajo de los últimos lustros.

c.       El ahorro corriente negativo y la necesidad de cubrir las erogaciones de capital, originaron un desequilibrio presupuestario de $2,6 billones. Este desequilibrio fue cubierto mediante el endeudamiento provincial con ­el Banco de la Provincia de Buenos Aires ($0,5 billones), el uso de ade­lantos transitorios con el mismo Banco ($ 1,2 billones) y el incremento de los libramientos impagos ($ 0,9 billones).

 

III - OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS PARA EL EJERCICIO 1982

La situación presupuestaria prevista, así como la convic­ción de que el sector público provincial se halla sobreexpandido lo que ha in­fluido para que el sector privado de la Provincia padezca una carga tributaria excesiva que incide negativamente sobre su rentabilidad y consecuentemente so­bre sus posibilidades de reactivación y crecimiento económico, determinaron la fijación de los siguientes objetivos para la formulación de la Ley de Presupuesto para el Ejercicio 1982.

- Reducir el nivel del gasto global.

- Incrementar el nivel real de las erogaciones de capital y en especial de trabajos públicos.

- No aumentar el nivel real de tributación provincial.

- Eliminar el déficit presupuestario y reducir el nivel real del endeudamiento de la Administración General.

El primer objetivo se fundamenta en la citada convicción de que una reducción del gasto global del sector público es esencial para apoyar la reactivación y crecimiento del sector privado provincial.

De esta forma se podrán alcanzar los objetivos de no incrementar la presión tributaria y de reducir el déficit fiscal. Esto contribuirá a aliviar al sector financiero y por lo tanto a reducir la tasa de interés real, al mismo tiempo que el nivel de impuestos provinciales será menor que el que hubiera resultado en ausencia de la reducción proyectada. Ambos efectos ­redundarán en beneficio del contribuyente y de la actividad privada provincial.

El segundo encuentra su justificaci6n en la necesidad de corregir la inconveniente composición del gasto público provincial que derivó de la inapropiada evolución presupuestaria durante 1981. En especial, el incremento en trabajos públicos se fundamenta en el hecho de que el nivel de estos gastos concretado en 1981 resultó ser muy bajo. Mantener un nivel tan reducido en relación a los logrados en los últimos lustros hubiera significado postergar antieconómicamente la utilización de recursos ociosos en los sectores contratistas de obra pública de la Provincia. Además, los niveles de inversión del año anterior hubieran resultado insuficientes para proseguir las obras ya contratadas a ritmos de ejecución razonables.

El tercer objetivo se justifica en la imposibilidad e inconveniencia manifiesta del sector privado de poder absorber incrementos tributa­rios. En realidad se tiene la convicción de que la carga tributaria real sobre ese sector debe ir disminuyendo significativamente, lo cual es un importante ­objetivo de mediano plazo del Gobierno de la Provincia.

En términos inmediatos no es posible avanzar más decididamente hacia niveles menores de presión tributaria ya que resulta necesario encontrar durante este Ejercicio un adecuado equilibrio entre este objetivo y ­los de incrementar el nivel real de trabajos públicos y de reducir el nivel del endeudamiento real. Una racionalización más profunda en el sector público provincial que permita eliminar o transferir al sector privado funciones o servicios que no resultan convenientes que los preste aquel sector, así como la reactivación económica de la Provincia, permitirán en plazos cortos reducir la presión tributaria sin que sea necesario disminuir el nivel de trabajos públicos o aumentar el endeudamiento.

El nivel de endeudamiento real de la Administración General, como derivación del desequilibrio presupuestario en 1981, alcanza niveles relativamente altos. Ello aconseja eliminar el déficit y reducir tal endeudamiento, lo cual fundamenta la adopción del último objetivo. Tal reduc­ción debe ser gradual, ya que de lo contrario se correría el riesgo de no 

satisfacer adecuadamente los dos objetivos anteriores.

 

IV – PRINCIPALES ASPECTOS DE LA LEY

Las erogaciones totales del Presupuesto de la Administración Central ascienden a $ 31,1 billones. A su vez si se adicionan las erogaciones correspondientes a la Dirección de la Energía (D.E.B.A.) y a la Dirección de Obras Sanitarias (D.O.S.B.A), ascienden a $ 34,9 billones.

Los mismos conceptos pero referidos a la ejecución 1981 alcanzan, a valores actualizados de 1982 por el índice de precios implícitos según las hipótesis de inflación adoptadas para la estimación de los recur­sos de este Presupuesto, a $ 35,6 billones y a $ 40,2 billones respectivamente.

La comparación entre los dos conjuntos de valores indica que a valores constantes el nivel global de erogaciones proyectado para 1982 resulta un 12,6 y un 13,1 por ciento menor respectivamente que el mismo nivel ejecutado en 1981. Esta importante reducción real,  que en ninguna medida ha significado un deterioro en la prestación de los servicios públicos, cuantifica el cumplimiento del primer objetivo citado, indicando que el sector público se reducirá en relación al conjunto de la economía de la Provincia. Más aún significará una reducción en el nivel de gasto público por habitante.          

 A efectos de obtener simultáneamente una reducción del ­gasto público global y un incremento de las erogaciones de capital en gene­ral y de trabajos públicos en especial, fue necesario modificar significati­vamente la estructura del gasto público del año anterior.

Así en valores constantes según el deflactor de precios implícitos, mientras las erogaciones corrientes sin D.E.B.A y D.O.S.B.A. ­descienden de un 15,6 por ciento (incluyendo esas Direcciones autárquicas el descenso es del 16,7 por ciento), las erogaciones de capital ascienden ­en un 11,0 por ciento (con esas Direcciones ascienden en un 2,9 por ciento). Esto lleva a su vez a que la participación de las erogaciones corrientes en el total del gasto asciende de 88,4 por ciento en 1981 a 85,3 por ciento ­(a su vez, de 81,9 por ciento a 78,6 por ciento incluyendo D.E.B.A. y D.O.S.B.A), mientras que la participación de las erogaciones de capital pa­sa de 11,6 a 14,7 por ciento (y de 18,1 a 21,4 por ciento, con la inclusión ya citada).

 En lo referente a trabajos públicos, las erogaciones por este concepto ascenderán en 1982 a $ 3,8 billones ($6,6 billones incluyendo D.E.B.A. y D.O.S.B.A.) mientras que en 1981 a valores de 1982 (con deflac­tor el Índice de la construcción) alcanzaron a pesos 3,3 billones ($5,7 billones incluyendo esas Direcciones). Esto representa incrementos en valores constantes del 17,7  y del 16,3 por ciento respectivamente.

La participaci6n de trabajos públicos en el total de las erogaciones pasa de 10,2 por ciento en 1981 a 12,4 por ciento en 1982. In­cluyendo D.E.B.A. y D.O.S.B.A. la participación pasa de 15,8 en 1981 a 19,0 en 1982.

Las cifras anteriores cuantifican el cumplimiento del se­gundo objetivo presupuestario. El incremento en las erogaciones de capital, en especial las de los trabajos públicos, se ha compatibilizado con la reduc­ción del gasto global,  básicamente a través de fuertes economías realizadas en ciertas erogaciones de carácter menos imprescindible.

Así en valores constantes, utilizando como deflactor índice de precios implícitos, el ­gasto en las partidas “Personal Planta Temporaria”, “Servicios Extraordinarios”, “Bienes y Servicios no Personales” y “Bienes de Capital” ha experimentado disminuciones del 42,5; 57,2; 23,0 y 25,5 por ciento respectivamente.


Comparando a valores constantes los niveles de los in­gresos corrientes entre 1981 y 1982 según deflactor de precios implícitos se observa un incremento de 2,3 por ciento excluyendo D.E.B.A y D.O.S.B.A y una reducción del 1,1 por ciento incluyendo esas Direcciones.

En relación a los ingresos corrientes de origen provincial la misma comparación arroja un incremento de 2,9 por ciento y una ­disminución de 2,3 por ciento respectivamente.

Estas dos últimas cifras, en especial la segunda se refiere al consolidado total, i.e. incluyendo D.E.B.A y D.O.S.B.A indica el cumplimiento del tercer objetivo citado, esto es, de no aumentar el nivel real de tributación provincial.

Por último cabe comentar, el esquema de ahorro e inversión de la Administración General que deriva de la Ley que se acompaña y se modifica significativamente la situación descripta previamente con re­lación al Ejercicio 1981. Así mientras los recursos corrientes ascienden a $ 30,2 billones, las erogaciones corrientes alcanzan a 26,5 billones, generándose en consecuencia un ahorro corriente positivo de $ 3,7 billones. El mismo, sumados a los ingresos de capital ($0,3 billones) y a los recursos que se obtienen de la Nación vía el Fondo Nacional de la Vivienda ($0,9 billones), permite disponer de recursos para financiar las erogaciones de capital por un valor de $ 4,9 billones, suma que resulta mayor que los $ 4,6 billones a que ascienden las erogaciones de capital de la Administración ­General, con lo cual se genera un superávit presupuestario de $ 0,3 billo­nes que representa a su vez el valor en que se reduce el endeudamiento re­al de esa Administración General, dando cumplimiento al cuarto objetivo establecido.