FUNDAMENTOS DE LA

 

LEY 9371

 

 

El Gobierno Bonaerense, a raíz de la suspensión de las normas que atribuían a órganos estatales la función de establecer tarifas para el transporte automotor de cargas, ha revisado integralmente las disposiciones que hacen al régimen general de la materia.

Los estudios realizados han mostrado la existencia de una abundante legislación que –a más de establecer la imposición estatal de tarifas-, regula aspectos del contrato de transporte en manifiesta superposición con la legislación de fondo, exige la intervención del Estado en la decisión de que trayectos han de servirse y como ha de hacerse, adopta recaudos que pretenden asegurar el cumplimiento de obligaciones laborales y civiles por los particulares y regla numerosos aspectos más, creando para su aplicación y control un complejo sistema administrativo.

Del análisis efectuando ha surgido la convicción de que es necesario replantear la política en la materia, suprimiendo la desmedida ingerencia estatal en cuestiones en que, por su naturaleza, la intervención oficial no solo contraría al rol subsidiario que debe desempeñar el Estado sino que entorpece y perjudica el desenvolvimiento de una actividad de gran importancia económica, con el lógico perjuicio para el bien público general que sí es obligación del estado tutelar.