FUNDAMENTOS DE LA

LEY 9230

 

La Ley 8596, llamada de racionalización administrativa, faculta al Poder Ejecutivo a dar de baja por razones de servicio al personal de planta permanente, temporario, transitorio, suplente, provisional, contratado o regulado por convenios colectivos de trabajo que preste servicios en la Administración Pública Provincial, dependiente del Poder Ejecutivo, organismos de la Constitución descentralizada y/o autárquicos, etcétera. Asimismo autoriza a la Suprema Corte de Justicia, a los Intendentes Municipales y al Directorio del Banco de la Provincia a hacer lo propio en sus respectivas jurisdicciones.

Por Ley 8961, se prorrogó la vigencia de la mencionada ley hasta el 31 de diciembre del corriente año, en concordancia con la Ley Nacional 21.703 que fijó el mismo plazo de prórroga para el orden nacional.

La reciente sanción de la Ley Nacional 21.915 que establece una nueva prórroga del régimen –esta vez hasta el 31 de diciembre de 1979- hace conveniente adoptar similar actitud en el orden provincial.

Por otra parte, debe señalarse que al aproximarse la fecha establecida en la Ley 8961 la Provincia de Buenos Aires ha logrado resultados satisfactorios en el plano de la racionalización de su administración, mediante la reducción d personal innecesario, eliminación de organismos, etcétera, lo que se traduce en mayores beneficios para los administrados desde el punto de vista de un prudente y racional criterio de utilización de los fondos públicos y de la eliminación de trabas burocráticas irritantes. No obstante los logros no son totales ya que la experiencia acumulada durante el año que finaliza, indica la necesidad de continuar aplicando la política emprendida en el año 1976.

Por lo expuesto se prorroga la vigencia de la Ley 8596 y sus modificatorias hasta el 31 de diciembre del año 1979.