DECRETO-LEY 8596/76
Dando de baja, por razones de servicio al personal de la Administración Pública Provincial dependiente del Poder Ejecutivo, organismos de la Constitución, descentralizados y/o autárquicos o Palacio Legislativo.
LA PLATA, 2 de abril de 1976.
VISTO lo dispuesto en el Acta para el Proceso de Reorganización Nacional y atento a las instrucciones emanadas del Ministerio del Interior, conforme a lo establecido en el artículo 10 de la Ley Nacional 21.274,
EL INTERVENTOR MILITAR EN LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
SANCIONA Y PROMULGA CON FUERZA DE
LEY
Texto Actualizado con las modificaciones introducidas por Ley 9512 y 9555.
NOTA: Ver Leyes: 9230, 10254 y 10544.
DECRETO 1088/79
Empleados públicos – Régimen de prescindibilidad – Texto Ordenado de la Ley 8596.
ARTÍCULO 1.- Apruébase el Texto Ordenado de la Ley 8596 (Racionalización Administrativa), con las modificaciones introducidas por las Leyes 8602, 8993, 9085, 9177 y prorrogado su vigencia por la Ley 9230.
RACIONALIZACIÓN ADMINISTRATIVA
ARTÍCULO 1.- Facúltase al Poder Ejecutivo, hasta el
31 de diciembre de 1979, a dar de baja por razones de servicio al personal de
planta permanente, temporario, transitorio, suplente, provisional, contratado o
regulado por convenios colectivos de trabajo, que preste servicios en la
Administración Pública Provincial dependiente del Poder Ejecutivo, organismos
de la Constitución, descentralizados y/o autárquicos o Palacio Legislativo.
ARTÍCULO 2.- Autorízase a la Suprema Corte de
Justicia de la Provincia, a los Intendentes Municipales y al Directorio del
Banco de la Provincia de Buenos Aires a aplicar en sus respectivas
jurisdicciones las disposiciones de la presente Ley.
ARTÍCULO 3.- Las bajas serán efectivizadas teniendo
en cuenta la necesidad de procurar un real y concreto proceso depurativo de la
Administración Pública Provincial, sin connotaciones partidistas o sectoriales.
ARTÍCULO 4.- El personal que sea dado de baja,
siempre que acredite una antigüedad mínima de seis (6) meses, tendrá derecho a
percibir una indemnización equivalente a un (1) mes de la última retribución,
asignaciones regulares y permanentes y remuneraciones adicionales, por cada año
de servicio o fracción no inferior a seis (6) meses, cumplido en la
Administración Pública Nacional, Provincial o Municipal pero su monto no podrá
exceder del equivalente al sueldo correspondiente a los agentes del
Agrupamiento Personal Administrativo clase III, previsto en el Régimen para el
personal de la Administración Pública de la Provincia, dependiente del Poder
Ejecutivo, por cada año de servicio computable.
ARTÍCULO 5.- La indemnización prevista en el artículo
anterior es excluyente de cualquier otra que por despido pudiera corresponder
al agente, no estará sujeta a ningún impuesto o gravamen y se abonará en cuotas
mensuales consecutivas iguales a la retribución a que se refiere el artículo 4°
de la presente. De exceder el número de años y fracción computables de seis
(6), el total del haber indemnizatorio se pagará en seis (6) cuotas iguales
consecutivas.
El Poder Ejecutivo, la Suprema Corte de Justicia, los Intendentes Municipales y el Directorio del Banco de la Provincia podrán reducir los plazos de pago establecidos en el párrafo anterior.
ARTÍCULO 6.- No tendrán derecho a indemnización los
agentes que se encuentran comprendidos en algunas de las situaciones
siguientes:
ARTÍCULO 7.- Quedará suspendido el reconocimiento y
pago de las indemnizaciones previstas en la presente Ley, al personal que a la
fecha de la baja se encontrara sometido a sumario administrativo y/o proceso
criminal en virtud de la imputación de delitos o infracciones que de alguna
manera fueran incompatibles con los requisitos y condiciones que deben observar
los agentes y funcionarios públicos hasta tanto finalicen las respectivas
actuaciones.
La condena en el proceso penal o la resolución administrativa firme que imponga la cesantía con causa o exoneración del agente implicará la pérdida del derecho a la indemnización.
ARTÍCULO 8.- El personal dado de baja de acuerdo con
las disposiciones de la presente Ley, no podrá reingresar a la Administración Pública
Provincial, Nacional o Municipal ni a ninguno de los organismos, empresas y
sociedades mencionadas en el artículo 1° de la Ley Nacional 21.274 y en el artículo
2° de la presente, durante los cinco (5) años subsiguientes ya sea como agente
permanente, transitorio, contratado, temporario, provisional o suplente.
Tampoco podrá hacerlo el personal dado de baja en jurisdicción nacional o
municipal de acuerdo a lo establecido en los artículos 1° y 2°.
ARTÍCULO 9.- (Texto según Ley 9555) El Poder
Ejecutivo podrá, en casos debidamente fundados, disponer excepciones a la
inhabilitación que establece el artículo 8°.
Los ex agentes cuyo reingreso fuere decidido por el Poder Ejecutivo, en uso de la atribución dispuesta en el párrafo anterior, dentro del plazo dispuesto en el artículo 8°, deberán reintegrar, en caso de haber sido indemnizados, la parte proporcional de la indemnización que corresponda al tiempo que le falta para cumplir los cinco (5) años.
Las sumas a reintegrar deberán actualizarse en forma proporcional al aumento del índice del nivel general de precios al consumidor producido entre el mes anterior a la percepción de la indemnización y el mes inmediato anterior a la fecha en que se disponga el reingreso.
ARTÍCULO 10.- Los importes de las indemnizaciones se
atenderán con las partidas presupuestarias a los que se imputen los haberes de
los agentes dados de baja o a los créditos que a tal efecto arbitrará el Poder
Ejecutivo, para lo cual queda facultado a disponer los pagos contra el
disponible del presupuesto de gastos del organismo respectivo.
ARTÍCULO 11.- Déjanse en suspenso, hasta el 31 de
diciembre de 1979, toda norma legal, Decreto-Ley, Decreto, Resolución, Convención
o Disposición de cualquier naturaleza que se oponga a lo dispuesto en la
presente Ley o que determine el pago de indemnizaciones distintas a las que
aquí se establecen.
ARTÍCULO 12.- Cúmplase, comuníquese, publíquese, dése
al Registro y “Boletín Oficial” y archívese.