FUNDAMENTOS DE LA LEY 14715
La presente iniciativa busca solucionar una conflictividad habitacional que tiene más de 25 años y viene perjudicando a varios centenares de familias de Lomas de Zamora, así como también al Estado de la provincia de Buenos Aires.
Este proyecto de ley a través del cual se declara de utilidad pública y sujetos a expropiación los créditos por saldo de precio derivados de los Convenios de Adhesión al Plan de Vivienda de “Odisa Obras de Ingeniería” S.A.C.C. e l., suscritos entre la misma y los adjudicatarios del Barrio 824 viviendas de la localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora.
Luego de la crisis de diciembre de 2001, los adjudicatarios de las viviendas sociales construidas en el citado complejo habitacional no pudieron hacer frente a los compromisos de pagos asumidos en su oportunidad con la empresa “Odisa Obras de Ingeniería” S.A.C.C. e l.
Ante esta situación y en el marco de la ley de Emergencia Económica, el estado provincial se vio imposibilitado de cumplir con el artículo 4 del Convenio 09-228-99 firmado entre “Odisa Obras de Ingeniería” S.A.C.C. e l. y el Instituto de Vivienda.
Así las cosas, la empresa “Odisa Obras de Ingeniería” S.A.C.C. e l. ha iniciado acciones judiciales contra los adjudicatarios morosos y el estado provincial, lo cual pone en riesgo la adjudicación de la vivienda de cientos de familias, ante la posibilidad de la ejecución y desalojo de las mismas.
En este contexto, es de aclarar que se construyeron 824 unidades funcionales con financiamiento compartido entre el Estado y la empresa “Odisa Obras de Ingeniería” S.A.C.C. e l., sobre inmuebles pertenecientes al Instituto de la Vivienda de la provincia de Buenos Aires. De dicho universo, se encuentran 308 viviendas cuyos adjudicatarios no han podido alcanzar la seguridad jurídica que otorga ser propietarios de las viviendas sociales que habitan.
Por otra parte, el hecho de que las familias que viven en estas propiedades no cuenten con sus escrituras trae aparejado una sensación de angustia que los hace tener temor hasta de salir de sus viviendas por miedo a que se las ocupen, o se ven imposibilitados de disponer de su propiedad dado que no pueden transferir sus propiedades, lo cual genera un negociado inmobiliario que perjudica el normal funcionamiento del barrio.
Es necesario destacar que por el hecho de que siga siendo el Estado provincial el titular de dominio de estas propiedades, ha traído aparejado un negocio judicial de algunos administradores que incentivan dentro del barrio a no pagar las expensas a las personas que habitan en este, para iniciar juicios al estado, de manera automática generando una verdadera industria judicial que perjudica cada día que pasa a todos los bonaerenses.
Por todos estos motivos que solicitamos que acompañen la presente iniciativa.