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Fundamentos de Motiva la presentación de este proyecto de ley la necesidad de legislar sobre una problemática por demás notoria y que está en un proceso de agravamiento constante, y que es la real situación de quebranto en que se encuentra el transporte público colectivo de pasajeros. Numerosos factores conllevan a esta realidad: El incremento de los costos operativos. Se encuentra reflejado en el fuerte aumento de los costos de explotación, derivados de reiterados aumentos en el precio de gasoil, donde las petroleras Repsol YPF y Shell -únicas proveedoras de gasoil para el sector- se han beneficiado con una injustificable transferencia de ingresos de esta actividad, a partir de una política de precios en los últimos años que no se correspondió con las oscilaciones de los precios internacionales del crudo. El perjuicio ocasionado a las empresas del transporte público automotor es de más de $ 125.000.000. Se suma a esto una acentuada presión tributaria, traducida en nuevos tributos nacionales y en la permanencia de gravosos impuestos provinciales que pone en peligro la continuidad de las prestaciones de este necesario sistema de transporte para la sociedad. Se agrega a esta situación la imposibilidad evidente de acceder, por la alta tasa de interés, a una adecuada línea de asistencia crediticia y la obligación de tener que renovar obligatoriamente el parque automotor, en aquellos vehículos que cumplan diez años de antigüedad. El transporte clandestino. El servicio público de pasajeros se presta en nuestra Provincia bajo la regulación estatal. La proliferación de empresas de transporte clandestinas tiene como gran responsable al Estado, que ha omitido en el cumplimiento de sus deberes de regulador. La permanencia en el tiempo de este tipo de actividades al margen de la ley, conspira contra la vigencia del Estado de Derecho, porque termina favoreciendo a aquellos inescrupulosos que bajo el manto de impunidad y la complicidad de algún funcionario, perjudican tanto a los buenos empresarios así como a los usuarios del servicio. Este ejercicio del comercio al margen de las normas que reglan el ejercicio del transporte público, siguen provocando graves pérdidas económicas a los legítimos operadores regulares del servicio público, ocasionando graves perjuicios al Estado y a la comunidad toda, por la evasión tributaria que impunemente generan y atentando contra la estabilidad en el empleo de los trabajadores del transporte que todavía conservan sus puestos de trabajo, hoy seriamente amenazados por quienes al ejercer su práctica ilegal violan leyes laborales y previsionales, cuyo cumplimiento estricto se exige rigurosamente a los prestadores legítimos de este servicio público. Coopera con esta crisis el transporte de pasajeros en vehículos de menor porte, tales como charters, minibuses, combis, etcétera. Es de público conocimiento los inconvenientes sufridos por los usuarios de este tipo de servicios de transporte público: falta de regularidad en los horarios estipulados, roturas causadas por el escaso mantenimiento de las unidades en circulación, viajes de larga distancia con pasajeros parados, etcétera. Ya en el marco estrictamente jurídico, este tipo de transporte funciona sin una regulación real, otorgándose autorizaciones precarias, utilizando las figuras establecidas por el Decreto-Ley 16.378/57 para regular los servicios de excursión o turismo, conjugándose en algunos casos ambas formas de transporte. Considerando que es política del Estado la desregulación y la libre competencia como modo de reactivación económica y el respeto a los derechos del consumidor, se impone regular este tipo de transporte. Los objetivos del presente
proyecto. Esta iniciativa legal se fundamenta en el sentido de dar una
respuesta al futuro del servicio de transporte público colectivo de
pasajeros. El proyecto propone una exención del pago del impuesto a los
ingresos brutos y de sellos por el período de 36 meses y facultar al Poder
Ejecutivo a realizar convenios con Asimismo y convencidos de que el transporte clandestino es causal directa del quiebre económico del sector, dado que genera competencias desleales y situaciones de riesgo a los viajeros que los utilizan, proponemos la conformación de un comité de concertación para analizar con la celeridad que el caso impone la proliferación de estos tipos de transportes, insertos en la economía informal, y elaborar y proponer la ejecución de las medidas necesarias a fin de combatir la modalidad ilegal en el transporte público. Respecto de la oferta de los servicios tipo charters, se entiende que debería encontrarse un adecuado procedimiento de regulación donde se asegure las condiciones mínimas de legalidad, seguridad, responsabilidad y competencia que requiere el transporte público. Paralelamente, y en el sentido de asegurar al usuario una prestación eficiente exigimos a las empresas la suscripción de un acta compromiso público y en reciprocidad a estas medidas, donde se asegure una mejor calidad del servicio, con una adecuada orientación de las inversiones en infraestructura y equipamiento, con seguridad, preservando la calidad ambiental y una optimización de la estructura tarifaria. En virtud de todo lo expuesto y a la espera que este proyecto sea una herramienta para la evaluación y la definición de políticas de transporte, en el marco de un proceso integrado de análisis, participación y cooperación institucional, solicito la aprobación del mismo. |