Fundamentos de la

Ley 14537

Expte. D-3376/12-13

El presente proyecto de ley tiene por finalidad modificar la Ley 13.298 de Promoción y Protección Integral de los Derechos del Niño, respondiendo a “la necesidad de armonizar la legislación sobre violencia familiar con la normativa nacional y local en materia de protección integral de los derechos del niño y el adolescente, vigentes en la Provincia”[i][i]. En tal sentido, se encuadra la actuación de los organismos administrativos, en el acompañamiento y articulación de medidas de protección, en el marco de un proceso dirigido por un juez, a la vez que se impone la intervención directa del órgano judicial ante situaciones de maltrato de niños y adolescentes provenientes del ámbito intrafamiliar.

            Tal como señalan las juristas Herrera y Famá, el maltrato infantil involucra dos ejes normativos: las leyes de violencia familiar y las de protección integral de derechos de niños y adolescentes. Por tal motivo resulta fundamental armonizar la normativa vigente a efectos de “maximizar los recursos legales e institucionales existentes cuando se trabaja con el maltrato infantil”[ii][ii].

            Dado que el maltrato infantil frecuentemente se produce en el ámbito intrafamiliar, parece acertado abordar la problemática desde un aspecto integral, a efectos de maximizar los recursos legales e institucionales, de modo de evitar la revictimización que sufren los niños y adolescentes como consecuencia del sometimiento a un proceso mixto de carácter administrativo y

judicial que, en la práctica, se traduce en posposición de soluciones adecuadas y extensión innecesaria de la vulneración de los derechos en el tiempo.

En consonancia con lo antedicho, la doctrina señala la necesidad de “erradicar prácticas judiciales o administrativas revictimizantes -en particular, en situaciones de violencia intrafamiliar- mediante las cuales, sin adoptarse las medidas necesarias para garantizar efectivamente el alejamiento del agresor, sea el niño quien termine separado de su grupo familiar”[iii][iii].

            La reforma propuesta viene a armonizar las reformas de la Ley 13.298, cuyo artículo 35 inciso h) fuera modificado por Ley 13.634, disponiendo la comunicación obligatoria al juez y al asesor de incapaces de todas las medidas de permanencia temporal en ámbitos familiares alternativos o entidades de atención social y/o de salud, adoptadas en sede administrativa. En el mismo sentido, la reglamentación, establecida por Decreto 300/2005 (art. 21 inciso 2), obliga a denunciar a quienes desde el ámbito público o privado tomen conocimiento de toda situación en la que resulte víctima de violencia familiar un niño, niña o adolescente, en coincidencia con lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley 12.569 -de violencia familiar-.

            El intento armonizador radica en establecer la intervención directa del órgano judicial en situaciones de violencia, reconociendo a la Justicia como autoridad competente para dictar medidas apropiadas para paliar situaciones (ej. exclusión del agresor), cuidando proteger el interés superior del niño; “(…) tanto por tratarse de verdaderas medidas cautelares -de neto corte judicial- como para evitar una superposición de funciones, con la disfuncionalidad y desgaste de recursos materiales y humanos que ello provoca (…)”[iv][iv].

De esta manera, será el juez a cargo del procedimiento, quien coordine la actuación de los órganos administrativos, dentro de las facultades que les otorgan las leyes de protección y violencia familiar.

Coincidimos con la doctrina, cuando señala que los recursos materiales constituyen un obstáculo para la implementación del sistema de protección, pero que “(…) muchísimo más grave aún es el desperdicio o mal gasto de los recursos ya existentes, no solo materiales sino humanos. Porque falta comunicación, coordinación y puesta de objetivos comunes entre los diversos operadores jurídicos (sean administrativos, judiciales, policiales) solo provoca una intervención deficiente y deficitaria; que perjudica y victimiza institucionalmente a quienes debe garantizar el goce y disfrute de sus derechos: los niños”[v][v]

            Por los motivos expuestos, creemos preciso modificar el artículo 37 vigente, a efectos de establecer la protección del menor no solo ante abusos que afecten su integridad física, sino también la psíquica, moral, sexual y/ libertad del mismo; mientras que en el artículo que se incorpora creemos necesario instituir un procedimiento tendiente a evitar un proceso mixto revictimizante, ampliar la obligación de denunciar a representantes legales, a los obligados por alimentos, a los Servicios Locales de Promoción y Protección de Derechos y al Ministerio Público, como así también a quienes se desempeñan en organismos asistenciales, educativos, de salud y de justicia y en general, a quienes desde el ámbito público o privado tomen conocimiento de situaciones de violencia familiar; definir qué se entiende por “grupo familiar”, incluyendo no solo al originado en el matrimonio, sino también al originado en uniones de hecho o relación concubinaria, aún en los casos que ésta funcione con la característica de estabilidad, y a los ascendientes, descendientes, colaterales y/o consanguíneos y a convivientes o descendientes directos de algunos de ellos, y habilitar la posibilidad de denuncia verbal o escrita.

            Por lo expuesto es que solicito a los señores legisladores, apoyen con su voto el presente proyecto de ley.

D-3854/12-13

                        Se somete a consideración de Vuestra Honorabilidad el proyecto de ley que se adjunta para su sanción, a través del cual se modifican los artículos 18, 19, 33 y 35 de la Ley 13.298, y se incorpora el artículo 35 bis, todo ello con la finalidad de compatibilizar el Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, con el procedimiento de adopción legislado en la Ley de Procedimiento de Adopción Provincial.

            Este proyecto reconoce como antecedente su similar Exp. D-2022/11-12 aprobado por esta H. Cámara el 22 de septiembre de 2011, al igual que el proyecto D-2020/11-12 -al cual complementa-, obtuvo media sanción unánime de la cámara baja. En el mismo orden, se insiste con el proyecto tendiente a compatibilizar el Sistema de Promoción y Protección Integral de los Derechos de los Niños con la legislación de adopción, siguiendo los trazos establecidos por el Proyecto Nacional de Reforma del Código Civil, tal como se describe a continuación, independientemente de su viabilidad jurídica autónoma.

            En primer lugar, se establece el plazo de ciento ochenta días para la duración de las medidas de protección. Con esto, se equiparan los plazos del sistema de promoción y protección con los establecidos para la adopción, tanto en el proyecto de reforma nacional como en el proyecto provincial expediente…*. A su vez, se cumple con la directriz emanada de las conclusiones de las Jornadas sobre “Nuevas normativas para el procedimiento de adopción de niñas, niños y adolescentes”.

organizadas por la Honorable Cámara de Diputados Provincia de Buenos Aires. Observatorio Social Legislativo, según la cual resulta necesario el establecimiento de un plazo específico de duración de las medidas de protección.

            Al vencimiento de los plazos, deberán proceder de acuerdo con lo establecido en la ley de adopción. Allí se encuentran delineadas las facultades y las obligaciones que tienen los servicio sen los procesos de declaración de situación de adoptabilidad y adopción propiamente dicho, y en el trámite de guarde con fines de adopción.

            En cuanto a la medida que implica la permanencia temporal del niño en ámbitos familiares alternativos o entidades de atención social y/o de salud, se regula expresamente la figura del Abrigo.[vi][vi] Se establece que la medida, adoptada en sede administrativa, deberá contar con el control judicial de legalidad correspondiente, medie o no consentimiento de los progenitores del niño, tal como fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires, el 6 de junio de 2012.[vii][vii]

            El establecimiento del plazo máximo de duración del abrigo en 180 días implica una reforma sustancial al sistema de promoción y protección; pues no solo impone al organismo administrativo y judicial la pronta resolución de la situación de adoptabilidad de los niños, sino que cercena toda posibilidad de prolonga la institucionalización del niño, niña o adolescente a través de figuras alternativa.[viii][viii]

            Por último, el proyecto prevé que para los casos en que la amenaza o violación de derechos de los niños provenga de situaciones de violencia intrafamiliar, el organismo administrativo deberá dar inmediata intervención al juez de Familia para que sea éste quien tome las medidas correspondientes. Pues en estas situaciones la protección de los niños demanda una intervención judicial efectiva, por ejemplo a través de exclusión del hogar del agresor, supuesto que excede las facultades administrativas.

            Atento las modificaciones sustanciales que se proyectan en el presente, deviene necesaria la modificación del decreto reglamentario, a fin de ajustar dicha norma con lo aquí propuesto.

            En suma, este proyecto de ley complementa a la Ley de Procedimiento de Adopción y guarda su espíritu, orientado a garantir el derecho de los niños y adolescentes a vivir en una familia, sean o no la de origen.

            A méritos de las consideraciones vertidas es que se solicita de ese Honorable Cuerpo la pronta sanción del proyecto adjunto.

            Dios guarde a Vuestra Honorabilidad.