FUNDAMENTOS DE LA LEY 14668
El presente proyecto de ley tiene por objeto declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el ex destacamento de Lomas del Mirador donde, según la causa judicial, el joven Luciano Arruga fue detenido y golpeado con brutalidad por efectivos de la Policía Bonaerense en razón de su negativa a colaborar con robos organizados por la propia fuerza. El bien expropiado, junto a sus instalaciones, será transferido al dominio de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza para ser afectado al funcionamiento del espacio de memoria Luciano Arruga.
Actualmente, y partir de 28 de diciembre de 2011, se efectivizó el cierre del destacamento preventivo en un acto oficial del que participaron el presidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, Pablo Pimentel, la hermana de Luciano, Vanesa Grieta, y el intendente Fernando Espinoza. Ese logro obtenido por los familiares y amigos de Luciano Arruga, que lucharon durante más de 4 años -y siguen luchando- para llegar a la justicia y la verdad, aún no tiene consolidación legal en términos de propiedad. De ahí la razón del presente proyecto de ley.
La detención de Luciano en este ex destacamento situado entre los barrios humildes 12 de Octubre y Santos Vega ocurrió en septiembre de 2008, cuatro meses antes de su desaparición; en ese intermedio, fueron constantes las persecuciones, hostigamientos y amenazas de muerte por parte de la Policía. Dicha detención fue doblemente ilegal. En primer lugar, porque un menor de edad no puede permanecer detenido en ninguna comisaría; en segundo lugar, porque, a pesar de que el ex destacamento de Lomas del Mirador no estaba habilitado para el alojamiento de personas, son numerosos los testimonios que confirman su funcionamiento como lugar de detención. A partir de la intervención del abogado Juan Manuel Combi y de Pablo Pimentel, en las actuaciones judiciales se logró secuestrar el libro de guardia del destacamento de Lomas del Mirador -cuya pericia arrojó que presentaba hojas adulteradas con tachaduras, enmiendas y borraduras y rastrillar el destacamento, el patrullero y el descampado- lo que arrojó en todos los casos resultados positivos con rastros de presencia humana.
Cabe recordar que esta ex dependencia policial fue construida a instancias de la asociación VALOMI (Vecinos en Alerta por Lomas del Mirador), que, motivados por una secuencia de hechos delictivos en la zona, exigieron mayor presencia policial.
Genera, entonces, más bronca y más dolor la información de que en este ex destacamento pudo haber tenido lugar otra de las prácticas de violencia policial dirigidas a menores de edad de los sector es vulnerables, que no son inusuales en la provincia de Buenos Aires.
En abril de 2009, ocho agentes policiales pertenecientes al destacamento y sospechados de haber cometido la desaparición fueron pasados a disponibilidad por decisión del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Provincia de Buenos Aires pero luego de unos meses fueron reincorporados a comisarías de otras jurisdicciones.
Recién en enero del corriente año, un día después de cumplirse 4 años sin Luciano, estos ocho policías fueron pasados nuevamente a disponibilidad.
A lo anterior, es importante agregar las amenazas sufridas por distintos testigos que declararon en la causa, así como también por el hermano de Luciano, Mario Alegre, quien durante agosto de 2012 fue sorprendido, increpado y empujado en plena vía pública por un policía de civil y otro de uniforme. Si bien durante el amedrentamiento los policías no hicieron alusión al caso, la familia sostiene que este ataque está relacionado con la desaparición de Luciano. Los hechos fueron denunciados por la familia de la víctima y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) ante la Fiscalía No 9 de La Matanza. Además, y también durante el año pasado, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos fue víctima de robo de documentación en su sede de La Matanza. Finalmente, hay que recordar que, por la desaparición de Luciano Nahuel Arruga, el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas, en junio de 2010 y a raíz de un reclamo de la Comisión Provincial por la Memoria, receptó el caso en su informe CRC/C ARG/CO/3-4, e instó al Estado a concluir la investigación en forma exhaustiva e imparcial sobre las denuncias de desaparición forzada de conformidad con la Convención sobre los Derechos de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.
La desaparición forzada de personas es uno de los más graves delitos contra los derechos humanos. Si luego de casi cinco años de la desaparición de Luciano, el Poder Judicial manifiesta gran incapacidad para esclarecer lo sucedido, nosotros, como representantes del pueblo de la provincia de Buenos Aires, no podemos ser cómplices silenciando el caso.
Desde hace diez años, los gobiernos de Néstor y Cristina vienen recuperando la política como herramienta de transformación de la sociedad. En materia de Derechos Humanos, han implementado medidas fundamentales como la creación del Archivo Nacional de la Memoria, la transformación de la ESMA en el espacio para la memoria y para la promoción y defensa de los derechos humanos, la localización y señalización de más 500 centros clandestinos de detención, la declaración de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, entre muchas otras. Sin embargo, aún sobreviven en ciertos sectores lógicas represivas, reñidas con la democracia y los derechos humanos, y apañadas por la impunidad de algunos jueces y fiscales que protegen a las fuerzas de seguridad denunciadas.
El caso de Luciano podría haber sido, como lo hemos dicho otras veces, el de cualquier pibe pobre del conurbano. Desde nuestro espacio, en línea con el indeclinable compromiso con los derechos humanos que siempre expresó nuestro gobierno nacional, hemos impulsado un pedido de informes en relación con el caso de Luciano -que fue contestado parcialmente y un proyecto de repudio ante las amenazas realizadas a Mario Alegre, que fue aprobado sobre tablas. Asimismo, la diputada Pan Rivas ha presentado un proyecto que solicita declarar de interés provincial el inmueble del ex destacamento en cuestión, proyecto que también fue aprobado. Como parte de una fuerza política en la que militan miles de pibes de la edad de Luciano, que viven en barrios como en el que vivía él, nos vemos obligados a continuar trabajando por el esclarecimiento y la reparación de esta causa.
El 19 de noviembre de este año, el equipo argentino de Antropología Forense comenzó con los trabajos de excavación en el ex destacamento, donde el joven fue visto por última vez con vida. Era uno de los reclamos que venía impulsando la familia, su abogado y el CELS. Del otro reclamo, que exige la expropiación del lugar para un espacio de memoria, pretende ocuparse esta iniciativa.
Por estas razones, solicito la aprobación del presente proyecto a mis pares legisladores.