FUNDAMENTOS DE LA LEY 15635
Se somete a consideración esta iniciativa para su sanción, la cual reproduce el expediente de mi autoría E 261-24/25, que ha sido aprobado por esta Honorable Cámara (18-09-2024) y que, no habiendo tenido tratamiento en la Honorable Cámara de Diputados, ha perdido vigencia.
A través del presente se establece la capacitación obligatoria en la temática de Derechos Humanos para todas las personas que se desempeñan en la función pública, en todos sus niveles y jerarquías, en el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, incluyendo la Defensoría del Pueblo y el Honorable Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires.
El fortalecimiento de nuestro sistema democrático está estrechamente vinculado a la calidad de la información y la capacitación sobre políticas públicas que estén fundadas en los principios y disposiciones de las normas nacionales e internacionales de Derechos Humanos, reconociendo que dicha fortaleza recoge el legado de los organismos de Derechos Humanos y el camino que el Estado ha trazado en torno a la Memoria, la Verdad y la Justicia.
La legislación relativa a los Derechos Humanos se ha ido especializando respecto a los temas que aborda y a los grupos sociales que precisan del reconocimiento y protección del Estado. Se han ampliado derechos у mecanismos de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, las personas con discapacidad, las mujeres y las diversidades, los/as migrantes y los pueblos indígenas; y hacia cuestiones como la discriminación racial, la tortura, y las desapariciones forzosas. Estos mecanismos instan a los Estados a adoptar medidas positivas para facilitar la realización de los derechos consagrados y les exige trabajar desde un enfoque preventivo y transformador.
El ejercicio de la memoria, la búsqueda de la verdad y la construcción de justicia en nuestro país tiene mucho de conquista histórica que se ha dado y se sigue dando en las calles, los territorios, en las leyes y las instituciones. La acción incansable de las organizaciones de Derechos Humanos, las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y otros actores sociales y políticos, han generado las condiciones para mantener siempre viva la memoria y seguir adelante con el pedido de justicia.
Estas conquistas han tenido un largo recorrido, donde el Estado ha jugado un rol decisivo. Desde la restauración democrática, ha dado importantes pasos para que se
esclarezca y se haga justicia sobre lo que sucedió en la Argentina entre 1976 у 1983: el informe de la CONADEP; el Juicio a las Juntas; las leyes reparatorias y su ampliación; la derogación de las leyes que garantizaban la impunidad de los crímenes de lesa humanidad; la reapertura de los juicios de lesa humanidad, y muchas otras políticas públicas de memoria orientadas a reconocer y reparar el daño, transmitir y valorar el pasado para la reivindicación y dignidad de las víctimas y la promoción de una cultura de derechos humanos y democracia orientada a la no repetición de los hechos.
De esta forma, el Estado argentino asume sus responsabilidades impulsando políticas de memoria, verdad y justicia, y forjando un proceso de consolidación institucional basado en el diseño y la implementación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos.
Ha habido también importantes conquistas en materia de otros derechos humanos y en políticas contra la discriminación, pero debemos ser categóricos en declarar que, a la vez, las deudas en el efectivo ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, cuya vulneración parece profundizarse de modo generalizado y sistemático, son enormes. Aquí las responsabilidades del Estado son claras y exigen respuestas concretas.
Existen, además, antecedentes del Derecho Internacional muy claros respecto a las condiciones necesarias para el real ejercicio de los derechos humanos, que apuntan a su transversalidad en todos los poderes y niveles jurisdiccionales de la institucionalidad estatal.
Los fundamentos de Declaración Universal de Derechos Humanos (DUDH) han contribuido de manera decisiva en la conformación de un marco universal para la promoción y protección de los Derechos Humanos a nivel mundial. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, han sido instrumentos claves para profundizar los derechos consagrados por la DUDН, haciendo que éstas sean efectivamente vinculantes para los Estados que los han ratificado. En efecto, la defensa y protección del derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, el derecho al trabajo, a la seguridad social y a la educación, entre otros derechos que apuntan a garantizar la vida digna en condiciones de igualdad, son una responsabilidad ineludible de los Estados.
De las declaraciones y tratados del sistema internacional de Derechos Humanos se desprende un aspecto fundamental: que cada persona tiene el derecho a conocer sus derechos. La comprensión de los derechos, poder identificarlos, reconocerlos para poder respetarlos, exigirlos y ejercerlos, se convierte en una precondición esencial para el ejercicio de la ciudadanía en el contexto de una sociedad democrática. Pero ese
reconocimiento no es automático, ni el conocimiento de los derechos puede librarse a la acción individual. Por el contrario, requiere de un Estado activo que realice acciones propositivas. En este sentido, una de las acciones de promoción más importantes es la educación en Derechos Humanos. Desde la adopción de la Declaración Universal, la Asamblea General ha pedido reiteradamente a los Estados Miembros y a todos los sectores de la sociedad, que difundan este documento fundamental y faciliten el estudio de su contenido.
Por su parte, en la Conferencia Mundial sobre los Derechos Humanos de 1993 también se reafirmó la importancia de la educación, la capacitación y la información pública, sosteniendo que la educación en la esfera de los Derechos Humanos no debe circunscribirse al suministro de información, sino que debe constituir un proceso integral que se prolongue toda la vida, incluyendo a todas las personas de todos los estratos de la sociedad, para conocer y comprender la importancia del respeto a la dignidad humana. Respecto a esto, el Programa Mundial para la Educación en Derechos Humanos, la define como el conjunto de actividades de capacitación, difusión e información encaminadas a crear una cultura universal en la esfera de los Derechos Humanos.
Como puede observarse, los Derechos Humanos entendidos como un conjunto de derechos legitimados por la comunidad internacional, constituyen el encuadre conceptual para la promoción y el fortalecimiento de una cultura democrática y también para la implementación de políticas públicas. Representa un sistema coherente de principios, pautas y estrategias vinculadas a la igualdad y la no discriminación, la participación y espacios de poder para los sectores postergados y excluidos, y los mecanismos de responsabilidad horizontal y vertical respecto de su cumplimiento.
Estos antecedentes, instan al desarrollo de nuevas estrategias públicas que hagan énfasis en el marco del enfoque de derechos, ya que es una herramienta imprescindible que permite articular teoría con práctica. Si el Estado asume como responsabilidad primaria reconocer, proteger, garantizar y difundir derechos, esto se traduce en un campo de poder para los y las titulares de los mismos, comprometiendo así el reconocimiento de la relación que existe entre el derecho, el empoderamiento de sus titulares, la obligación correlativa y la garantía de efectivización por parte del Estado. De acuerdo con el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, la República Argentina, como todos los países que son miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA), se encuentra obligada a ejercer el denominado control de Convencionalidad desde el precedente Almoracid Arellano Vs. Chile (2006). Dicho control debe ser ejercido por toda autoridad pública de acuerdo con Gelman Vs. Uruguay (2011), lo que implica que toda autoridad pública debe conocer los estándares que
define la Corte Interamericana de Derechos Humanos cuando aplica los tratados internacionales que Argentina ha decidido ratificar y por lo tanto respetar. En efecto, resulta indispensable que las autoridades políticas de los tres poderes del Estado se encuentren capacitadas para ejercer el mencionado control de convencionalidad y evitar así futuros incumplimientos de dichas obligaciones que emanan de nuestros tratados internacionales jerarquizados con la reforma constitucional de 1994.
Cabe agregar, que algunos datos acerca de la falta de conocimiento del control de convencionalidad arrojados por investigaciones recientes son alarmantes. Por ejemplo, la investigación Lomas CyT publicada por la Revista Científica Anales de la Universidad Nacional de La Plata concluye: "nos encontramos con que existe un importante desconocimiento en Argentina de la obligación internacional de ejercer el citado control de convencionalidad por parte de los actores del sistema, quienes devienen, precisamente, en los sujetos activos obligados a ejercer dicho control. La afirmación precedente, se basa en la comprobación de que más del 60% de los encuestados respondieron equivocadamente la pregunta sobre la autoridad encargada de realizar el control. Resulta, por otro lado, especialmente notable verificar en el Poder Judicial la escasa aplicación de este control en las sentencias judiciales que fueron analizadas por este equipo".
Recientemente, otra publicación del mismo equipo de investigadores marca el déficit de formación de los/as funcionarios/as de la administración pública, en especial de los/as abogados/as. Puntualmente, señala que "se ha verificado también la ausencia de la enseñanza y formación de abogados en la temática. Circunstancia que resulta preocupante dado que la mayoría de los abogados que se desempeñan como autoridades públicas no han sido formados en materia de derechos humanos (...) Para comprobar este cuadro de situación el equipo relevó los planes de estudios de grado de las Universidades Nacionales que más abogados forman, relevando 26 planes de estudios en los que se ha incorporado la formación en derechos humanos, aunque no figura en ellos una formación específica en materia de control de convencionalidad o estándares internacionales de derechos humanos".
Todo ello da cuenta de que el cuadro de situación es preocupante y resulta necesario dotar a los/as funcionarios/as de los tres poderes del Estado de los conocimientos necesarios en materia de Derechos Humanos que permitan garantizar el cumplimiento de los compromisos internacionales que la República Argentina ha asumido para respetar la dignidad humana.
Desde la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos (RIDDHH) dependiente de la Comisión de Relaciones Institucionales del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), las universidades públicas argentinas desarrollan políticas y prácticas de
derechos humanos orientadas a garantizar su transversalidad en la oferta académica, y en las actividades de investigación, extensión y cooperación de los distintos campos disciplinares.
En el Acuerdo Plenario 1169/22 del CIN de abril de 2022, se sostuvo que "asumir una perspectiva de derechos humanos en la formación de las futuras generaciones de personas egresadas de las universidades públicas, implica desnaturalizar la producción de saberes, la circulación y la distribución.
Implica, a su vez, poner a disposición un patrimonio cultural comunitario comprometido con la igualdad, la justicia, la no discriminación y la solidaridad que entrame la tarea formadora de las universidades con los contextos sociohistórico- políticos en personas egresadas que ejercerán sus prácticas profesionales". En efecto, "incluir en las agendas de las políticas de formación universitaria la perspectiva de los derechos humanos como contenido de enseñanza, se torna un núcleo de sentidos necesario y relevante tanto en la lucha por la defensa y ampliación de los derechos humanos, como en la consolidación del potencial crítico que ha caracterizado a nuestras instituciones en la formación de ciudadanías universitarias sustantivas".
La Red Interuniversitaria es una de las instituciones que no sólo ha dado impulso a este proyecto de ley, sino que ha colaborado en nutrirlo, pues entiende que la formación universitaria en derechos humanos debe extenderse y cooperar con la política pública para que el Estado Nacional promueva la no discriminación, la igualdad y la inclusión, abogando por la consolidación del sistema democrático.
Sin adentrarnos en los pormenores del proyecto de ley, que serán considerados oportunamente durante su tratamiento legislativo, creemos importante señalar que el núcleo de contenidos curriculares mínimos y comunes a todas las jurisdicciones establecido en el artículo 4, tiene razón y fundamento en la Constitución Nacional, en la Constitución Provincial, y en los Tratados de Derechos Humanos.
Por todo lo expuesto, y considerando primordial avanzar hacia compromisos como los que propone el presente proyecto de ley, es que solicito a este Honorable Cuerpo de senadoras y senadores me acompañen en la presente iniciativa.