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Fundamentos de A más de veinte años del comienzo de la última dictadura militar, la sociedad argentina sigue demostrando claramente su férrea voluntad de conseguir justicia, conocer la verdad y construir la memoria colectiva para transmitirle a las futuras generaciones las lecciones y legados aprendidos dolorosamente en nuestra historia reciente. La apertura pública de los
archivos que pertenecieron a la ex Dirección de Inteligencia de En esos documentos guardados en ficheros y carpetas de madera también se encuentran importantes huellas para comprender buena parte de la historia social y política de la provincia de Buenos Aires. Una historia muchas veces sombría, plagada de autoritarismo, represión, dolor y desencuentro. La asunción por quinta vez consecutiva de autoridades electas democráticamente marca claramente una ruptura con ese pasado. Pero, al mismo tiempo, renueva el mandato de la preservación de la memoria para que nunca más se repitan hechos de esa naturaleza y para que el autoritarismo sea realmente patrimonio de un país que ya no existe. Vivimos un tiempo histórico en el que sobrevivientes y testigos directos de la represión saben que deben preparar el legado para las generaciones venideras: las narraciones y los archivos, los símbolos y los ritos, los museos y las imágenes. Cómo transformar la destrucción masiva, el trauma, en conclusiones que puedan ayudar a las nuevas generaciones a encontrar nuevos caminos. Cómo encontrar que dentro del dolor se encuentre un espacio para que la tragedia no se mantenga en un presente continuo sino que se transforme en lecciones para el presente y para el futuro. El Estado tiene el deber de hacerse cargo de esa vocación de la sociedad como legitimador, como garantía de cohesión social y continuidad histórica, Porque de la lectura de esas memorias surgirá la identidad de un país y, en nuestro caso, la de nuestra Provincia. Esa tarea legitimadora y unificadora del Estado no podría llevarse adelante si las distintas organizaciones de la sociedad civil no se apropian de ese mandato y ese espacio. Un espacio que debe ser ocupado, indudablemente, por los organismos de derechos humanos, precursores en la lucha por la defensa de la vida y la búsqueda de la verdad y depositarios de la confianza de la sociedad como constructores de la memoria colectiva. Pero del que tampoco puede estar ajena la universidad, organizadora de los sentidos y los saberes que se encontrarán en la documentación, los archivos, los relatos, como fuente de experiencia y de verdad histórica. Ni los representantes de distintas organizaciones de la sociedad civil, iglesias, partidos políticos, organizaciones gremiales, en una representación transparente y democrática de los diferentes espacios interesados en la búsqueda de la verdad y la justicia y la preservación de la memoria. No es cierto que solo recordando el pasado se está libre de repetir viejos errores y tragedias. La historia del mundo y las guerras del presente son una demostración cabal de lo inexacto de ese axioma. La cuestión es qué utilización se hace de esa memoria como ciudadanos. Cómo se forjará cada mujer y hombre su memoria de aquello que no vivió, pero que dan el sentido a un presente y un futuro en común como parte de la humanidad. Los jefes de la última dictadura
militar en Entre las lecciones que nos legó nuestro pasado, entonces, se encuentra en un lugar fundamental la necesidad de preservar que no pueden volver a repetirse hechos de autoritarismo e intolerancia, que la sociedad democrática tiene el deber del consenso y de la construcción en conjunto de políticas de estado. La preservación
de la memoria colectiva compromete a todas las fuerzas vivas de la sociedad,
a todos los partidos políticos y a todos aquellos que optaron claramente por
vivir en un país democrático. Porque esa es la única manera de que nunca más
el terrorismo de estado, la intolerancia y la violencia reinen en Es por estas razones que impulso
la creación mediante ley de |