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Fundamentos de la Ley 11275
En la actualidad, en las sociedades más avanzadas del mundo, existe un consenso generalizado que indica la centralidad y la prioridad que adquiere el conocimiento especializado, científico y tecnológico, como fuente principal de crecimiento y desarrollo, tanto de la economía como del bienestar de la población. Es ampliamente reconocido que, en las circunstancias presentes, es más difícil y complejo formar el capital humano que el mismo capital financiero. La formación del “capital humano”, ha llegado a constituir el proceso fundamental limitativo del crecimiento de las naciones. El mismo desarrollo industrial, requiere entre sus “insumos” principales, de la disponibilidad de conocimientos científicos y tecnológicos de elevado nivel de especialidad. Los distintos avances en el área industrial y de servicios ocurridos en las últimas décadas, demuestran la preponderancia del conocimiento científico como factor de innovación y desarrollo de las industrias de mayor rentabilidad y mejores perspectivas en el futuro. Así la electrónica, la cibernética, la óptica, los nuevos materiales, etc. precisan de conocimientos especializados como paso previo, anterior a la producción. La física, la biología, la genética, la química, etc., con sus distintos desarrollos y aplicaciones tecnológicos, revolucionan el potencial productivo, conformando nuevos perfiles de producción y generando altas tasas de rentabilidad al sector empresarial. Los “portadores” de conocimientos, eso es, los recursos humanos, se han convertido así, cada vez más, en el “recurso primario” de toda sociedad moderna. El aprovechamiento pleno de estos recursos, del caudal de científicos y tecnólogos, se ha convertido en la llave maestra del despegue industrial en las mejores condiciones de competitividad y eficiencia. Un amplio consenso, indica que hoy en día, es preciso potenciar la educación, la ciencia y la tecnología, como condición sine-qua-non de una efectiva política de desarrollo económico y social. Sin embargo, las principales instituciones formadoras de capital humano en el nivel superior de la educación, esto es, las universidades nacionales, se encuentran inmersas en una crisis de financiamiento aguda que pone en peligro su misma existencia en la sociedad. La crisis del país y la desprotección de las universidades nacionales, han provocado un deterioro presupuestario evidente que dificulta su normal funcionamiento y compromete sus posibilidades futuras. El pasaje de 500
millones de dólares de presupuesto en el año Podría mencionarse
con el sólo propósito de la ejemplificación, que la universidad de San Pablo
de Brasil, cuenta en la actualidad con su presupuesto mayor que la totalidad
de las universidades nacionales, con menos alumnos que la universidad de A su vez, la
masificación de la pobreza, y particularmente, la pauperización de los
sectores medios en Ni También se encuentran restringidas, en consecuencia, las posibilidades de un desarrollo económico e industrial acorde a los requisitos de excelencia y competitividad que predominan en nuestra era. Ciertamente, restringir la educación universitaria no es, solamente una “traba” en la educación superior. Es básicamente una dificultad irrecuperable de crecimiento y desarrollo. La provincia de Buenos aires, no puede estar ajena a esta problemática. Tanto por su importante concertación demográfica, como por su capacidad de producción industrial y agropecuaria. Buenos Aires precisa activar su producción sobre la base de la calidad de sus recursos humanos y materiales. Podría decirse, sin temor a equivocaciones, que no habrá desarrollo en el país, sin un aprovechar caminos plenos de las potencialidades bonaerenses. Estas potencialidades incluyen no sólo al recurso humano de alto nivel de calificación, sino también al sistema institucional universitario asentado en esta jurisdicción bonaerense. Las universidades de
Bahía Blanca, Mar del Plata, Por ello es preciso direccionar el crecimiento de estas instituciones, haciéndolo cada vez más compatible con los requerimientos productivos de la provincia de Buenos Aires, en general y de sus actores económicos en particular. Para ello, el Estado provincial, puede contribuir, solidariamente, mejorando su perfil de asignación y de utilización de recursos en la medida que disponga de las normas legales necesarias a tales efectos. La modificación de la
ley de contrataciones de Por ello, es preciso
direccional el crecimiento de estas instituciones, haciéndolo cada vez más
compatible con los requerimientos productivos de Para ello, el estado provincial, puede contribuir, solidariamente, mejorando su perfil de asignación y de utilización de recursos, en la medida que disponga de las normas legales necesarias a tales efectos. La modificación de la
ley de contrataciones de La compatibilización de la oferta científica y tecnológica de las instituciones universitarias asentadas en territorio provincial y la demanda del estado bonaerense permitirá mayor eficiencia y excelencia, así como un aprovechamiento pleno de los recursos disponibles. Adicionalmente, constituirá una acción solidaria y creativa ejemplificadota, de suma necesidad en momentos donde predomina una crítica situación económica. Esta solidaridad del Ejecutivo y el Legislativo provincial, también llegará a los destinatarios finales, los jóvenes bonaerenses que en condiciones de igualdad, verán aseguradas sus posibilidades de capacitación, en las universidades ubicadas en el territorio bonaerense.
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