FUNDAMENTOS DE LA LEY 15072

Los días 9 y 10 de junio se conmemora los hechos ocurridos en 1956 que pasaron a la historia como “Los fusilamientos de José León Suárez”. Fue una masacre ordenada por el Gobierno dictatorial y ejecutada de manera clandestina por la Policía Provincial contra doce civiles, en la madrugada del 9 de junio de 1956, en los basurales de José León Suárez del partido de General San Martín.

En septiembre del año 1955, los militares bajo el mando de Aramburu derrocaron el Gobierno Constitucional y Democrático de Juan Domingo Perón. A partir de allí se instauró un régimen dictatorial que impulsó un conjunto de medidas contra el pueblo, y sus organizaciones gremiales y políticas:

 Proscripción de dirigentes sindicales peronistas.

 Intervención de la CGT.

 Se declararon nulas y disueltas las comisiones internas.

 Nombramiento de interventores militares en numerosos sindicatos.

 La Ley de Asociaciones Profesionales fue derogada, quedando restringido el derecho a huelga, y luego de un breve acuerdo se decretó que habría elecciones gremiales en 130 días.

 Represión e intimidación del sindicalismo, con el arresto de cientos de dirigentes sindicales.

 Sanción del Decreto 7.107 de abril de 1956 que excluía de cualquier actividad a todos los que se hubieran desempeñado en la conducción de la CGT o sus sindicatos entre febrero de 1952 y septiembre de 1955.

 Designación de delegados de fábrica por parte del Ministerio de Trabajo, habiendo sido despedido los anteriores.

 Ofensiva contra las condiciones de producción y de trabajo, exigiendo aumentos en la producción.

Perón en el exilio. El cadáver de Evita había sido secuestrado de la sede de la CGT. Por ley no podía nombrar a Evita ni a Perón ni al peronismo, y prohibiciones de distintos tipo.

Había sido anulada la constitución democrática sancionada en el 1949.

Muchos militares peronistas fueron encerrados en el vapor-prisión Washington, anclado aguas adentro del puerto de Buenos Aires.

Entre los presos en el vapor-prisión Washington se encontraban castigados los generales Valle y Tanco que desde allí comenzaron a gestar un movimiento que exigiría el fin de la persecución al peronismo; la restitución de la Constitución de 1949 y la libertad a los presos políticos.

Varios testimonios y documentos historiográficos dan cuenta de que Aramburu y Rojos tenían información de la conspiración. Entonces “en la noche del 8 de junio de 1956 son apresados cientos de dirigentes gremiales para restar base social al movimiento. Aramburu viajó ese día a la provincia de Santa Fe, pero dejó firmado el Decreto 10.362 que decretaba Ley Marcial, y preparados los Decretos 10.363/56, que establecía la pena de muerte, y el 10.364 que daría los nombres de los que serían fusilados. Los decretos estaban preparados porque eran correlativos y fueron publicados así en el Boletín Oficial con posterioridad.

Los levantamientos contra el Gobierno dictatorial ocurrieron entre las 22 y las 24 del 9 de junio. El Gobierno estableció a las 0.32 del 10 de junio la Ley Marcial. Pocas horas después, dio a conocer el decreto que ordenaba fusilar a quienes violen la Ley Marcial.

A las 23.30 de ese 9 de junio de 1956, fue allanada una casa en la localidad de Florida y se detuvo a un grupo de civiles que se suponía implicado en la rebelión. A las pocas horas, el teniente coronel Desiderio Fernández Suárez, a cargo de la Policía bonaerense, le ordeno al jefe de la Regional San Martín, comisario Rodolfo Rodríguez Moreno, que fusile a los 12 civiles apresados. La medida se llevó a cabo en los basurales de José León Suárez.

Cinco fueron asesinados: Nicolas Carranza, Francisco Garibotti, Carlos Alberto Lizaso, Mario Brión, Vicente Damián Rodríguez. Los que sobrevivieron para contarlo fueron Julio Troxler (jefe de Policia de la provincia de Buenos Aires, en 1973 y asesinado en 1974 por la “Triple A”), Juan Carlos Livraga, Horacio Di Chiano, Miguel Ángel Giunta, Rogelio Díaz, Norberto Gavino, y Reinaldo Benavídez.

El saldo de la represión fue trágico: 18 militares y 13 civiles asesinados. Entre ellos el general Juan José Valle.

En defensa de la democracia y el mandato popular, en repudio del accionar represivo clandestino y de toda forma de violencia política, en reivindicación de las organizaciones de la sociedad civil como los sindicatos y partidos políticos que son los órganos para una vida democrática plena, consideramos que ese predio debe ser declarado Monumento Histórico, para la construcción de una memoria colectiva que ampare y defienda los valores de la vida democrática y sus instituciones políticas, sindicales y civiles.

Solicitamos a las señoras diputadas y a los señores diputados, que acompañen con su voto el presente proyecto.