|
Fundamentos de La necesidad de transformar el esquema institucional de nuestra Provincia es reconocida por todo el arco político. Reformular el Estado en la búsqueda de la descentralización, la regionalización y las autonomías municipales se ha convertido en un objetivo compartido por todas las fuerzas políticas y seguramente la primera década del siglo que comenzamos nos encontrará protagonizando estos cambios ineludibles para acceder a mejores niveles de gestión pública a favor del interés general. Estas reformas que seguramente surgirán como fruto del debate constructivo en el ámbito político bonaerense, deben sin duda estar acompañadas de transformaciones en nuestro sistema de partidos. Nadie pone en duda a esta altura de nuestro desarrollo democrático la función insustituible de los partidos políticos en el funcionamiento del sistema. Al mismo tiempo entendemos que hay también consenso generalizado sobre la necesidad de modernizarlos, adaptarlos a los nuevos desafíos que nos plantea la época, a las nuevas demandas de una sociedad atravesada por fuertes cambios que abarcan casi todas la áreas de su desarrollo. Sin duda hay demandas que nos indican que debemos revisar los mecanismos de selección de candidatos. Debemos avanzar hacia esquemas que permitan más participación ciudadana en los procesos internos de los partidos, corrigiendo o eliminando de esta manera prácticas que degradan la actividad política. El financiamiento de los partidos es hoy otro elemento que enturbia la relación con la gente, por diferentes razones se ha convertido en un elemento de sospecha, de desconfianza, muchas veces a partir de actitudes que justifican holgadamente las mismas. La capacitación es hoy una exigencia ineludible, a riesgo de que se profundice de manera irreversible la distancia que muchas veces separa en este terreno a ciertos grupos de interés o corporaciones de los partidos políticos con el perjuicio que esto acarrea para los intereses de los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad. Los sistemas electorales merecen ser revisados en la búsqueda de obtener una mayor cercanía entre los representantes y los representados, no solo en el momento de las campañas o la elección sino también para obtener mejores y más eficaces mecanismos de rendición de cuentas durante la gestión. Por último, los procesos electorales deben ser regulados en cuanto a duración, gastos y otros aspectos que permitan optimizar las energías y los recursos partidarios al servicio de las mejores causas de nuestra sociedad. Por todo lo expuesto, solicito a los señores legisladores acompañen con su voto afirmativo la sanción del presente proyecto de ley. |