Fundamentos de la Ley 13076

            La gravedad de la actual crisis socioeconómica implica una difícil situación para miles de trabajadores que ven cercenado su derecho constitucional al trabajo, sobre todo por el cierre de establecimientos productivos o el abandono de los mismos por parte de sus dueños. Esta situación genera una multiplicidad de problemas, ya no solo para los empleados que pierden objetivamente la fuente de ingresos de su grupo familiar y subjetivamente el sentido de dignidad, sino para la sociedad toda por el desaprovechamiento del conocimiento y el potencial productivo que tanto costó generar, la ruptura en la cadena de pagos y la merma del consumo, la baja de la capacidad contributiva y el aumento en los índices de exclusión, por nombrar solo algunas consecuencias. Felizmente, muchos de estos trabajadores no se resignan a esperar un destino incierto, y se organizan recuperando el mismo ímpetu y tesón que, en su momento, había colocado a nuestra Nación en un lugar de privilegio en el mundo.

            Ejemplo de ello son los trabajadores de la empresa Forja San Martín S.A., quienes desde principios de la década del 1970 cotidianamente bregaron para que esa empresa pueda ocupar un lugar de privilegio en su rubro, la fabricación de piezas automotrices.

            Pero, por decisión empresaria, este esfuerzo no tendría los frutos esperados, ya que desde el año 2000 se comienza con la suspensión del pago a los trabajadores (solo por ese período se les adeuda 9 meses y aguinaldo), y, desde abril de 2001, se paraliza totalmente el giro comercial de la misma, encontrándose la empresa en proceso de quiebra.

            A raíz de esta circunstancia, los trabajadores del establecimiento –ante la pérdida certera de la fuente laboral, el desinterés por reactivar la producción en esta planta demostrado por otras firmas, y el desalentador marco que presenta el mercado laboral-, un primer núcleo de 76 trabajadores deciden crear la Cooperativa de Trabajo Forja San Martín Limitada para hacerse cargo del establecimiento y reiniciar la producción de los artículos que allí se manufacturaban y de otros que potencialmente podrían elaborarse allí.

            Por otra parte, es menester la expropiación de la marca comercial por la importante incidencia que la misma representa en las posibilidades de comercialización de los productos, dada la calidad de los mismos, y el apoyo económico indirecto al evitar onerosos cambios de matricería.

            Para dar cuenta de la viabilidad económica del proyecto de los trabajadores, cabe destacar que la firma en su apogeo llegó a ocupar a una 420 operarios, mientras que al momento del cierre allí trabajaban alrededor de 140 personas.

            Es de destacar que esta cooperativa ha sido declarada de Interés Municipal y Público, por unanimidad por el Honorable Concejo Deliberante de General San Martín, contando, asimismo, con el apoyo de varias instituciones y de la comunidad en la cual se inserta.

            Por todo lo expuesto, es que solicitamos a los señores legisladores el apoyo a la presente iniciativa.