HONORABLE LEGISLATURA:

            Tengo el agrado de dirigirme a esa Legislatura con el fin de someter a su consideración el proyecto de ley de Presupuesto General de la Administración Pública de la provincia de Buenos Aires para el año 2003.

            Las importantes y adversas secuelas de la crisis global, agudamente exteriorizada en el curso del último bimestre de 2001, de la que dábamos cuenta en el mensaje del proyecto de Ley de Presupuesto 2002, han determinado un escenario de operación de la hacienda pública de incierta previsibilidad, razón por la cual no ha sido posible remitir antes este proyecto a consideración de la Legislatura.

            Dando continuidad a la gestión del presente ejercicio, el proyecto de Presupuesto 2003 plantea metas ambiciosas: generar -después de varios ejercicios- un superávit en la cuenta corriente de alrededor de $376 M, que contribuya a recuperar parcialmente los niveles de inversión pública; reducir en 90% respecto del ejercicio en curso el déficit primario (desciende de $ 1.079M a $104 M); y disminuir en alrededor del 50% el déficit total (primario más intereses de la deuda), que alcanzará a $ 709 M en 2003.

Así, se tiende a dotar al erario público de un piso de solvencia presupuestaria y financiera que permita aprovechar para la comunidad bonaerense los incipientes signos de reactivación, a la vez que encarar las reformas estructurales que requiere el Estado y la sociedad provincial.

El proyecto de Presupuesto 2003 evidencia -en correspondencia con la línea del Gobierno nacional- como factor distintivo e integrador, la importancia asignada a las políticas sociales, que no sólo exige disponibilidad y direccionamiento de recursos, sino grandes esfuerzos organizacionales y de gestión para atenuar los efectos de la crisis planteada en aproximadamente tres millones de personas de la población más castigada.

Paralelamente, la asignación del gasto está íntimamente ligada a la reforma del Estado provincial, ya iniciada. La calidad y la eficiencia en la gestión es una premisa central para el ordenamiento y equilibrio presupuestario, tendiendo a garantizar la provisión de los servicios básicos a los bonaerenses.

1. EL CONTEXTO MACROECONÓMICO EN 2002.

Hacia fines de 2001, la insostenible situación política, económica y social devino en un cambio institucional a nivel del Poder Ejecutivo nacional. De este modo, Argentina inició el año 2002 inmersa en la crisis más grande de su historia: clima de convulsión social, altos niveles de desempleo, severos problemas de pobreza e indigencia, pérdida de credibilidad en las Instituciones, una actividad económica quebrantada, grandes pérdidas de reservas, un sistema bancario virtualmente destruido, default de la deuda pública y, consecuentemente, el esquema monetario-cambiario de convertibilidad fácticamente inexistente.

1.1- La inevitable devaluación del peso y sus consecuencias iniciales

En ese contexto, se decidió adoptar un régimen de flotación que inicialmente derivó en un proceso devaluatorio acompañado por aumentos de precios. A su vez, con el objetivo de evitar caídas masivas de bancos y quebrantos generalizados de los tomadores de crédito, se intensificaron las restricciones al movimiento de depósitos impuestas el año anterior y se llevó a cabo la “pesificación asimétrica” de activos y pasivos de los bancos.

Como resultado inmediato, la desconfianza se acentuó más aún, y las presiones para retirar depósitos cobraron mayor fuerza. A pesar del “corralito” financiero, la interposición de recursos de amparo por parte de los ahorristas generó un constante drenaje de fondos del sistema que obligó al Banco Central a implementar una agresiva política de redescuentos. El resultado inmediato fue un clima de inestabilidad macroeconómica reflejado en la aceleración del proceso inflacionario y, como consecuencia, un mayor deterioro de la situación social.

El gobierno respondió rápidamente con una fuerte política de asistencia (subsidios de desempleo, aumento salarial en el sector privado e incremento de las jubilaciones mínimas). Era evidente que cualquier programa de ayuda resultaría insuficiente a la luz de la profundidad de las dificultades sociales, pero también es cierto que las medidas adoptadas fueron vitales para reducir drásticamente el clima de conflictividad social que imperaba a fines del año anterior.

Al mismo tiempo, con el objetivo de estabilizar las variables nominales, el Poder Ejecutivo puso énfasis en mantener la consistencia en el frente fiscal - monetario:

* Dado que ante la ausencia de mecanismos alternativos de financiamiento cualquier necesidad de fondos que tuviera el Gobierno debía ser financiada con emisión monetaria, se procuró mantener contenido el gasto primario y se incrementaron los recursos fiscales introduciendo retenciones a las exportaciones.

* Para reducir la necesidad de asistencia a las entidades bancarias se implementaron sucesivos planes para canjear depósitos por bonos y se intentó frenar el “goteo” de fondos mediante la sanción de la denominada “ley tapón”.

Si bien al cierre del primer semestre todavía existía inestabilidad nominal, se logró uno de los objetivos más urgentes que enfrentaba el Gobierno: contener el clima generalizado de convulsión social.

Cuadro 1           Resumen del primer semestre de 2002

(*) Corresponde a la cotización del dólar oficial. El cierre del mes del mercado libre fue de 1,94 $/U$S. A partir del siguiente mes, febrero de 2002, existe mercado único y libre.

Fuente: MECON, INDEC, BCRA.

1.2- La estabilidad nominal y los primeros síntomas de reactivación

Luego de un comienzo de año problemático en el cual el incremento del nivel de precios repercutió negativamente sobre la demanda interna, en el segundo semestre se logró estabilizar las variables nominales reduciendo drásticamente las probabilidades de un proceso hiperinflacionario y comenzaron a advertirse los primeros indicios de una recuperación del nivel de actividad originada en los sectores transables de la economía. Las claves de la estabilidad monetaria fueron  la sincronía y oportunidad de las políticas monetaria, fiscal y cambiaria implementadas por el Gobierno, y el importante superávit de cuenta corriente:

* La introducción de las Lebacs funcionó como un instrumento efectivo para captar liquidez, y a su vez permitió a los bancos ofrecer tasas de interés atractivas que redundaron en un aumento progresivo de depósitos (mayor demanda monetaria).

* El incremento de depósitos y el menor “goteo” de fondos se tradujo en una caída en la demanda de redescuentos por parte de los bancos, al tiempo que el aumento de los ingresos fiscales (por efecto de la inflación y de las retenciones a las exportaciones) redujo la necesidad de asistencia al Tesoro Nacional.

* La fuerte retracción de las importaciones dio lugar a un abultado superávit comercial, aún a pesar de la lenta recuperación de las exportaciones. El resultado externo, junto con las restricciones cambiarias impuestas por el Banco Central (menor plazo para la liquidación de exportaciones) dieron lugar a un incremento de la oferta de divisas.

Estos elementos redujeron drásticamente las presiones sobre el mercado cambiario, permitiendo no sólo estabilizar el precio del dólar sino también incrementar las reservas internacionales.

Por su parte, los signos de recuperación del nivel de actividad, se originaron en la mejor posición competitiva de los sectores transables (exportadores y sustitutivos de importaciones) derivada del fuerte incremento del tipo de cambio real (la devaluación nominal fue muy superior a la inflación). Varias ramas industriales (entre ellas, aceites y subproductos, petroquímicos, textiles, productos siderúrgicos y aluminio primario) y el sector agropecuario comenzaron a mostrar tasas de crecimiento positivas hacia finales de año.

Todos estos resultados se alcanzaron en un escenario institucional delicado y sin ayuda de los organismos multilaterales de crédito.

El cuadro siguiente resume la evolución de las principales variables económicas en el transcurso del período 2001-2002:

  Cuadro 2

(a) Cifras estimadas para el cierre del año 2002.

Fuente: BCRA, INDEC y MECON.

2.LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO PROVINCIAL 2002

2.1 Introducción:

La ejecución presupuestaria del presente ejercicio debe entenderse en los términos de la necesidad de sanear las finanzas de la Provincia en un contexto macroeconomico adverso. Dicha necesidad devino -institucionalmente- en el compromiso firmado con la Nación el 31 de mayo del corriente, elevado al rango de Ley (la 12.952). Así, se proyecta lograr -con fuerte expectativa de concreción- el debido cumplimiento de las metas de déficit primario y total acordada y ratificada por la citada Ley 12.952.

Es sabido que en un contexto de crisis económica agravada por el proceso inflacionario, los ingresos reales de la población disminuyen, lo que origina un incremento en la demanda de bienes y servicios públicos. Estas condiciones de mayor demanda, junto a la necesidad de resolver el problema fiscal, obligaron a redoblar esfuerzos de calidad de gestión en pos de cumplir con ambos objetivos.

Lo expuesto, traducido en resultados, proyecta una ejecución del presupuesto 2002 con ingresos y gastos primarios por -respectivamente- $8.503 M y $9.582 M, lo que arroja un déficit antes de intereses de $ 1.079 M. Al adicionar intereses, el déficit se eleva a $ 1.377 M. De esta forma, el déficit primario del año 2002 se reduce en un 59 %, respecto del año anterior, en tanto que el total lo hace en un 57%. Ello, como consecuencia de un incremento en los recursos del 12% y una disminución del gasto del 6%.

A continuación se expone, en miles de pesos, la evolución presupuestaria 2001-2002 ( Cuadro 3).

Cuadro 3

En miles de pesos

2.2 De los recursos en 2002:

Al pasar de $ 7.487 M a $ 8.407 M, los recursos corrientes totales de 2002 superan en 12,3% a los de 2001, merced a un crecimiento del 15,7% en los provinciales y del 8,2% en los de origen nacional.

Los recursos tributarios provinciales para 2002 superan en casi 18% a los de 2001, destacándose el comportamiento del impuesto sobre los ingresos brutos, por el que se recaudará un 16% más que en el año 2001. También resulta significativa la recaudación por moratorias (Leyes 12.837 y 12.914), que ha de alcanzar a $ 730 millones, es decir, un 130% más que en 2001. El régimen de la Ley 12.914, cabe recordar, fue implementado en forma descentralizada por los municipios, materia sobre la cual volveremos más adelante.

Por el impuesto inmobiliario se recaudará en 2002 $ 594 M, es decir, casi un 7% más que los $ 555,6M ingresados en 2001. Por la menor incorporación de vehículos nuevos, en el impuesto automotor se espera recaudar $ 313M, un 14% menos que los $364 M recaudados en 2001.

El incremento generalizado de la recaudación de los impuestos provinciales obedece al comportamiento combinado de variables exógenas y endógenas a la administración tributaria:

Entre las primeras resalta el aumento nominal de una parte de la base imponible (debido a la elevación inflacionaria del nivel de precios), lo cual favorece típicamente a la recaudación del impuesto sobre los ingresos brutos; y la mejora relativa de los precios agropecuarios, lo cual facilitó el pago voluntario de los contribuyentes del impuesto inmobiliario rural.

Entre las segundas cabe destacar al oportuno manejo de las notificaciones e intimaciones a los contribuyentes; la implantación del régimen de retención en entidades bancarias; la aceptación por la Provincia como medio de pago de sus tributos a títulos de la deuda provincial y nacional (lecops), facilitando así el cumplimiento de las obligaciones impositivas de los contribuyentes; y la agresiva campaña de recupero de deuda.

Los recursos de origen nacional alcanzan en 2002 a $ 3.719 M, un 8,2% más que los $ 3.436 M recaudados en 2001. Dicho incremento obedece esencialmente al pago realizado por el gobierno nacional, a través del Fondo Fiduciario, de las deudas generadas durante 2001, producto de los incumplimientos en las transferencias garantizadas establecidas en el Compromiso Federal por el Crecimiento y la Disciplina Fiscal. Dichos incumplimientos se debieron a la caída en la recaudación de impuestos que dan origen a las transferencias nacionales de los regímenes de coparticipación y asignaciones específicas. Asimismo, el año 2002 registra aportes para programas sociales por $145 millones, por la incorporación de los planes jefes y jefas de hogar.

Continuando con el análisis de los recursos de origen nacional, debe tenerse en cuenta que, si bien el primer bimestre de 2002 resultó garantizado por montos fijos (al igual que en 2001) de acuerdo al Pacto firmado con la Nación en noviembre de 2001, lo fue por montos mensuales reducidos en un 13%. Esta garantía cayó en marzo, en el marco del Acuerdo Nación-Provincias sobre Relación Financiera y Bases de un Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos, firmado el 27 de febrero de 2002. En el mismo acuerdo se estableció la transferencia del 30% del Impuesto a los Débitos y Créditos Bancarios en el régimen de Coparticipación Federal.

2.3 De las erogaciones en 2002:

Las erogaciones primarias para 2002 se estiman en $ 9.583 M, importe que -si bien supera en 3% al implícito en la Ley 12.952- es 5.9 % menor a los 10.183 M ejecutados durante 2001. Los gastos primarios han disminuido en $ 600 M. Veamos cómo se han comportado en 2002, las distintas partidas componentes del gasto:

2.3.1 Personal: Aún proyectándose un incremento de 2.3% respecto de lo establecido en Ley 12.952, estos gastos caerán en 5,7% respecto a los del año 2001, erogándose $ 324 M menos.

Esta reducción del gasto en personal fue planteada, respetando el principio central de no disminuir el empleo público mas allá de las bajas vegetativas por jubilaciones o decesos, a fin de no empeorar las ya graves condiciones del mercado laboral.

Se adoptaron medidas focalizadas tendientes a racionalizar las erogaciones en personal, entre las que se destacan la aplicación de la Ley 12.727 y sus modificatorias, el congelamiento de vacantes, el estricto cumplimiento de las normas de jubilación, el establecimiento del régimen de las denominadas URPE, y la reforma del régimen docente establecido en la Ley 12.866.

Cabe destacar, acerca de esta parte del gasto del Estado provincial,  el esfuerzo realizado por los trabajadores públicos bonaerenses, quienes han acompañado este proceso de saneamiento del estado provincial, prestando servicios a la comunidad en un contexto social de gran fragilidad.

2.3.2 Bienes y servicios: Dada la decisión de garantizar el nivel de servicios prestados y asumiendo que el proceso inflacionario generó un suba en los costos de los insumos que utiliza el sector público, resulta evidente que el marco general de condiciones en el que se hubo de ejecutar este género de gastos no fue de lo más cómodo. No obstante ello, la ejecución proyectada presenta, respecto de 2001 una baja del  gasto del 10 %,o sea, de $ 124M, aún asumiendo un desvío del 12% con respecto al nivel del acuerdo ratificado por la Ley 12.952.

2.3.3 Transferencias: La suma de $2.881 M por transferencias corrientes con que se espera cerrar el ejercicio 2002, es mayor en 4.7% a las del año 2001, debido básicamente -tal las prioridades del Gobierno provincial- a un incremento en las transferencias a municipios y a las mayores erogaciones por planes sociales.

Comparando las transferencias presupuestarias a los municipios se observa, una menor ejecución por coparticipación, que contrasta con los mayores  aportes directos y por descentralización (incluyendo el plan de recupero de deudas), de forma tal que el efecto neto arroja que las transferencias de 2002 superan en $ 72 M (o sea, en 6,3%) a las del año 2001:

       Cuadro 4

* Millones de pesos.

** Diferencia porcentual 2002 respecto a 2001.

La baja en la coparticipación se explica por un cambio en el esquema legal de distribución de recursos: mientras que en el año 2001, el artículo 25 de la Ley 12.575 garantizó a los municipios un nivel fijo de $ 1.050 M, en el presente año se dio estricto cumplimiento al artículo 64 de la Ley de Presupuesto 2002 por el cual la suma transferida no podía ser inferior a la que resulte de la aplicación de la  Ley 10.559 a los recursos coparticipables presupuestados. No obstante y en forma adicional se transfieren aportes no reintegrables por $160M, de acuerdo a lo establecido en el artículo 66 de dicha Ley y en el Decreto 2.483/2002 sometido a consideración de esa Legislatura.

Finalmente el resto de transferencias corrientes (básicamente por planes sociales) aumentan en 7%, al pasar de $ 1.069 M en 2001 a $ 1.144 en 2002. Si a esta ultima cifra se le adicionan los $ 165 M y los $ 59 M informados precedentemente se alcanzan los $ 1.368 M expuestos en el cuadro 3.

2.3.4: Erogaciones de Capital: La asignación de prioridades ya comentada (sostén de la planta de agentes públicos, prestación de los servicios esenciales, apoyo a los municipios y a los planes sociales), unida a la fuerte restricción financiera enfrentada durante el año 2002 y a la desaparición de los mercados de crédito como forma alternativa de financiamiento, obligaron a una importante reducción en el programa de obras públicas, y a una reprogramación de la gestión a fin de enfrentar problemáticas específicas, tales como las emergencias climáticas y la crisis del prestador del servicio de agua.

Los factores mencionados explican la fuerte caída (46%) de $ 241 M en el gasto de capital en el año 2002 respecto del 2001. Aún así en el presente ejercicio se han ejecutado o están en proceso de ejecución importantes obras: defensas de cascos urbanos, inversiones en las cuencas superior e inferior del río Salado, obras en las rutas 41, 51, 50 y 29, entre otras. En dicha ejecución participó el fondo fiduciario de la Ley 12.511, con $ 66 M.

2.4 Del financiamiento en 2002:

Al comenzar el año 2002, la crisis económica y financiera, luego de más de tres años de recesión, llegó a un punto culminante, cuando los ingresos llegaron a bajar más del 30% en valores nominales respecto del mismo período del año anterior.

En ese contexto, y siguiendo lo actuado por el Gobierno nacional, la Provincia suspendió los pagos de su deuda financiera a fines del mes de enero, ante la necesidad de garantizar la prestación de los servicios básicos que brinda a la población.

Ya antes de esa medida los mercados voluntarios de deuda estaban totalmente cerrados para emisores argentinos. Esto determinó la necesidad de ampliar las emisiones de Patacón 2 para financiar la brecha entre las erogaciones y la recaudación de recursos, y para proceder al rescate de los Patacones creados por la Ley 12.727. Esta emisión de Patacón 2 constituyó más del 90% del financiamiento provincial durante algo más de la primera mitad del año.

A los efectos de impedir que la abundancia de Patacones tendiera a disminuir su valor, la Provincia acordó, a fines de mayo, un Programa de Financiamiento Ordenado con el Estado nacional, tendiente a reemplazar en la segunda mitad del año las emisiones de Patacones por financiamiento. De ese modo, y luego de una última emisión en la primera quincena de julio, prevista en el acuerdo para el caso de que no se efectivizara la primer cuota del programa, no se realizaron nuevas emisiones de Patacones.

El acuerdo del Programa de Financiamiento Ordenado, ratificado por Ley N° 12.952, estableció que la emisión de Patacones sería reemplazada por financiamiento provisto por el Gobierno nacional, por hasta un monto de $800 millones durante el segundo semestre de 2002, acordándose asimismo que, de no producirse el ingreso de la primer cuota, de $135 millones, antes del 10 de julio, la Provincia podría emitir Patacones por dicho monto, lo que efectivamente se produjo.

La instrumentación  de este acuerdo requirió, en el orden nacional, la sanción del Decreto P.E.N. Nro. 2.263/2002, asignando recursos a dicho Programa, lo que recién ocurrió en el mes de noviembre. Mientras tanto, el Ministerio de Economía de la Nación otorgó a la Provincia anticipos a cuenta de este Programa, que hasta mediados de noviembre totalizaban $160 millones, quedando así pendiente de recepción poco más de $500 millones.

El financiamiento del año 2002 se completó principalmente con desembolsos de programas ya acordados con organismos multilaterales, especialmente relacionados con infraestructura escolar y con la red vial provincial.

Además, a principios de año fueron colocados bonos de cancelación de obligaciones (BOCANOBA), a partir de convenios acordados durante el año 2001,  antes de que se decidiera la suspensión de la entrega de estos títulos a fines del mes de enero del corriente año.

Finalmente, y con menores valores, también fueron entregados bonos de consolidación de deudas. 

2.5: Los servicios de la deuda en el 2002:

La emergencia económica determinó la suspensión casi general de pagos de servicios de la deuda financiera, exceptuándose sin embargo: a) los títulos de cancelación de obligaciones emitidos a partir de la Ley 12.727, que se originaron en obligaciones de carácter corriente, y cuya continuidad se juzgó indispensable en función de la continuidad de la prestación de servicios; b) los préstamos de organismos multilaterales, que se encuentran garantizados por el Gobierno nacional, con respecto a los cuales se indicó a la Secretaría de Hacienda de la Nación que, en pos de coordinar la política respecto de estos servicios, se realice la deducción de los fondos coparticipables entregados en garantía de aquellos montos pagados por el Gobierno nacional que corresponda sean reintegrados por la Provincia.

Así, se procedió al rescate de los Patacones serie “A”, creados por Ley 12.727. De los $614,7 millones emitidos a fin del año 2001, para el 13 de noviembre de 2002 sólo quedaba en poder de particulares, municipios o entidades financieras la suma de $37 millones, continuándose el rescate en las semanas siguientes a esa fecha.

Con respecto a los BOCANOBA, se realizó el pago de intereses el 25 de enero, mientras que el correspondiente al 25 de julio fue suspendido hasta tanto venza el plazo para el ejercicio de la opción de canje por un nuevo título en dólares, según lo establecido por la Ley Nro. 12.973, a los efectos de que los tenedores puedan volver a disponer, si así lo desean, de un título en dólares, a pesar de las normas de conversión a pesos dictadas a partir de la Ley Nacional Nro. 25.561.

Es de hacer notar que la mayor parte de la deuda de la Provincia fue encomendada, a través del Decreto 2.665/2002 (en función de la autorización establecida en el artículo 7 de la Ley 12.836), al Gobierno Nacional para que sea renegociada en el marco del llamado “Canje de la Deuda Provincial”. En ese marco, el Gobierno nacional decidió la emisión de bonos nacionales garantizados, en pesos (indexados por CER), a 16 años de plazo -con tres de gracia para el capital- e intereses del 2% anual, pagaderos mensualmente a partir de octubre de 2002 (los intereses exigibles serán pagados a los acreedores en el momento de entrega de los Bonos). Al concretarse el canje, los acreedores se quedarán con los bonos nacionales garantizados, en tanto la Provincia tendrá una deuda con el Estado nacional, pagadera en las mismas condiciones que los bonos mencionados.

Dicho canje tiene tres etapas: la primera, se refiere a las obligaciones que ya fueron declaradas elegibles a fines de 2001 por el Gobierno nacional; la segunda, a obligaciones declaradas elegibles durante el presente año, excepto originadas en deudas municipales; y la tercera, a las obligaciones originadas en deudas de los municipios. Cuantitativamente, para la provincia de Buenos Aires, la primer etapa es claramente la más importante. Esta etapa tendría su culminación, con la firma de los respectivos convenios por parte de la Provincia, el Estado nacional y los acreedores, a principios del año 2003.

De acuerdo con la información disponible, será canjeada la totalidad de la deuda con bancos -ya sea préstamos o títulos-, algo más del 20% de los eurobonos emitidos y no rescatados por la Provincia, y una fracción importante de los BOCONBA en circulación. De esta manera, el Estado nacional pasará a ser el principal acreedor de la Provincia.

En lo que hace a los bonos de consolidación de deudas Ley 11.192 (BOCONBA) cuyos titulares no ejercieron la opción de transformarlos en bonos nacionales garantizados, si bien los pagos estuvieron suspendidos desde enero, el Poder Ejecutivo planea regularizar la situación en los próximos meses. Para ello, es necesario tener la identificación de aquellos bonos que sí ingresarán al canje de deuda provincial, lo que se espera lograr durante el mes de diciembre, a partir del cierre del plazo de presentación de ofertas para dicho canje, a fines de noviembre. Para el caso de los BOCONBA en dólares, será también necesario el cierre del plazo que se dará a los titulares para ejercer la opción por un título provincial en dólares, emitido bajo la Ley Nro. 12.973, lo que se estima ocurrirá hacia fin de año.

Es importante mencionar que, a partir de las Leyes 12.727, 12.837 y 12.914, una parte significativa de los impuestos provinciales (más de $200 millones) fue pagada en BOCANOBA o en BOCONBA Ley 11.192. Dichos títulos no fueron puestos nuevamente en circulación -pese a existir autorización en este sentido- en consideración del descuento que sufre en el mercado su precio, y se planea proceder a su rescate definitivo.

3. EL ESCENARIO PLANTEADO PARA EL 2003

El Presupuesto que sometemos a la consideración de V.H. ha sido elaborado sobre la base de las incipientes mejoras que comentáramos en el párrafo 1.2, en un contexto general de todos modos difícil: el producto bruto interno caerá en términos reales un 11% en 2002 respecto de 2001 (con un crecimiento nominal del 32,9% y un aumento en los precios implícitos del 49,3%), con fuertes caídas reales del consumo y de la inversión: 12,5% y 38,4%, respectivamente; un leve crecimiento real en las exportaciones, del 1,7%, y una fuerte caída -siempre real- del 49,3% en las importaciones.

Hemos tenido en cuenta para la confección del proyecto de Presupuesto 2003 las principales proyecciones macroeconómicas incorporadas en el proyecto de Presupuesto de la Nación para el ejercicio 2003, particularmente las siguientes variaciones respecto de 2002.

·                    Un incremento real del PBI del 3%, que incorpora uno nominal del 49,5%, con una variación del 45,2% en los precios implícitos.

·                    Un aumento promedio del índice de precios al consumidor del 38%, que se reduce al 23% para la medición entre las puntas diciembre 2003 vs. Diciembre 2002; y

·                    Un incremento promedio del índice de precios mayoristas del 41%, que se transforma en uno del 20% para  las citadas puntas.

El tipo de cambio para 2003, siempre siguiendo la estimación nacional, ha sido considerado a razón de $3,63 por cada dólar estadounidense.

Ahora bien, los bajos niveles de partida sobre los cuales se apoya el esquema de leve mejoría antes planteada inhiben de adoptar otras políticas que no sean las de continuidad de la austeridad fiscal con la que se está ejecutando y cerrando el año en curso, tales que permitan el logro de las metas que para el año 2003 hemos indicado al inicio de esta exposición. En este contexto, entendemos imprescindible extender hasta el 31 de diciembre de 2003 la vigencia de la emergencia establecida por la Ley 12.727, cuya finalización -de otra manera- operaría el 25 de julio de 2003.

4. EL PRESUPUESTO 2003

En el siguiente esquema (cuadro 5) se sintetiza el proyecto sometido a vuestra consideración:

Cuadro 5

4.1 De los recursos en 2003:

Se estima para el ejercicio 2003 un incremento en los recursos corrientes del 20,5% con respecto al año en curso. El aumento esperado es del 21,1% en los recursos provinciales y del 19,6% en los de origen nacional.

4.1.1 De los recursos provinciales en 2003:

En el impuesto sobre los ingresos brutos se espera recaudar 44% más que en 2002, lo que significa un incremento de $916 M. En lo que hace a este tributo se contemplan diversas acciones de administración tributaria, tales como la realización de cruces masivos de información; la fiscalización de unas 12.000 presentaciones; el seguimiento y control particularizado de los 15.000 principales contribuyentes; la obligatoriedad de la presentación de declaraciones juradas por medios electrónicos; etc. Según veremos más adelante, cobra especial relevancia en este impuesto y en el inmobiliario rural, el esquema de descentralización de la administración tributaria que se propone, como así también la propuesta de cambios normativos presentada en el mensaje que acompaña al proyecto de Ley impositiva para el año próximo.

Se estima en $ 725 M la recaudación del impuesto inmobiliario, es decir, un 22% más que en el ejercicio 2002, correspondiéndole $ 550 M a la imposición urbana y los restantes $ 175 M a la rural.  No se contemplan cambios en los niveles de imposición urbana, atento el deterioro de los ingresos del grueso de estos contribuyentes. En el caso del impuesto inmobiliario rural se aspira a actualizar las valuaciones fiscales a fin de captar parcialmente el mayor valor nominal de la tierra provocado por la devaluación del peso. Dicha actualización ha de promediar el 50%, estimándosela prudente para las explotaciones rurales, considerando sus mayores rentabilidades provocadas por la mejora de sus precios relativos.

En lo que hace a las exenciones del Impuesto Inmobiliario originadas por la declaración de situaciones de emergencia y/o desastre agropecuario, se prevé introducir, en las normas que regulan tales beneficios, modificaciones con el objeto de simplificar y controlar efectivamente el otorgamiento de los beneficios impositivos, a la vez que se dejarán sin efecto prácticamente todas las leyes promocionales, medidas estas que originarán un incremento en la recaudación del tributo.

Con relación a la administración del Impuesto Inmobiliario Urbano se prevé realizar el control temprano de la deuda corriente, basado en información oportuna de los pagos realizados en el BAPRO; continuar con las acciones de control relacionadas con multipropietarios cuyas valuaciones fiscales acumuladas resulten importantes; realizar fiscalizaciones masivas, cruzando información propia con la disponible en municipios y empresas de servicios; fiscalizar mejoras importantes no declaradas; asignar CUIT, o código equivalente, a aquellas partidas que no tengan este dato registrado; y desarrollar un sistema especial de cobro y control para los empleados del Estado bonaerense.

En el Impuesto a los Automotores se proyecta una percepción de $ 347 millones, esto es, un 10,8% superior a lo que se espera recaudar en el año 2002. En este aspecto resulta importante destacar que, si bien la valuación del parque automotor provincial ha evidenciado un crecimiento nominal del orden del 48%, en promedio, según la información suministrada por Provincia Seguros, la estrategia de recaudación del año 2003 se asienta en mejorar la cobrabilidad del tributo mediante el otorgamiento de un fuerte incentivo al cumplimiento fiscal por parte del contribuyente. El incentivo consistirá en una bonificación equivalente al aumento del impuesto producido por la mayor valuación del automotor, y se otorgará en la medida que el contribuyente pague sus obligaciones en tiempo y forma. Es decir, el contribuyente saldará su obligación pagando el mismo importe que abonó en el año 2002; en caso contrario, el incumplimiento liberará una cuota adicional equivalente a la diferencia del impuesto generada por el aumento del valor del vehículo. Asimismo, se prevé la excención de todos los vehículos cuya fabricación sea anterior al año 1987. Esta medida, si bien implica una pérdida de recursos, se verá compensada por la mejor fiscalización que podrá realizarse sobre aquellos automotores de mayor interés fiscal, dado que se dejarán de administrar alrededor de 1.800.000 vehículos.

Finalmente, respecto del Impuesto a los Automotores, en el proyecto de ley Impositiva se impulsa una adecuación de la tabla de imposición incorporando un tramo intermedio de alícuota, con el objeto de bajar la presión a una porción considerable de contribuyentes.

En materia de administración del Impuesto Automotor, se prevé realizar las siguientes actividades: el control temprano de la deuda corriente, basado en información oportuna de los pagos realizados en el BAPRO; el control de multititulares cuyas valuaciones acumuladas resulten importantes; el cruce de información con datos provenientes de las aseguradoras, para determinar el actual poseedor del bien; la fiscalización de concesionarios y otros contribuyentes dedicados a la reventa de automotores; el desarrollo de un sistema especial de cobro y control para los empleados del Estado bonaerense; y la reingeniería total del Sistema de Información y Control del Impuesto, basado en información aportada por el Registro Nacional  de la Propiedad Automotor.

En Sellos, el incremento de la recaudación de $ 79M (26,8%) se verificará, principalmente, como consecuencia del aumento en los precios y en la cantidad de transacciones, conforme se vayan regularizando las restricciones para disponer de los depósitos bancarios y se extienda la utilización de los títulos BODEN para realizar operaciones de compraventa de autos y propiedades inmobiliarias.

También el cálculo impositivo en Sellos recoge el incremento, previsto en el proyecto de Ley Impositiva, de la alícuota para las operaciones que se efectúen a través de las cámaras registradoras. Respecto de este tributo, las tareas a encarar en materia de administración  contemplan el desarrollo de un nuevo sistema informático para el registro de declaraciones juradas y pagos y su control, aplicable a los Escribanos, al Registro Nacional de la Propiedad del Automotor y restantes agentes de recaudación; y nuevas acciones de fiscalización.

Con relación a las moratorias, cabe consignar que, al no preverse otras nuevas, el producido estimado para el año 2003 sólo incorpora las cuotas que vencen en dicho año referido a las instrumentadas en el año 2002.

Cabe subrayar la decisión del Gobierno de instrumentar planes de pagos para que los contribuyentes puedan regularizar su situación con el fisco provincial. Se tendrá especial consideración con aquellos que cuenten con limitadas posibilidades económicas, los que se verán beneficiados con facilidades especiales de pago para el impuesto Inmobiliario Urbano.

4.1.2  De los recursos nacionales en 2003:

Los recursos de origen nacional, por su parte, reflejan en su totalidad las estimaciones de recaudación de impuestos nacionales elaboradas por el Gobierno nacional y que fueran incluidas en el proyecto de Presupuesto de la Administración nacional, actualmente bajo tratamiento legislativo en el Congreso de la Nación. Dichas hipótesis contemplan incrementos en los tributos nacionales, sujetos a coparticipación con las provincias, atribuibles, básicamente, al incremento de los precios, la mejora en la actividad económica y, en menor medida, al mayor cumplimiento de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes.

En función de lo expuesto, el alza prevista para el total de tales recursos (19,6%) es explicada, en primer lugar, por la suba del monto correspondiente al Régimen de Coparticipación Federal de Impuestos (se incrementan en un 56,6%), incidiendo también, a continuación, la expansión de los ingresos por Transferencias de Servicios Educativos (suben un 37%).  Parte de estos aumentos obedecen a que en el año 2002 difícilmente la Nación cumpla con las transferencias correspondientes.

4.2 De las erogaciones en 2003:

La política de gasto para el 2003 es consistente con el austero marco general expuesto al inicio de este mensaje y en el punto 3 del mismo. En ese contexto, se ha priorizado, al momento de definir el nivel de erogaciones, el mantenimiento y aún la mejora de los servicios públicos esenciales, el enfático apoyo a programas con impacto social directo, la recuperación parcial del nivel de inversión pública, y el énfasis en la descentralización de funciones operativas hacia los municipios.

Las erogaciones totales proyectadas para 2003 suman $ 10.983 M, correspondiendo $ 10.378 M al gasto primario y los restantes 605 M a intereses de la deuda. Tales cifras, comparadas con la ejecución prevista para el año 2002, implican –respectivamente- aumentos del 11,2%, del 8,3% y del 103,3%. Se prevé que las erogaciones corrientes alcancen los $ 9.751 M y las de capital $ 627 M.

En el presupuesto provincial el mayor egreso continúa siendo el destinado a remuneraciones de los agentes públicos, cargas patronales asociadas y los subsidios vinculados, alcanzando al 60% del total del gasto corriente. El proyecto sometido a la consideración de V.H. continúa contemplando el impacto anual de la reducción salarial dispuesta por la Ley 12.727, el congelamiento de las vacantes y las limitantes establecidas por la Ley 12.874 (de Presupuesto 2002) en materia de topes remunerativos, antigüedad, sueldo anual complementario y determinación automática de remuneraciones.

Se sigue considerando indispensable que el Estado no contribuya a disminuir el nivel de empleo público (más allá de las bajas vegetativas), continuando con la adopción de medidas específicas basadas en criterios de equidad que den continuidad a rebajas efectivas en las erogaciones de personal.

Dando continuidad a la ejecución de las medidas reseñadas en el mensaje del proyecto de Ley de Presupuesto 2002, para el ejercicio 2003 se estiman gastos por $ 1.022 M por la provisión de bienes y servicios a la administración del Estado (gastos de funcionamiento).

Las erogaciones proyectadas se distribuyen según se expone en el gráfico 1 : tal como viene ocurriendo en los últimos ejercicios, la finalidad con mayor erogación resulta ser Educación con casi 33 %. Por otra parte, Relaciones Interiores absorbe aproximadamente el 15 %, Seguridad 13,6 %, mientras que Salud un 10,3 %, constituyendo de esta manera los principales componentes del gasto.

            Gráfico 1

A continuación, pasamos a reseñar algunos aspectos relevantes de la política de gastos para el 2003, en orden a lo expuesto en el primer párrafo del presente apartado:

4.2.1 Acerca de los programas sociales. El Plan Más Vida: La Política Social es un eje central en el direccionamiento de los recursos nacionales y provinciales y merece extender este mensaje especialmente:

La población bonaerense sufre las consecuencias de una recesión prolongada de alcance nacional, en algunas regiones agravada por desastres naturales. A fin de enfrentar esta dramática situación, el Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo ha elaborado un conjunto de programas que, al tiempo que atienda las urgencias de la hora, generen transformaciones estructurales para consolidar una sociedad más humana y más justa. Para esto prioriza:

-         Asegurar la cobertura de las necesidades básicas, especialmente la alimentación por ser éste un derecho básico y su garantía un rol indelegable del Estado.

-         Fomentar el trabajo productivo y generar espacios laborales orientados al desarrollo local-regional;

-         Promover la constitución de espacios de participación e institucionalización de las acciones para el bien común, que fortalezcan y rescaten el entorno familiar, como ámbito de referencia fundamental para todas las acciones.

-         Reorientar los programas existentes sobre la base de la articulación territorial de cada propuesta y su inclusión en el contexto socio-económico y cultural de cada distrito y región;

En base a lo antedicho, el presupuesto 2003 presenta una serie de particularidades que se resaltan a continuación.

Continúa implementándose el Plan para Jefes/as de Hogar Desocupados que alcanza hasta ahora a 683 mil beneficiarios en la Provincia, asignando recursos por más de $ 100 millones mensuales. Este Plan de gran masividad, que comenzó en abril de este año, exige un esfuerzo organizacional multisectorial y de coordinación entre los diferentes niveles de gobierno, nacional, provincial y municipal.

El Plan Más Vida supone una profunda reformulación del tradicional Programa Vida.

Se iniciará en el 2003 como un eje central de la política social focalizada. El mismo esta planteado como una estrategia integral de cuidado familiar, tomando a la familia como sujeto de las acciones y no como mero objeto de la asistencia. Se integran al Presupuesto provincial los fondos nacionales de los programas de Emergencia Alimentaria ampliando la cobertura existente.

El Plan Más Vida será el articulador de los programas alimentarios, con la  atención a la salud y aspectos educativos.

La imprescindible transformación de los programas alimentarios en intervenciones nutricionales efectivas, se materializará en plenitud durante este ejercicio en la nueva estrategia del Plan Más Vida. Sin embargo, las otras prestaciones alimentarias masivas, como el Servicio Alimentario Escolar, y las unidades de Desarrollo Infantil, comenzarán en el próximo año a transitar el mismo camino. Ello constituye, además, la  transformación de los modos de gestión y organización

El Programa Provincial de Economía Social tiene por objeto final la reintegración de todos los bonaerenses como productores, que participan en sistemas productivos privados, asociativos o mixtos y en redes permanentes de capacitación e información; que cooperen con su trabajo y sus medios (y los que el Estado pudiera suministrar) de producción para mejorar su hábitat y valorizar sus activos habitacionales. La principal destinataria de estas acciones es la población beneficiaria de subsidios de empleo e ingresos que son hoy recibidos por más de ochocientos mil hogares bonaerenses.

Sus objetivos inmediatos están orientados a:

-         Facilitar el desarrollo de nuevos emprendimientos productivos o consolidar y potenciar los existentes, creando mercados para la producción popular.

-         Desarrollar una red de instituciones de Banca Social con fondos que acompañen el desenvolvimiento de las actividades económicas con apoyo accesible y a costos que permitan fundamentalmente la sustentabilidad de los demandantes.

-         Estimular diversas modalidades de autoabastecimiento y subsistencia relacionándolas con los circuitos habituales de los programas alimentarios.

-         Promover y fortalecer proyectos de desarrollo local que impliquen emprendimientos de carácter productivo y/o comunitario y de formación laboral.

-         Inscribir los programas de empleo en proyectos relacionados con las economías locales y regionales que logren generar espacios laborales sustentables

-         Incorporar una nueva generación de promotores dispuestos a dinamizar y estimular nuevos emprendimientos, vinculándolos en cadenas de producción y reproducción, y facilitando el acceso a recursos y programas.

En el marco conflicitivo que se evidencia, las políticas de minoridad persiguen una reorganización de la gestión sustantiva sobre la base del diseño y la ejecución participativos de políticas preventivas y alternativas a la internación, desde la perspectiva de los destinatarios, que fortalezcan y rescaten el entorno familiar, y con compromiso de las comunidades de origen.

Se busca de este modo:

-         Promover la responsabilidad de cada una de las instituciones en las situaciones que involucren a niños y adolescentes, buscando nuevas lógicas sociales, institucionales y comunitarias.

-         Estimular la generación de prácticas institucionales innovadoras, para así fortalecer y crear estrategias de inclusión que incorporen a los niños y adolescentes a las políticas sociales básicas.-

-         Investigar, desarrollar e implementar modalidades de apoyo a la familia que permitan fortalecer su protagonismo en la crianza y desarrollo de los niños y adolescentes.

-         Analizar y evaluar el impacto y la racionalidad de los programas.

-         Apuntalar el sistema organizacional interno, tanto de información como de gestión

Cabe al Ministerio de Desarrollo Humano y Trabajo, a través de la Subsecretaría de Trabajo el ejercicio constitucional del poder de policía laboral. En este sentido se ha desarrollado y se desarrollará una acción dirigida básicamente a tutelar los derechos del trabajador, fiscalizando el cumplimiento de toda la normativa específica en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, e interviniendo en las cuestiones del trabajo, en los conflictos de carácter individual, plurindividual y colectivos tanto del sector privado como del sector público. Continuará con la participación en las negociaciones y convenciones colectivas de trabajo en su jurisdicción. En dichas acciones intervienen las 46 delegaciones regionales del organismo.

Se acentuará el objetivo de evitar la pérdida de las fuentes laborales existentes y al mismo tiempo generar la creación de nuevos puestos de trabajo. Por ello se atenderán los asuntos  en materia de servicios de empleo y formación laboral en coordinación con la Subsecretaría de Coordinación Operativa, con el propósito de que todo proyecto que contemple planes u otras modalidades que funcionen como subsidio de desempleo o asistencia a los desempleados, prevea la contraprestación laboral ya sea como nuevas incorporaciones al sector privado o la capacitación laboral de sus beneficiarios. Estas metas se ejecutarán a través de los programas de “Empleo con participación en empresas privadas” que contemplan las líneas de acción salario y formación laboral, “Programa de observatorio de empleo”, “Programa de servicios de empleos municipales” y “Programa de repoblación de pequeñas comunidades rurales del Interior de la provincia de Buenos Aires”.

4.2.2 Acerca de la educación: El presupuesto para el próximo año contempla la continuidad de las políticas sociales que garanticen la inclusión, el nivel académico y la descentralización administrativa que posibilite con rapidez y eficiencia estos objetivos. El gobierno de la provincia de Buenos Aires asume la responsabilidad de elevar el nivel educacional del conjunto de su población, entendiendo que mejorar la educación es mejorar la sociedad.

Se procura implementar estrategias de respuesta específica a los siguientes ejes prioritarios:

-                                 Inclusión consolidada y creciente

-                                 Calidad educativa;

-                                 Atención a la diversidad

-                                 Autonomía institucional y acciones de desburocratización;

-                                 Extensión del tiempo de escolaridad;

-                                 Acciones de capacitación;

-                                 Acciones de descentralización administrativa;

-                                 Mejoramiento de las condiciones de educabilidad.

La política provincial busca estimular la potencia activa de las escuelas para operar sobre estos ejes en el campo de su competencia. La escuela sola no puede resolverlo todo. Sin embargo, hay tareas que le son propias y en las que ella es potente para producir cambios favorables.

La redefinición del rol del Estado permitirá avanzar en la transformación desde un Estado burocratizado e ineficaz hacia otro más transparente, inteligente y al servicio del ciudadano. Esta era ya una línea de acción tangible y en las actuales circunstancias se torna impostergable. El Estado está al servicio del pueblo y, en esta esfera, ese servicio es la educación. La política de modernización del Estado, en consecuencia, se vincula con el objetivo de mejorar la educación de todos los habitantes de la Provincia.

La entrega que ello demandó a la comunidad educativa y a la sociedad bonaerense tiene que intensificarse en esta próxima etapa, para completar el proceso de inclusión, perfeccionar la formación de los docentes y los aprendizajes de los alumnos e incrementar la participación distrital, local y comunitaria. Se avanza hacia una segunda generación de acciones transformadoras.

El crecimiento del sistema plantea por sí mismo problemas que requieren del seguimiento diario y de una planificación a mediano plazo. El equilibrio entre la innovación y la identidad cultural es un punto de referencia desde el que se han diseñado e implementado las políticas educativas.

La descentralización de las áreas administrativa y de Infraestructura y el mayor protagonismo otorgado a los consejos escolares permitió mejorar servicios, transparentar el funcionamiento del sistema y adecuar la operatoria al presupuesto disponible. Esta tarea afirma el rol indelegable del Estado en la educación pública promoviendo una mayor participación y autonomía de los actores distritales. Se trata de un Gobierno centralizado en el contexto de un Estado descentralizado lo cual posibilitará entre otros aspectos sustanciales, liberar a los supervisores docentes de funciones administrativas y recuperar de manera paulatina su rol pedagógico.

Para alcanzar los objetivos fundamentales, ya explicitados, las decisiones que acompañaron esta última etapa estuvieron destinadas a reducir la estructura del nivel central, evitar distorsiones en el sistema y  garantizar la prestación del servicio.

Para 2003, las decisiones presupuestarias apuntan a sostener las siguientes prioridades:

-                                 La inclusión de los niños y jóvenes pertenecientes a los sectores más pobres,

-                                 El mejoramiento de las condiciones de educabilidad de los alumnos de nuestro sistema educativo;

-                                 La construcción de las obras de infraestructura necesarias para garantizar esa inclusión,

-                                 La continuidad y ampliación del Programa Recreativo de Verano para 250.000 niños bonaerenses en enero y febrero 2003;

-                                 La obtención de una mayor cobertura en sala de 5 años;

-                                 La extensión de las ofertas en jardines maternales y salas de 2 años;

-                                 La profundización en acciones que destinadas al tercer ciclo de la Educación General Básica.

-                                 La construcción de nuevas políticas para la Educación de Adultos y la Formación Profesional: incorporación de 20000 beneficiarios del Plan Jefes y jefas, que se suman a los 20000 incorporados en 2002.

-                                 La continuidad del Programa de Becas, y Ayuda Escolar Extraordinaria con fondos propios;

-                                 La continuidad de las prestaciones de comedores escolares;

-                                 Una nueva distribución de útiles escolares a comienzos de año en escuelas que atienden poblaciones carentes.

-                                 La oferta de transporte escolar destinada  alumnos a establecimientos ubicados en zonas de difícil acceso: medida exclusiva para los alumnos que vivan en esas zonas.

-                                 La profundización de los aprendizajes en Lengua y Matemática: se dedicarán más horas de clase a este objetivo.

-                                 El fortalecimiento de las bibliotecas escolares en el marco del Programa La escuela lee más que se va a llevar a cabo en 2003 cuyo objetivo es enfatizar la formación de alumnos lectores y escritores: dotación de libros y  refuerzo de agentes bibliotecarios.

Estas son, en síntesis las acciones más importantes de esta Dirección General de Cultura y Educación, que suponen sostenimiento presupuestario.

4.2.3 Acerca de la salud: Durante 2003 han de profundizarse y extenderse las labores en este ámbito, dando lógica continuidad a los realizados a lo largo de 2002. En efecto, ha sido un gran esfuerzo del área de Salud continuar garantizando sus servicios, obviamente esenciales a la población, la que aumentó su demanda notoriamente, fundamentalmente por el encarecimiento generado sobre la gran cantidad de insumos importados, tales como  drogas para la elaboración de medicamentos; insumos para cirugías complejas; repuestos para el mantenimiento y reparación de aparatos hospitalarios de alta tecnología, etc.

En el año entrante se han de profundizar los desarrollos iniciados en 2002 de importantes herramientas de gestión de compras que atenuaron el efecto del proceso devaluatorio sobre el gasto asignado para este año y permitieron un ahorro significativo, previéndose impulsar para disminuir costos la producción local de vacunas y medicamentos utilizados en hospitales y municipios adheridos por convenios.

En 2003 se incorpora a la jurisdicción ministerial el hospital de González Catán, con una planta asignada de 560 empleados.

Se cumplirá con el programa de medicamentos para pacientes ambulatorios carenciados con enfermedades crónicas y con el programa de prótesis.

En el marco del programa Más Vida, se incorporan tareas -fundamentalmente de atención primaria- para atender las cuestiones sanitarias ligadas a la emergencia alimentaria.

Siguiendo con los lineamientos de la reforma del Estado provincial se estableció un marco estratégico para el Ministerio de Salud y se adecuó una propuesta de estructura organizacional cuyo funcionamiento se basa en un modelo de gestión por resultado.

Finalmente, también se continuará en el año 2003 con la carrera de Enfermería, la que en el año en curso registró aumentos en el número de sus alumnos, sin incrementar el presupuesto asignado.

4.2.4 Acerca de la seguridad: A la par del desarrollo de las políticas sociales encaradas, la seguridad bonaerense es prioridad para la Provincia en el 2003.

La problemática del delito se constituirá en el eje prioritario del sistema policial, encaminando las acciones de la Institución al fortalecimiento de las capacidades de prevención y represión. Se impulsará una adecuación en el accionar policial en respuesta a las nuevas modalidades delictivas, especialmente narcocriminalidad, secuestros extorsivos y robo de automotores, que desafían las capacidades existentes en materia de seguridad pública.

Los dos pilares centrales para la consecución de los objetivos planteados lo constituyen la jerarquización de los recursos humanos y el equipamiento policial.

A partir de estas definiciones , las acciones a implementarse consistirán en:

-                                 Reformular las modalidades tradicionales de intervención policial orientando la estructura de la organización y el funcionamiento del sistema  sobre la base de la prevención y la resolución temprana del delito.

-                                 Racionalizar y optimizar el despliegue de los recursos humanos, logísticos y operacionales del sistema policial.

-                                 Impulsar el desarrollo de una normativa de personal adecuada a la problemática delictiva vigente basada en la capacitación y epecialización, el establecimiento de un escalafón único en la carrera policial y un sistema de ascensos basado en el  mérito y la idoneidad.

-                                 Desarrollar, consolidar y jerarquizar,  promoviendo la profesionalización, de las dependencias policiales de inteligencia criminal y la investigación de delitos complejos a partir de la modernización e informatización de los procedimientos empleados por las mismas. Permitirá alcanzar los estándares internacionales para coordinar estrategias preventivas con otros países.

-                                 Consolidar las actividades destinadas a la protección y defensa civil, para lo cual se propone la subdivisión de la Provincia por zonas de Defensa Civil y la conformación de juntas municipales de Defensa Civil.

-                                 Promocionar activamente la participación comunitaria en la resolución de las cuestiones vinculadas a la seguridad.

-                                 Consolidar las actividades destinadas a ejercer las atribuciones de control y evaluación del desempeño integral policial.

-                                 Desarrollar y consolidar la coordinación y supervisión con la seguridad privada.

-                                 Impulsar la carrera  de técnico superior en Seguridad Pública y la licenciatura en Seguridad Pública, a través de convenios con universidades.

-                                 Avanzar en el desarrollo de un sistema integrado de control de gestión.

-                                 En el marco del plan estratégico, mejorar la estructura y los circuitos administrativos a fin de funcionar más eficazmente.

-                                 Mejorar el equipamiento policial, incorporando 700 nuevos vehículos blindados a lo largo del año 2003, así como nuevos equipos de comunicaciones e informáticos. 

Por su parte, en materia penitenciaria, se prevé la construcción de seis nuevas unidades carcelarias y dos módulos, con una capacidad para dicho conjunto de  2.240 internos.

4.2.5 Acerca de la inversión pública: En 2003 se espera aplicar $ 627 M en erogaciones de capital, aumentándose así este género de gastos en $ 347 M con relación al año en curso (el aumento es del 123%). Reviste especial importancia la atención de la problemática hidráulica y vial, el equipamiento de diversas Instituciones de la Provincia y la gestión del financiamiento de créditos multilaterales.

Particularmente, merece destacarse que para el año 2003 se prevé el desembolso de $ 86 M por el fondo fiduciario de infraestructura (Ley 12.511), los que serán destinados al Plan de Emergencia Hídrico-Vial ( $30 M ); al equipamiento médico para hospitales de La Matanza y Salto ( $48M ); y el resto básicamente a establecimientos carcelarios en Benito Juárez, Saavedra e Ituzaingo, y otras obras complementarias en las cárceles de Magdalena, La Plata y Olavarría, así como la recuperación de unidades, celdas, refacción de calabozos y equipamiento de microbuses para traslado de detenidos a través del Ministerio de Seguridad.

Por último, la operación de financiamiento de créditos multilaterales permitirá retomar la inversión en proyectos de saneamiento hídrico y ambiental en la cuenca del río Reconquista, donde se habrán de invertir $ 23,6 M, correspondiendo $ 8,3 M a aportes de contrapartida local, restando ejecutar alrededor de $50 M en los próximos años. Asimismo, se han previsto recursos presupuestarios por $ 7,6M para obras en la cuenca de los ríos Matanza y Riachuelo, y por $ 35,7M para inversiones en la Cuenca del Salado. Por su parte, se espera invertir $60 M en el Plan Caminos Provinciales que atiende obras en las rutas provinciales 41, 51, 47, 205, 215 y 227.

4.2.6 Acerca de la relación financiera con los Municipios:  

4.2.6.1 De la coparticipación: Para el año 2003 se prevé continuar con la tendencia creciente señalada en el apartado 2.3.3., distribuyéndose la Coparticipación Municipal según la Ley 10.559 y sus modificatorias, estimándose que por este concepto los municipios recibirán $ 1.232 M.

4.2.6.2 De la descentralización de la administración tributaria: En el ejercicio 2003 continuará el proceso de descentralización de la administración tributaria, el cual en el año 2002 tuvo un gran impulso con el Plan de Recupero de Deudas en el que participaron 130 municipios que realizaron acogimientos por $ 180 millones, generando recursos adicionales para las comunas.

Según esbozáramos en el primer párrafo del apartado 4.1.1, para el ejercicio 2003 se prevé modificar el programa de descentralización del Impuesto Inmobiliario Rural, asignando la totalidad de los fondos, ya sea a través del Presupuesto provincial como mediante los presupuestos municipales, al sector que genera la recaudación del tributo. Los recursos obtenidos por el impuesto se destinarán, una vez cubiertas las actuales afectaciones (1% a Vialidad y 0,1% a la problemática de las adicciones)  en un 50% a la Provincia, la que los afectará al mantenimiento y construcción de obras viales e hidráulicas con incidencia en el interior bonaerense. El restante 50% será recibido por los municipios, que deberán afectar la mitad de lo así recibido al mantenimiento de la red provincial de caminos de tierra, quedando el saldo de libre disponibilidad para las comunas.

Teniendo en cuenta que la estimación de recaudación de este impuesto para el 2003 se calcula en $ 175 millones, resulta destacable mencionar que los municipios involucrados al recibir casi un 50% en forma directa, es decir $86,5 M, incorporarán a sus esquemas fiscales un importe sustancialmente superior al recibido durante el 2002.

En el mismo sentido, se llevará adelante una modificación del Programa en el Impuesto sobre los Ingresos Brutos, otorgándoles a los municipios mayores facultades para su administración y transfiriéndoles para su control aquellos contribuyentes que en la AFIP se encuentran en la categoría de monotributistas, es decir cuya facturación anual no supere los $ 144.000. En forma similar al caso del Impuesto Inmobiliario Rural, la recaudación de este segmento del impuesto sobre los ingresos brutos se distribuirá como sigue: el 50% se destinará a la Provincia, la que lo afectará al desarrollo de planes sociales; el 25% se destinará a los municipios para que estos atiendan un gasto específico, cual es el mantenimiento de los edificios escolares que se encuentren en su distrito; quedando el resto como de libre disponibilidad para los municipios.

Se estima en $ 150 millones la recaudación por Ingresos Brutos de este universo de contribuyentes, por lo que el 50% directo a los municipios ($75 M) implica también un fuerte crecimiento respecto de lo percibido durante el 2002.

En los dos casos citados de descentralización -impuesto Inmobiliario Rural y pequeños contribuyentes del impuesto sobre los Ingresos Brutos- se propone la exclusión de las respectivas recaudaciones del Régimen de Coparticipación Municipal establecido en la Ley 10.559 y sus modificatorias; y la creación de un régimen especial que se asigne de la forma antes mencionada.

El total de transferencias previstas por descentralización tributaria a los municipios para el año 2003 se conforma entonces de la siguiente manera:

MILLONES DE $

·        Por impuesto Inmobiliario Rural                                                  86,5

·        Por impuesto sobre los Ingresos Brutos                                       75,0

·        Otras (gestión de moratorias)                                                                   33,0

·        TOTAL                                                                                                      194,5

Finalmente, se prevé un fuerte incremento en concepto de transferencias de los diversos juegos de azar, que pasan de $ 59 M en 2002 a $ 84 M registrando un aumento de $ 25 M(42%). A continuación se  sintetiza el esquema de transferencias a los Municipios en millones de pesos, para el trienio 2001-2003 :

                Cuadro 6

4.2.6.3 De la deuda municipal: Como consecuencia del nivel de endeudamiento que actualmente enfrenta el sector municipal, ya sea con organismos multilaterales de crédito como con el Sector Financiero Público, los servicios de la deuda han cobrado una significativa importancia en la estructura de gastos de los gobiernos municipales, a partir del cambio de las condiciones financieras producto de la devaluación de nuestra moneda.

Esta problemática, mas allá de las soluciones parciales adoptadas durante el año 2002, debe ser atacada estructuralmente, posibilitando a los municipios la obtención de condiciones más acordes con la nueva realidad de recursos y gastos que deben afrontar.

En ese sentido se propicia un programa de conversión y reestructuración de deudas municipales, fundamentalmente las contraídas con el Banco de la Provincia de Buenos Aires y con el Banco de la Nación Argentina.

Los municipios que se incorporen a esta operatoria asumirán con la Provincia la deuda resultante, obteniendo condiciones más favorables que las actuales, debiendo adherir al proceso instrumentado, cediendo los recursos necesarios para la atención de los servicios de la deuda.

Por otra parte y en el marco de la Ley Nro. 11.661, el Poder Ejecutivo suscribió el 14 de septiembre de 1995, con el Estado nacional, sendos Contratos de Préstamos Subsidiarios, otorgados en el marco de los Contratos de Préstamo Nro. 3860/AR y Nro. 830 OC-AR y 932 SF-AR, firmados entre la Nación y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), respectivamente, a efectos de formalizar la transferencia de derechos y obligaciones emergentes de las referidas operaciones de crédito externo.

Asimismo a fin de alcanzar el objeto final de dichas líneas crediticias, es decir, otorgar financiamiento a programas y proyectos vinculados a las acciones de fortalecimiento, desarrollo institucional e inversiones en el ámbito municipal, el Poder Ejecutivo suscribió los correspondientes contratos de subpréstamos con los municipios interesados en recibir financiación por esta vía. Estos convenios involucran a casi 100 municipios con un endeudamiento de aproximadamente U$S 68.000.000.

Teniendo en cuenta que los montos del endeudamiento contraído por los municipios son en Dólares Estadounidenses (U$S), las obligaciones nacidas de estos convenios se han visto sensiblemente acrecentadas como consecuencia del nuevo régimen cambiario.

Toda la legislación existente en cuanto al tratamiento que debe darse a las obligaciones del Sector Público nacional, provincial y municipal denominadas en dicha moneda, resulta aplicable exclusivamente al endeudamiento contraído en el marco de la ley Argentina, condición que no se verifica en el caso de los contratos de préstamos otorgados por organismos internacionales de crédito.

El Poder Ejecutivo propicia convenir con los municipios modificaciones a los contratos de subpréstamos que permitan atenuar el peso de dicha deuda sobre las finanzas municipales y que no resulte extremadamente oneroso a las arcas provinciales, teniendo en cuenta que la Provincia también sufre, en su condición de deudora del Estado nacional, las consecuencias de la liberalización del mercado cambiario.

El esquema financiero factible de implementar consiste en compensar el efecto de los pagos que debe realizar el Gobierno provincial como consecuencia de estos préstamos a los organismos multilaterales (Banco Mundial y BID), con el recupero originado en la cancelación por parte de los municipios de las deudas contraídas con la Provincia en virtud de los mencionados convenios de subpréstamos.  En este sentido debe señalarse que si bien los montos a devolver por los municipios  según las condiciones originalmente pactadas resultan superiores a los servicios financieros  a cargo de la Provincia, resulta conveniente refinanciar la diferencia a efectos de aliviar la carga financiera sobre los presupuestos municipales.

Cabe resaltar que el mecanismo de refinanciación de deudas municipales propuesto tendrá vigencia hasta tanto las deudas originalmente contraídas sean saldadas y que el mismo deberá ser adecuado en la medida en que en futuros acuerdos con el Gobierno nacional se consigan condiciones más beneficiosas para las finanzas municipales con relación al contrato de préstamo subsidiario aprobado por Ley Nro. 11.661.

4.2.7 Del Poder Judicial: Subsistiendo aún la situación de emergencia, económica y financiera del Estado provincial, declarada oportunamente por Ley 12.727, el Poder Ejecutivo propicia mediante el presente proyecto de Ley de Presupuesto para el próximo año 2003, otorgar un refuerzo de partidas presupuestarias para el área de Administración de Justicia dependiente de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires.

Las dificultades registradas a partir de las circunstancias de emergencia económica referidas, imposibilitaron en el corriente año, la asignación de un mayor presupuesto para la Justicia provincial, adjudicándole a través de la Ley de Presupuesto 12.874, similar monto al ejecutado durante el año anterior.

No obstante ello, y ante la necesidad de preservar y velar por un adecuado servicio de justicia que la sociedad toda reclama, hace que se procure reforzar principalmente el presupuesto destinado al Fuero Penal, permitiendo la puesta en funcionamiento de diversos órganos jurisdiccionales creados oportunamente por la Ley 12.060.

La reforma Procesal Penal instalada en septiembre de 1998, previó que, luego de un proceso de adaptación y ajustes al sistema, se pondría en marcha una segunda etapa donde se haría efectivo el funcionamiento de casi la totalidad de los órganos previstos en la nueva normativa.

Así, se prevé que inicien actividades durante el año 2003, órganos cuya habilitación la Suprema Corte de Justicia ha considerado prioritarios. Dichos organismos jurisdiccionales, que se distribuyen en diversos departamentos judiciales de la Provincia y que se estiman indispensables son: cinco juzgados de Garantías; diez de Ejecución y cinco tribunales en lo Criminal.

Asimismo y a pesar de la delicada situación por la que atraviesa la Provincia, se prevé fortalecer presupuestariamente el área del Ministerio Público, tanto fiscal como de la defensa.

A cuatro años de la puesta en marcha del nuevo sistema procesal penal, no se ha logrado aún el funcionamiento pleno de la totalidad de las fiscalías previstas. Ello se debe a que la implementación de la segunda etapa, con el llamado a concurso de varios cargos de agentes fiscales -titulares y adjuntos- creados por la Ley 12.367, produjo durante el año 2001 numerosas vacantes, la mayoría de ellas producidas por ascensos de sus titulares.

Las mencionadas vacancias deberán ser paulatinamente cubiertas a fin de optimizar el servicio de justicia por lo que, como se anticipó, se propicia reforzar presupuestariamente dicha área.

Con relación al Ministerio Público de la Defensa -servicio tradicionalmente asumido por la Provincia por el que se garantiza el derecho de defensa en juicio de la gran mayoría de imputados, y que hoy continúa desarrollándose en el marco de la Constitución y de los pactos internacionales celebrados sobre la materia- se justifica que se provean nuevas asignaciones presupuestarias que permitan avanzar hacia una gradual cobertura del remanente de aquellos cargos creados por ley, que a la fecha no han sido cubiertos o que quedaron oportunamente vacantes.

Asimismo el funcionamiento pleno de las defensorías oficiales en los diversos departamentos judiciales, permitirá subsanar problemas de agenda que hoy impiden la realización periódica de los debates, coadyuvando también, a optimizar el desempeño de los órganos de juicio actualmente en funcionamiento.

4.2 .8 De los servicios de la deuda en 2003: Las erogaciones previstas para el 2003 en materia de amortización de capital e intereses de la deuda cuyo pago se vio interrumpido, como se señaló, desde los primeros meses de 2002, se concentrarán, en primer término, en atender la reanudación de los servicios de aquellas obligaciones que, en lugar de provenir de una decisión de inversión financiera por parte del acreedor, tuvieron como origen la consolidación compulsiva de deudas. Estamos hablando de los Bonos de Consolidación de Deudas Ley 11.192 y los Bonos de Cancelación de Obligaciones de Buenos Aires Ley 12.727.

En otro orden, indudablemente un ítem importante para el 2003 en materia de compromisos financieros de la Provincia estará compuesto por las obligaciones con el Gobierno nacional que surjan como consecuencia del antes citado canje de deuda provincial. Como ya se señaló, los intereses de los bonos nacionales garantizados -títulos en los cuales será convertida la deuda de la Provincia- son pagaderos mensualmente a partir de la finalización del proceso de canje que se estima ocurrirá a fines del corriente ejercicio o en los primeros días del año entrante.

Asimismo, deben señalarse las obligaciones que para la Provincia se derivarán del Programa de Financiamiento Ordenado de las Finanzas Provinciales para el ejercicio 2002, que fuera ratificado por la Ley Nro 12.952, y cuyos servicios de interés comenzarán a vencerse durante el año 2003. Sin embargo, la carga financiera en este rubro estará íntimamente relacionada con el nivel de ejecución por parte del Gobierno nacional del citado programa, siendo que, actualmente, sólo han sido otorgados anticipos a cuenta del mismo por un monto hasta mediados de noviembre de $160 millones, quedando así pendiente de recepción poco más de $500 millones.

Por último, aunque no menos importante cuantitativa y cualitativamente, se continuará con la atención de los servicios de los programas que cuentan con financiamiento de organismos multilaterales. A este respecto, al estar los mismos garantizados por el Gobierno nacional y como una forma de coordinar con éste la política a adoptar en miras a una futura renegociación de sus términos contractuales, se continuará apelando al mecanismo del pago por el Gobierno nacional y su posterior deducción de los fondos coparticipables provinciales entregados en garantía por la Provincia.

4.3 Del financiamiento en 2003:  El proyecto prevé una autorización al Poder Ejecutivo para tomar endeudamiento por $1.043.700.000, a fin de completar el financiamiento de los gastos previstos. Dicho financiamiento será solicitado, en principio, al Gobierno nacional. Es de destacar que el acuerdo Político, Económico y Social de Olivos del día 18 de noviembre de 2002, entre el presidente de la República, gobernadores de provincias y líderes parlamentarios nacionales, estableció en su punto sexto el compromiso de instrumentar, antes de la primera quincena de febrero de 2003, la negociación de los acuerdos bilaterales para el Financiamiento Ordenado del año 2003. Los mismos representarían la continuidad de los acuerdos para el Financiamiento Ordenado del año 2002, que en el caso del correspondiente a la provincia de Buenos Aires fuera ratificado por Ley 12.952. Estos acuerdos implican limitaciones para el financiamiento de otras fuentes (por ejemplo, emisión de Patacones) que sólo tienen vigencia en caso de hacerse efectivos los desembolsos de fondos por parte del Gobierno Nacional que se comprometen en dichos acuerdos.

Confiamos nuevamente en que el proyecto adjunto merezca vuestra aprobación, atento los criterios de racionalidad, equidad y austeridad sobre cuya base fuera elaborado.

Dios guarde a V. Honorabilidad.