FUNDAMENTOS DE LA LEY 15134

El presente proyecto tiene como objeto adherir a la ley nacional, que crea un programa de capacitación institucional en género y violencia contra las mujeres. Desde el año 2009 rige en Argentina la Ley № 26.485, de protección integral de las mujeres, en la que se busca prevenir, sancionar y erradicar la violencia. También el Estado argentino ha formado y forma parte de tratados internacionales que bregan por la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, reconocen el derecho a la mujer de una vida sin violencia como derecho inalienable. Entre ellos se destacan, la Asamblea General de Naciones Unidas, en 1979, que sienta las bases para la eliminación de todas las formas de discriminación; la Convención de Belem do Para, en el año 1994, según la cual “Los Estados partes condenan todas las formas de violencia contra la mujer, y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia”. La IV Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en el año 1995, adoptada por 189 países, da un gran impulso al empoderamiento femenino, ya que establece estrategias y medidas que tienden al progreso de las mujeres y el logro de la igualdad de derechos, en doce áreas fundamentales. La ley que crea un programa permanente de capacitación institucional en género y violencia contra las mujeres, sigue en concordancia con los tratados y compromisos internacionales en los que el Estado interviene activamente. No obstante esto, hay mucho por hacer aún, si se analizan los datos del año 2018, el Consejo Nacional de las Mujeres recibió un promedio de más de 6.000 llamadas al número 144, se registró un femicidio cada 32 horas, teniendo que sumar a este dato alarmante los casos de femicidios vinculados y las víctimas colaterales, hijos e hijas que quedaron sin madre. Es estrictamente necesario implementar políticas públicas que evidencien que la violencia contra la mujer constituye una violación grave de los derechos humanos, y que, por consiguiente, afecta negativamente la vida de ellas, su entorno familiar y el desarrollo pleno de su vida en sociedad. A su vez este flagelo mundial tiene consecuencias sociales que van más allá de las mujeres, los altos costos asociados implican aumentos en gastos de salud, servicios jurídicos, detrimento de la productividad, que impactan en presupuestos nacionales y provinciales.

La sociedad civil y las asociaciones de mujeres, movilizadas a nivel nacional e internacional ha conseguido incluir en la agenda pública la necesidad de erradicar la violencia, nunca antes tantos países han tenido leyes en este sentido, sin embargo la aplicación de las mismas es todavía un desafio. La mujer continúa teniendo una limitada protección y acceso a la justicia. No resultan efectivos los mecanismos de prevención y muchos de los casos de violencia permanecen impunes. En este contexto, el femicidio de Micaela García, ocurrido en abril de 2017, conmovió a la sociedad especialmente, y su muerte da impulso a un nuevo paso hacia la búsqueda de soluciones en este sentido. Por eso la ley que pretende adherir la provincia de Buenos Aires se conoce como “Ley Micaela”, ella representa cada una de las mujeres víctimas de violencia y nos compromete de manera inapelable. La implementación de un programa de capacitación institucional en género y violencia contra la mujer, en todos los poderes del Estado y en todos los niveles, se suma a las medidas que se están tomando en la provincia de Buenos Aires, diseñando políticas públicas tendientes a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. En 2016 se ha lanzado el plan de género que se enfoca en la prevención y la asistencia, a través de dispositivos territoriales, así como de una aplicación móvil, la cual capta las denuncias de mujeres en situación de vulnerabilidad y víctimas de violencia de género. Desde la implementación de este plan, se ha avanzado en la creación de una red de hogares, así como en el fortalecimiento de la línea 144 de atención gratuita. En este mismo sentido, se ha incrementado el Fondo de Emergencias, el cual cuenta con un equipo interdisciplinario de seguimiento para casos críticos. El compromiso del Estado es ineludible, pero también, cada uno de nosotros debemos sentirnos protagonistas de una comunidad que debe transformarse, debemos tener una participación plena de todos los sectores, para una acción significativa que brinde resultados de largo alcance.

Por todo lo expuesto, y considerando que la ley es una importante contribución al establecimiento de la igualdad de derechos desde el punto de vista jurídico, social, económico y cultural, es que solicito a los señores legisladores que me acompañen con su voto.