FUNDAMENTOS DE LA
LEY 8890
La ley adjunta dispone la derogación de la ley 7.748, sancionada el día 11 de agosto de 1971, por la cual se donó a favor del Estado nacional (Lotería de Beneficiencia Nacional y Casinos) una fracción de tierra de 5 has. pertenecientes al vivero Florentino Ameghino de Miramar, ubicadas en jurisdicción del partido de General Alvarado, con destino a la construcción de un casino por parte del Ministerio de Bienestar Social.
Luego del dictado de la norma referida y de diversas gestiones llevadas a cabo por las autoridades nacionales para concretar la operación y obtener además una mayor superficie, la Dirección de Administración de Inmuebles del estado puntualiza que “a pesar del estudio dominial llevado a cabo a partir de las inscripciones de origen, resulta engorroso, por no decir imposible, determinar con certeza el estado legal de los bienes referidos, estimándose poco clara la titularidad de la provincia de Buenos aires sobre la fracción que se pretende donar…”, y señala, que la misma forma parte de terrenos expropiados por decreto 23.285/48 y 23.280/49, para ampliación del vivero Florentino Ameghino, expropiación que habría originado la iniciación de diversos juicios con resultados en general negativos al Estado provincial.
Cabe destacar, que la donación propiciada por la ley en cuestión no ha llegado a consumarse, puesto que no ha existido transferencia de la posesión ni se ha extendido la pertinente escritura traslativa de dominio, como tampoco se ha cumplido con el recaudo de la aceptación.
Por otra parte, de los informes producidos en el expediente 4.038-4.540/70, se desprende que la fracción involucrada en la operación de donación, autorizada por la mencionada ley 7.748, no ha sufrido modificaciones registrales, ni deslinde alguno de la mayor superficie a la cual pertenece.
A mérito de tales circunstancias y estimando inconveniente a los intereses provinciales concretar la donación autorizada por ley 7.748, coinciden la Subsecretaría de Hacienda, el Ministerio de Asuntos Agrarios, la Asesoría General de Gobierno y la Fiscalía de Estado, en la necesidad de derogar la misma, para luego estudiar y convenir un régimen que contemple la coparticipación de la Provincia en las utilidades que produzca el funcionamiento del futuro casino.