Fundamentos de la Ley 12680

            El objeto de la presente ley es suspender por el término de ciento ochenta (180) días corridos, contados a partir del vencimiento del plazo establecido por la ley 12.487, el trámite de los juicios aún en la etapa de ejecución de sentencia, derivados de la ejecución de las obras de la red de gas en el municipio de Florencio Varela, declarada de interés público y pago obligatorio por la municipalidad.

            La ejecución de los trabajos aludidos se corresponden a los efectuados durante el período 1992/1996, bajo el régimen de la Ordenanza General 165/1973 de la provincia de Buenos Aires.

            Para la formulación de este proyecto de ley se tiene en consideración que las empresas a cargo de la realización de esas obras ocasionaron diversos inconvenientes a la comunidad. Entre ellos cabe mencionar demoras en el inicio de las obras, en los avances de las mismas y en la finalización, como así también, en los cortes realizados por falta de adherencia. Por otra parte teniendo en cuenta la difícil situación económica que atraviesan distintos segmentos de la población varelense como consecuencia del aumento de la desocupación, muchos vecinos de la localidad se encuentran en la imposibilidad de cumplir con los compromisos pactados.

            Una de las empresas, Cado Sanitarios S.R.L., es la que cuenta con la mayor cantidad de vecinos deudores (aproximadamente unos 4.500 a 5.000 según los datos suministrados por la misma) y es la que viene reclamando a través de cartas prejudiciales el pago de deudas contraídas por los vecinos en diferentes años. Se tiene conocimiento además de un caso de ejecución con mandamiento judicial del juzgado de Quilmes en el barrio Villa Vatteone.

            Las deudas originadas por estos emprendimientos alcanzan sumas que oscilan entre los 1.370 y 3.000 pesos según los casos, cuando el costo original básico de la obra por frentista y/o unidad contributiva fue pactado entre 450 y 500 pesos, que será como máximo el valor real actual de la obra. En los montos de deuda reclamados por la empresa se incorporan intereses que por diferentes conceptos se imputan sobre el capital. Esto sumado al deterioro socio económico de muchos de los afectados los sume en la impotencia de no poder pagar lo que la empresa pretende cobrar.

            Esta situación dio origen a que los vecinos solicitaran la intervención de las autoridades del municipio (expediente 16.654/99 H.C.D.; nota Relaciones institucionales 333/99) sin respuesta alguna.

            Como consecuencia de lo expresado la Legislatura provincial sancionó la ley 12.487 que suspende por 180 días el trámite de cualquier acción judicial para el cobro de créditos por falta de pago de las obras mencionadas, con el objeto de poder renegociar con la empresa cada una de las deudas en sumas acordes con la situación de cada deudor y su posibilidad de pago. Pero es de público conocimiento que las empresas involucradas en el tema que nos ocupa hicieron caso omiso de la vigencia de la ley referida y continuaron presionando a nuestros vecinos por medio de intimaciones o prosiguiendo con las acciones legales ya iniciadas, con la finalidad de forzarlos a firmar convenios de pago con intereses y liquidaciones exorbitantes e ilegítimas bajo amenazas de remate. Por ello deviene necesaria esta iniciativa en la que se solicita una nueva prórroga con los mismos términos que los establecido por la ley 12.487, y cuyo plazo está próximo a vencer.

            Por las consideraciones expuestas y con el objeto de cumplir fundamentalmente con el tan vapuleado principio de justicia social, invitamos a los señores legisladores a acompañarnos con su voto afirmativo para el presente proyecto.