Fundamentos de la Ley 12816
El juez español Baltasar Garzón sigue desde hace años un proceso judicial contra militares y civiles argentinos, acusados de terrorismo, genocidio y tortura y ha abierto con ello una segunda puerta a la esperanza de poder acabar con la impunidad de la que han gozado históricamente los violadores de los derechos humanos en América Latina.
Es a partir del año 1996 –20 años después de la asunción por la fuerza del gobierno militar en nuestro país- que asume la investigación por la desaparición y muerte de más de 700 ciudadanos españoles o descendientes de ellos durante la última dictadura militar en virtud de una denuncia presentada por diversas asociaciones argentinas y europeas, entre ellas, Abuelas de Plaza de Mayo, Asociación contra la Tortura y la Comisión de Solidaridad de Familiares.
Su actividad en nuestro país fue extendiéndose hacia la totalidad de los hechos cometidos en el marco de las dictaduras latinoamericanas, más precisamente las del cono sur.
Si bien en nuestro país inicialmente se realizó un juicio histórico e inédito por colocar conforme a las reglas de un verdadero estado de derecho a los miembros de las tres juntas militares ante los estrados de la justicia, poco a poco aquella actitud política responsable se vio opacada por el dictado de las llamadas "leyes de impunidad" y posteriormente, durante la década del ’90 el otorgamiento de indultos presidenciales a muchos de los responsables por las atrocidades cometidas desde el Estado durante la última dictadura militar.
Fue el juez español Baltasar Garzón quien con su pionera acción desde el ámbito de la justicia española, y haciéndose eco del reclamo mundial de no impunidad, provocó la apertura de juicios similares en otros países de Europa.
El hito que marcó su desempeño en tan trascendente cuestión fue el procesamiento y detención del dictador chileno Augusto Pinochet, que sumió a Chile en atrocidades similares a las padecidas por todos los países latinoamericanos durante la década del ’70, y macabramente coordinados en el cono sur, bajo el denominado "Plan Cóndor".
En la República Argentina resulta innegable que el accionar de Garzón fue uno de los factores desencadenantes de un proceso de revisión profunda sobre aquellos hechos.
En nuestro país, se iniciaron numerosos juicios que obligaron a sortear los pocos resquicios que las leyes de obediencia debida y punto final habían dejado para actuar en el ámbito del Poder Judicial, quedando demostrado con ello que nadie puede disponer abusivamente del derecho a obtener justicia de las víctimas y del derecho de la sociedad toda a conocer la verdad sobre su pasado histórico.
Llegaron así las causas abiertas actualmente por la sustracción y robo de menores de edad, como plan sistemático y premeditado de la última dictadura militar y los juicios de verdad.
Así, una sociedad que no se desalentó ante los reveses de la dirigencia política y se fijó como meta enseñar al mundo que sin justicia no hay perdón ni olvido posible, incesantemente recorrió los tribunales y golpeó las puertas de la justicia hasta lograr que el mismo Poder Judicial cuya Corte Suprema de Justicia hace prácticamente 14 años había convalidado la constitucionalidad de esas leyes de vergüenza, pronunciara ahora la decisión más seria y comprometida con la vigencia de los derechos humanos y de las instituciones democráticas desde el retorno de la democracia: la declaración de inconstitucionalidad de las leyes mencionadas, confirmada el jueves pasado por la Cámara Federal e inicialmente declarada en el mes de marzo de 2000 por el juez federal Gabriel Cavallo.
Así, hoy debemos reconocer como ejemplar la actitud del juez Garzón y su lucha, pues aún contra la oposición de ciertos sectores que se valen de argumentos vetustos e insostenibles en el nuevo contexto internacional, ha recordado de una vez para siempre que los delitos cometidos por las dictaduras latinoamericanas constituyen un crimen contra la humanidad, por lo tanto imprescriptible y sobre los cuales existe jurisdicción universal, obligando a su persecución cualquiera sea el lugar en el que se encuentren sus responsables.
Tal como se dijera previamente, ha reavivado la discusión en nuestro país, en donde si bien hay algunas resistencias políticas ante las demandas internacionales, existen por suerte sectores del Poder Judicial que asumen el rol trascendental que les cabe en el proceso de consolidación democrática y reivindicación de la justicia.
Por todo lo expuesto, se solicita a esta honorable Cámara tenga a bien aprobar el presente proyecto de ley.