FUNDAMENTOS DE LA LEY 15647
El presente proyecto de ley tiene como objetivo primordial restaurar el principio de respeto y garantizar la integridad de quienes sostienen las instituciones fundamentales de nuestra vida social: los docentes, los profesionales de la salud y los servidores públicos de áreas esenciales.
En los últimos años, hemos asistido a una degradación alarmante de la convivencia en los espacios de prestación de servicios públicos. Lo que antes era un vínculo de confianza y respeto, se ha transformado en muchos casos en una relación mediada por la violencia, el hostigamiento y la agresión. No podemos permitir que quienes curan, enseñan o asisten a la comunidad realicen su labor bajo un clima de miedo o desprotección.
Si bien la Ley № 14.898 representó un avance significativo al proteger específicamente a los trabajadores de la educación, la realidad actual nos exige ampliar este “escudo legal” para abrazar también a los médicos, enfermeros, choferes de ambulancia y agentes de servicios esenciales que enfrentan situaciones de violencia idénticas en el ejercicio de sus funciones.
Esta iniciativa introduce tres innovaciones fundamentales en la legislación bonaerense:
Unificación y Ampliación de la Protección: Extendemos el alcance del artículo 74 bis del Código de Faltas a todos los trabajadores de la salud y servicios públicos, terminando con la fragmentación de la protección legal y estableciendo una postura unificada del Estado frente a la agresión.
Actualización Económica Disuasoria (UF): Históricamente, las multas fijadas en montos de pesos quedaban rápidamente desactualizadas por el efecto de la inflación, perdiendo su carácter preventivo. Al establecer la "Unidad Fija" atada al valor del combustible, garantizamos que la sanción mantenga su peso económico y su mensaje de "tolerancia cero" a lo largo del tiempo.
Acompañamiento Institucional Real: Entendemos que la sanción no es suficiente si la víctima queda sola. Por ello, el proyecto obliga al Estado a brindar protocolos de seguridad efectivos, asistencia psicológica inmediata y, fundamentalmente, patrocinio jurídico gratuito para que el trabajador no deba costear de su bolsillo la defensa de su propia dignidad profesional.
Defender a nuestros servidores públicos es, en última instancia, defender la calidad y la continuidad de los servicios que recibe cada ciudadano de la Provincia. El respeto por la función pública debe volver a ser la regla, y el Estado debe ser el primero en asegurar que así sea.
Por los fundamentos expuestos, solicito a las señoras senadoras y a los señores senadores que acompañen con su voto afirmativo la presente iniciativa.