FUNDAMENTOS DE LA LEY  14879 

Honorable Legislatura:

Me dirijo a vuestra Honorabilidad para someter a su consideración el proyecto de ley del Presupuesto General de la Administración Publica de la Provincia de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2017. 

El proyecto refleja los valores de “hacer y estar” que guían la acción del ejecutivo provincial, y que se reflejan en los principales lineamientos de la gestión de gobierno para empezar a resolver la deuda social y de infraestructura que aqueja a los bonaerenses desde hace décadas:

a) Obra pública: continuar el plan de infraestructura provincial iniciado en el segundo trimestre de 2016, el más ambicioso en la historia de la Provincia, que se traduce en rutas, obras hidráulicas, conexión de todas las ciudades y pueblos del interior, acceso a puertos para exportación, renovación de escuelas hospitales y comisarias.

b) Inversión social: acompañar a los más vulnerables con programas de asistencia social, mejorar en cantidad y calidad la prestación de servicios públicos de salud, educación, cultura y seguridad.

c) Responsabilidad fiscal: una reducción gradual pero sostenida del desequilibrio fiscal, condición sine qua non para que los programas públicos sean sostenibles en el tiempo y para dar previsibilidad tributaria a los ciudadanos y empresas bonaerenses.

d) Infraestructura productiva: mejorar las condiciones de la red productiva, a fin de hacer más competitivos los productos de la Provincia, no solo en nuestro país sino también en el resto del mundo. 

Así, superada la emergencia financiera que existía en la Provincia al iniciar esta gestión, habiendo ya garantizado el normal funcionamiento del Estado (pago de salarios, pago a proveedores, transferencias a municipios en tiempo y forma), y a partir de las mejores condiciones macroeconómicas que ofrecerá el país en el año entrante, el 2017 se presenta fértil para consolidar el programa de desarrollo bonaerense iniciado en 2016, donde se destaca el ambicioso plan de infraestructura que madurará en 2017 con pleno impacto en el nivel de empleo, sin descuidar el acompañamiento a los más vulnerables en el camino hacia el desarrollo sostenido.

Se reseña a continuación el contexto macroeconómico nacional, la situación actual y esperada de la economía de la provincia de Buenos Aires, las medidas y acciones llevadas adelante por el gobierno provincial durante el año 2016 y la política presupuestaria propuesta para el año 2017. Asimismo, se analizan tanto los recursos como los gastos desde el punto de vista de la composición económica, el destino por finalidad de las erogaciones de las fuentes y aplicaciones financieras y la estimación de gastos tributario para el próximo año.

1.- Contexto macroeconómico nacional.

La herencia económica de la actual administración nacional fue muy compleja. Cuatro años de estancamiento de la actividad, elevada inflación, déficit fiscal financiado con emisión monetaria, déficit en las cuentas externas, aislamiento financiero, e internacional, represión cambiaria y severos problemas de competitividad generaron escasa creación de empleo privado y un fuerte deterioro de los indicadores sociales.

Políticas económicas que incubaron distorsiones de precios relativos (tipo de cambio, tarifas de servicios públicos, tasas de interés, salarios) condujeron a un estancamiento del Producto. En este contexto, las políticas de estímulo a la demanda, particularmente del consumo (vía tasas de interés real negativa, transferencia y subsidios a los consumidores) fueron perdiendo efectividad y la reacción de políticas tendiente a reprimir y/o ocultar las consecuencias (cepo cambiario, estadísticas distorsionadas) profundizo aún más el deterioro productivo y social.

El persistente cuadro de desequilibrio fiscal, financiado en forma creciente con emisión monetaria y reservas internacionales, alimentó la dinámica inflacionaria y la perdida de respaldo de la moneda local.

Se sumaron además creciente desincentivos y obstáculos a la producción, atentando contra las exportaciones y la inversión. En efecto, la formación bruta de capital fijo redujo su participación en el P.I.B. a tan solo el 15,6 %, mientras que las exportaciones se vieron afectadas por numerosas trabas y por la apreciación cambiaria real, producto de la inflación creciente y del infructuoso intento de utilizar el tipo de cambio como ancla antinflacionaria.

Dados los pobres resultados en términos de comercio exterior, la falta de acceso al financiamiento internacional y la perdida sistemática de reservas internacionales, el control a la salida de capitales y las restricciones a la importaciones se impusieron - ausente la voluntad de aplicar una política macroeconómica consistente- como la única alternativa disponible para evitar un colapso inmediato en el frente externo. Como se sabe el remedio fue peor que la enfermedad y, en un marco de estancamiento e inflación creciente, la economía nacional se encaminaba a fines de 2015 a una crisis de balanza de pagos que solo el cambio de gobierno pudo evitar.

Todo esto ocurrió en un contexto internacional muy favorable, con términos de intercambio en niveles record y tasas de interés internacionales que se mantuvieron casi nulas durante varios años; así mientras -pese a la reciente recesión brasilera- el crecimiento de la región acumuló 12,8% en el período 2011-2015, Argentina creció solamente 1%.

En este contexto, el gobierno actual inicio su gestión con un estado crítico de la economía, con el desafío de corregir las distorsiones de precios relativos y eliminar las diversas trabas que afectaban a la actividad productiva pero a su vez lograr una reducción significativa de la inflación.

A partir de este diagnóstico, el gobierno Nacional hilvanó un programa económico secuencial, normalizando inicialmente el mercado de cambios (eliminando el cepo y unificando la paridad), reabriendo el canal de acceso al mercado voluntario de crédito (resolviendo un conflicto de más de una década con los Holdouts), asumiendo sacrificios fiscales para promover las exportaciones (reducción de retenciones) y mejorar los ingresos de los trabajadores (asignaciones familiares, suba del mínimo no imponible de ganancias) y jubilados ( Ley de Reparación Histórica), la asistencia social (asignación universal por hijo), recuperar el equilibrio energético (tarifas de servicios públicos) y aumentar las transferencias automáticas a provincias (restitución del 15% de la masa coparticipable destinada a ANSES).

En este marco, la transición hacia la “normalidad” no estuvo exenta de costos, como la aceleración inflacionaria transitoria del primer cuatrimestre tras la devaluación del peso y la actualización de las tarifas de servicios públicos, que tuvieron un efecto negativo sobre el consumo, aunque atenuado por la profundización de las políticas de ingresos que mandaron la caída en los salarios reales de los sectores más vulnerables.

A su vez, hubo factores externos que resultaron desfavorables para el desarrollo de la actividad económica en el primer semestre: las malas condiciones climáticas afectaron tanto el sector de la construcción como a la producción agropecuaria, mientras que las exportaciones se vieron mayormente perjudicadas por la menor demanda desde Brasil.

En consecuencia, el Estimador Mensual de Actividad Económica mostro una caída del 1,3% durante el primer semestre, y se estima que el P.I.B. mostraría este año una baja del 1,5%. No obstante, las autoridades económicas nacionales esperan un incipiente crecimiento desestacionalizado en los últimos meses del año 2016, señal de que lo peor de la fase recesiva habría quedado atrás.

Para el año próximo, se estima que las medidas tomadas con el fin de eliminar las distorsiones llevarán a una importante mejora del desempeño económico, de manera que el P.I.B. muestre tasas de crecimiento del orden del 3,5% interanual. Este crecimiento estaría impulsado por todos los componentes de la demanda agregada. Se espera un avance sostenido de la inversión y una suba del consumo, impulsado por la mejora del poder adquisitivo por la baja inflación y mejoras en el mercado laboral derivadas del crecimiento genuino del producto. A su vez, se espera una mayor integración a los mercados internacionales, de la mano de un aumento de las importaciones vinculadas al aparato productivo y mayores exportaciones de bienes y servicios, producto de la eliminación de distorsiones microeconómicas que afectan a los sectores más competitivos de la economía.

2.- La economía provincial.

Buenos Aires es la provincia que más contribuye a la generación de producto nacional (36 del P.B.I.). Tiene una estructura productiva diversificada y es la región industrial más importante del país; y sin embargo también concentra una proporción de la población pobre y en situación de vulnerabilidad social.

Los sectores productores de servicios representan el 49,6% del Producto Bruto Geográfico (P.B.G), la actividad industrial 33,5% del PBG y el 55% de la producción industrial nacional, y las actividades primarias y la construcción suma el 16% del producto provincial. Sin embargo, el 35% de los hogares con Necesidades Básicas Insatisfecha (N.B.I.) residen en la provincia de Buenos Aires y es la jurisdicción que tiene la mayor población sin cobertura sanitaria (5.5 millones de personas según Censo

2010).

Obviamente, la Provincia no pudo aislarse del proceso de estancamiento con alta inflación sufrido por la economía argentina en los últimos años y, en consecuencia, el ritmo de crecimiento del PBG exhibió una notable desaceleración (desde el 10,1% anual en 2011 a tan solo 1,1% anual en 2015).

La actividad industrial cayó 3,2% en 2015 luego de haber descendido 2,2% en año previo. Los sectores más castigados en este periodo fueron textil, vehículos automotores y metales comunes, con una importante participación en la generación de empleo y valor agregado. La escasez de divisas que enfrento el país desde fines de 2011, que restringió las importaciones de insumos y bienes de capital, la persistencia de niveles de inflación elevados que llevo a una apreciación real de la moneda nacional, y la fuerte contracción de la actividad que tuvo Brasil (su PBI bajó 3,8% en 2015), principal destino de las exportaciones bonaerenses en general y de las exportaciones industriales en particular, son las principales causas que explican esta mala performance de la actividad industrial.

Esta situación también produjo un severo deterioro en las exportaciones de la provincia que se redujeron 33% entre 2011 y 2015. Pero además, las ventas externas provinciales perdieron participación en las ventas externas totales del país; mientras que en 2005 la Provincia generaba casi el 40% de las exportaciones nacionales, en 2015 esa participación cayó hasta el 33%. En este sentido, las inconsistentes políticas macroeconómicas nacionales, que tuvieron un efecto especialmente nocivo en la industria y en la producción de algunos bienes primarios, afectaron selectivamente a la provincia de Buenos Aires.

La corrección de precios relativos y el desmantelamiento de las intervenciones existentes en la economía durante 2016 permiten sentar las bases para revertir esta situación. Sin embargo, en el corto plazo no estuvieron exenta de ciertos impactos adversos que las políticas públicas buscaron mitigar.

Es por ello que, para este año, se proyecta una caída del PBG similar a la pronosticada por las autoridades nacionales para el PBI agregado en la incidirán la contracción del consumo y el desempeño de las exportaciones netas, particularmente afectadas por la recesión brasilera, principal destino de las exportaciones bonaerenses.

En esta línea, el Informe Trimestral de Actividad Económica (ITAE) de la Provincia de Buenos Aires muestra una contracción acumulada al primer semestre de 2016 de 1,5% respecto al mismo periodo del año anterior.

Por su parte, el Indicador Sintético de la Industrial Manufactura (ISIM) acumula una caída de 1,2% interanual (datos a mayo de 2016).

En términos sectoriales, se espera que los principales indicadores de la industria pesada cierren el año acumulando variaciones negativas. Entre enero y agosto la producción de vehículos acumulo una caída anual de 3,0% (principalmente por las menores ventas a Brasil), mientras que la producción de acero crudo acumuló una baja de 15% (por la menor actividad en las industrias de la construcción automotriz).

Asimismo, los indicadores de la industria alimenticia (principalmente la producción de fiambres y embutidos y la molienda de trigo) también finalizarían el año acumulando mermas, como consecuencia de la caída en el consumo interno.

Hasta agosto, la venta de autos usados y el patentamiento de motos acumularon mermas del orden del 16,5% y 7,5%, respectivamente. Mientras que por el lado del consumo no durable, las ventas de naftas de gasoil acumulan pérdidas anuales de 3,0% y 0,3%, respectivamente.

En sentido contrario, el sector agropecuario mostró un desempeño dinámico en la última campaña, constituyéndose como el principal motor de la economía provincial durante el año en curso. Las medidas de regularización económica tomadas desde la administración Nacional permitieron reimpulsar este sector, con el consecuente impacto positivo sobre el nivel de actividad y sobre el comercio exterior.

En el año 2017 se espera un aumento de la actividad, tanto a nivel provincial como nacional. El desarrollo pleno del plan de infraestructura para la provincia de Buenos Aires y la reactivación esperada de la economía de Brasil, junto con las medidas tomadas para reordenar al Estado provincial, constituirán los cimientos que incentiven la demanda agregada, y principalmente la inversión. Asimismo, la desaceleración de la tasa de inflación permitirá mejorar el poder adquisitivo de los salarios y así aumentar el consumo.

De esta forma, los sectores más importantes de la economía provincial mostrarán durante el año próximo un comportamiento dinámico. El inicio de la siembra de la nueva campaña 2016/17 marca muy buenas perspectiva para la mayoría de los cultivos, como consecuencia de las nuevas medidas económicas adoptadas. Las áreas sembradas de trigo (con un incremento de 14% anual), girasol (con una proyección de crecimiento nacional de 12%) y maíz (suba interanual proyectada de 4%) dan cuenta de ello. Finalmente, si bien no hay datos oficiales aún, se prevé un importante aumento de la siembra del cultivo de soja.

La reactivación de la construcción de la mano del despegue de la obra pública tendrá un efecto multiplicador sobre ramas como la metalúrgica, minerales no metálicos y la industria química.

Además, en 2017 el Gobierno provincial volverá a duplicar la inversión en infraestructura productiva y social. Las obras hidráulicas que ponen en valor vasta tierras agrícolas, extensiones y mejoras de red vial, generación y transporte de energía, harán que la producción de la Provincia puede ser más competitiva en los distintos mercados y así generar empleos genuinos y de calidad.

3.- 2016: de la emergencia a la previsibilidad.

En diciembre de 2015, el punto de partida era complejo. La elevada presión tributaria y la virtual parálisis en la obra pública no habían sido suficientes para sanear las cuentas públicas, que al inicio de la gestión incubaban un déficit financiero creciente (superior al 0,37% de PBI), y un estrés financiero que complicaba el pago regular de salarios a trabajadores estatales (no había fondos suficientes para abonar en tiempo y forma los sueldos y aguinaldos de diciembre), de servicios a proveedores (deuda flotante por casi $ 8.000 millones; a algunos proveedores se le debía hasta un año de servicios) y de transferencias a municipios (cuatro meses en promedio de transferencias de fondos regulares, por casi $ 1.370 millones).

Aislada del mundo y de los mercados voluntarios de créditos, y más allá de la deuda registrada en la contabilidad oficial, la Provincia arrastraba “esqueleto financiero” por unos $ 60.000 millones. Además de la deuda con proveedores privados, el Estado provincial acumulaba pasivos con el Banco Provincia, el IOMA, la Caja Previsional de Policías, las Tesorerías Municipal, entre otros acreedores públicos que incrementaba en un 50% la estadística oficial de deuda pública.

Con los niveles de inversión pública más bajos del país, estaba colapsada la infraestructura vial, hidráulica (con consecuencias fatales en áreas urbanas y deterioro productivo en la región rural), de agua potable y cloacas. En 2015, la inversión real directa representaba sólo el 1,8% del presupuesto público, poniendo en riesgo de la provisión de los servicios públicos esenciales, como la educación, la salud y la seguridad, al tiempo que atentaba contra la productividad del sector privado y la generación genuina de empleo.

Asimismo, 109 municipios de los 135 existentes en la Provincia acumulaban un resultado negativo (el resultado financiero municipal consolidado fue negativo en $ 3.300 millones en 2015), y la relación fiscal Provincial – Municipios se caracterizaba más por el envío de fondos regulares.

En términos sociales, el panorama no era mejor. La distorsión de las estadísticas oficiales no era suficiente para disimular una realidad compleja en el mercado laboral, con una virtual parálisis en la generación de empleo privado en los últimos cuatro años, y niveles de pobreza que aquejan a casi un tercio de la población.

Ante esta apremiante realidad, el primer año de gobierno estuvo abocado a cambiar la “emergencia por previsibilidad”:

1. Resolver la situación de liquidez financiera para estirar el horizonte decisorio de las políticas públicas provinciales. En febrero se emitió un bono local por $ 8.000 millones para regularizar el pago a proveedores, y en el primer y segundo trimestre se accedió al mercado voluntario de deuda por USD 1.250 millones y USD 1.000 millones, a las tasas más bajas de toda la historia financiera de la Provincia. En lo que resta del corriente ejercicio (y, en la medida en que las condiciones de mercado lo favorezcan) se completará el programa financiero autorizado para el corriente año.

2. Reordenar las cuentas públicas, reduciendo el desequilibrio en términos reales (el déficit corriente bajará del 0,27% al 0,145 del PBI) e incremento recursos no solo para infraestructura, sino también para atender la emergencia social (se asignaron fondos incrementales a programas de asistencia, como comedores escolares, y a medicamentos en hospitales) y de seguridad (el chaleco antibalas de los policías es un caso paradigmático del estado de indefensión de nuestras fuerzas de seguridad, y en el marco del Presupuesto 2016 se creó el fondo municipal de fortalecimiento de seguridad), una prioridad en la preocupación de los bonaerenses.

También se redujeron un 30% la planta política y un 50% los gastos destinados a publicidad, se incrementaron 70% los recursos asignados a programas sociales, una suba de 54,6% en insumos y servicios hospitalarios y 100% las partidas destinadas a infraestructura.

Para potenciar los ingresos tributarios se puso fin a un plan de facilidades que premiaba la mora frente al pago en tiempo y forma; asimismo, se reconstruyeron las estadísticas productivas y sociales provinciales y se comenzó a publicar informes fiscales y de deuda trimestrales para permitir la transferencia fiscal.

3. Ordenar la relación fiscal de la Provincia con los municipios, bajo un escenario de reglas institucionales claras. Bajo ese marco, se logró asignar más fondo a los Municipios (hasta el mes de septiembre inclusive, las transferencias por todo concepto crecen un 62% respecto a igual período del año anterior) no solo regularizando las deudas de la gestión de gobierno anterior ($ 1.370 millones que estarán canceladas antes de fin de 2016), sino también implementando fonos especiales para infraestructura y seguridad (habida cuenta de la situación financiera municipal), elevando así al máximo las transferencias a municipios como proporción del gasto.

4. Celebrar paritarias con todos los trabajadores del Estado, logrando acuerdos de distinto alcance temporal con las más de 35 asociaciones gremiales que representan a casi 600.000 trabajadores; empezando las clases en término por primera vez en muchos años.

5. Priorizar la infraestructura. Se ha puesto en marcha un plan de inversión en obras que van a llevar años, pero que finalmente serán las que proporcionarán un salto de calidad en la vida de los habitantes de la Provincia y una mejora en las condiciones productivas de las firmas bonaerenses en pos del desarrollo productivo y social. En este marco, se sancionó además la Ley de Emergencia en Infraestructura y se licitaron 600 obras en municipios por unos $ 20.000 millones, de los cuales la provincia está ejecutando en forma directa $ 13.000 millones y el resto a través del Fondo de Infraestructura Municipal, casi duplicando la participación de la inversión pública hasta alcanzar el 6,3 % del gasto público total.

6. Para atender la emergencia social, se puso en marcha un plan de inversión en inclusión y promoción social que pretende superar los $ 10.000 millones durante 2016. Acompañando el Plan Nacional de Primera Infancia impulsado por el gobierno nacional, la Provincia aumentó en un 100% el monto destinado a comedores escolares de los 135 municipios (1,5 millones de los alumnos beneficiados) e incrementó en un 100% el monto del Plan Mas Vida que le acerca recursos a madres y bebés en el período de lactancia. Asimismo, se crearon nuevas oportunidades para niños y jóvenes a través de los Juegos Bonaerenses 2016, se aumentó el monto de becas para el programa Envión (65% para coordinadores y 30 % para beneficiarios) y se incrementaron 25% y 30% las becas para Unidades de Desarrollo Infantil y talleres protegidos, respectivamente.

Además, se aumentaron las jubilaciones mínimas y pensiones sociales y se aumentó un 72 % el monto destinados a las asignaciones familiares para trabajadores del Estado, ampliando en un 46% la cobertura (61.000 trabajadores adicionales que antes no recibían el beneficio) y con modificaciones de rangos de ingresos que implican un aumento del beneficio entre 15% y 462%, según el ingreso del grupo familiar.

Se lanzaron dos nuevos programas en el segundo semestre “un vaso de leche por día”, donde los 360 mil chicos beneficiarios cubren hasta el 50% del calcio diario necesario, y un programa de módulos alimentarios donde 300.000 familias refuerzan su alimentación a partir de entregas de canasta de alimentos.

7. Por otro lado, con la finalidad de reparar el grave déficit en materia administrativa y tecnológica (que en el transcurso de los últimos años se vio incrementado progresivamente) y posibilitar la realización de acciones para el fortalecimiento y modernización de los organismos públicos provinciales, se aprobó la Ley de Emergencia Administrativa.

8. Por último, se destinaron más de $ 1.400 millones para equipamiento de las fuerzas de seguridad lo que permitió adquirir, entre otros elementos, 45.000chalecos, 836 patrulleros y 1.000 motos, además de reconvertir 6 helicópteros y llevar adelante el recambio tecnológico del sistema de comunicación policial.

9. Más allá de la recuperación y asignación de fondos del año en curso, un párrafo aparte merece una reivindicación histórica que inicio esta gestión frente a la indiferencia de las anteriores: el planteo de la recuperación, por vía legislativa y judicial, de los fondos de origen federal que se vieron erosionados-particularmente en las últimas décadas- por la aplicación de mecanismo arbitrarios que contradicen el espíritu de las leyes (por ejemplo, el absurdo de que la Provincia reciba apenas el 1,3% del llamado “Fondo del Conurbano”), y someten a los bonaerenses a un reparto asimétrico e inequitativo de su esfuerzo a la producción y la generación de fondos nacionales. Hoy un bonaerense recibe, en materia de reparto automático de fondos nacionales, apenas un cuarto de lo que recibe el resto del país en término per cápita, y apenas un peso por cada dos pesos que aporta a las arcas nacionales.

En ese sentido, en agosto los representantes provinciales en el Senado de la Nación presentaron tres proyectos de ley tendientes a restituir los fondos a los bonaerenses, y el Poder Ejecutivo Provincial presentó una demanda judicial en la Suprema Corte de Justicia por los montos futuros y los no transferidos en los años anteriores.

Asimismo en los meses de mayo y agosto, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires firmó acuerdos con el Gobierno Nacional, que incluían la devolución del 3% de los fondos coparticipados que eran dirigidos a la ANSES, que implican $ 3.083 millones adicionales para el año en curso.

Las gestiones iniciadas frente al Gobierno Nacional, avalada por la legitimidad de un reclamo que excede el color político del gobierno de turno, así como ante el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia de la Nación darán fruto más temprano que tarde para recuperar los fondos que genuinamente corresponden a los bonaerenses.

Así, a menos de un año vista, se regularizaron los pagos a proveedores, se ha cumplido en tiempos y forma con los compromisos salariales de todos los trabajadores provinciales, se regularizaron las deudas con los municipios y se están transfiriendo los

fondos especiales de infraestructura y seguridad, se redujo el déficit financiero en términos reales , se cuadriplico la inversión pública (duplicando la participación en el gasto), se licitaron más de 600 obras, se impulsaron leyes emblemáticas para modernizar el Estado, se lanzó el plan de infraestructura hospitalaria y se otorgaron fondos para agrupamiento industriales. En definitiva, se puso la Provincia en marcha en materia económica y productividad, sin perder de vista los objetivos estructurales de mediano y largo plazo, que no son otros que los de mejorar el bienestar de 16 millones de bonaerenses.

4.- 2017: Políticas para un crecimiento inclusivo y sostenible.

A partir del camino ya emprendido, los desafíos no son menores para el año próximo. Las prioridades de las políticas públicas que incluyen en el Presupuesto para el ejercicio 2017 responden a los lineamientos de la gestión desde el inicio del actual periodo de gobierno, en diciembre 2015.

Estas políticas están dirigidas a profundizar el camino hacia la resolución de los déficit sociales y de infraestructura que han caracterizado a la Provincia en los últimos años y que han deteriorado la calidad de vida de sus habitantes; así como también a generar las condiciones necesarias para lograr el desarrollo de la Provincia a través de la generación de empleo y reducción de la pobreza.

1. La inversión real directa, destinada básicamente a recomponer el capital de infraestructura, más que se duplica en la proyección de 2016 (aumenta 122%). Y vuelven a crecer un 131% en 2017 (más de un 412% respecto a 2015).

2. Así, la participación del gasto de capital en el gasto total alcanza el 8,45 en 2017 (desde el 6,3% en el proyecto 2016 y el 3,7%en el ejecutado 2015).

3. El resultado fiscal corriente es prácticamente neutro (déficit de $ 93 millones, producto de ingresos corrientes que aumentan 27,1% y gastos corrientes que se incrementan 23,6%), desde el déficit de $15.820 millones registrado en 2015 (0,27% del PBI) y los $ 10.931 millones (0,14%% del PBI) proyectados para el año en curso.

4. El resultado primario (sin intereses) presupuestado baja a 0,12% del PBI ($ 12.125 millones), desde el 0.19% proyectado en 2016 ($15.164 millones) y el 0,20% registrado en 2015 ($ 11.596 millones), cumpliendo así el cronograma convergente al equilibrio pautado con la Nación en el marco del Consejo Federal de Responsabilidad Fiscal y en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal y en cumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal.

5. Los servicios de deuda (por un total de $ 46.955 millones entre amortizaciones e intereses) continuarán representando una proporción similar a la de los últimos años (9,6% de los ingresos totales en el presupuesto 2017, frente a los 10,9% registrados en 2015 y los 7,6% proyectados para 2016). Si a ellos se suma el resultado primerio previsto para 2017, las necesidades totales de financiamiento para el próximo ejercicio se estima que se ubicarán en torno de los $ 59,080 millones.

6. Del mismo modo en que ocurrió durante el año en curso, la política del financiamiento dirigida a solventar estas necesidades de fondos se ejecutará en forma prudente y responsable a través de transacciones dirigidas a reducir el costo financiero de los pasivos de la Provincia, diversificar las fuentes de fondeo, mejorar el perfil de vencimientos y asegurar así la así la sostenibilidad del endeudamiento.

El programa financiero se sustentará en cuatro pilares básicos: 1) las colocaciones de instrumentos financieros en el mercado de capitales y otras operaciones en el mercado de fondos domésticos; 2) las operaciones en el mercado financiero internacional; 3) las suscripciones de letras de tesorería de corto plazo y 4) las operaciones de créditos ya pactadas y a convenir con organismos multilaterales y fuentes bilaterales con vista a financiar proyectos de infraestructura económica y social.

7. Una asignación selectiva de los gastos primarios permitirá atender con carácter prioritario las acciones en favor de la primera infancia desde una visión articulada e integral, así como las funciones de seguridad social, educación, salud, promoción y asistencia social.

Las partidas destinadas a atender las necesidades de los grupos más vulnerables de la sociedad y la provisión de servicios públicos sociales aumentan un 30% anual (75% más respecto a 2015); en particular, los recursos destinados a Promoción y Asistencia Social suben 84% respecto a 2016 (y 120%respecto a 2015), los programas de Salud un 42% anual respeto a este año (y el doble que el monto ejecutado en 2015), y los de

Educación y Cultura reciben un incremento anual del 26% (66% más que en 20145). En todos los casos, aumentan por encima que el ritmo de incremento del gasto corriente (23,6% anual).

Durante 2017 se incorporarán nuevos municipios al Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME PROVINCIA), se actualizarán nuevamente los valores de los principales planes sociales y se desarrollará el Programa Operadores de Calle, por medio del cual se realizará el abordaje inmediato e integral de niñas niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad psicosocial. Además, entendiendo a la educación como una herramienta igualadora de oportunidades, se profundizará el Programa 123 Escuelas, destinados a la ampliación y refacción de establecimientos educativos y a la provisión de insumos materiales y equipamiento tecnológico.

8. El gobierno provincial profundizará el camino de la recomposición de la infraestructura social iniciado en 2016 y descuidados en los años anteriores, y para ello invertirá $ 16.500 millones en 2017 (aumento de 84% anual y 188 más que en 2015), divididos en un incremento del 174% anual en Vivienda y Urbanismo y 675 anula en Ecología y Saneamiento Ambiental.

9. Por su parte, las funciones del gasto que se dirigen a mejorar el capital productivo de la economía provincial aumentará 216% en relación a 2015, con una alta participación de transporte (55% del total), seguida por suelo y riego (25%).

Específicamente, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos triplicará su partida presupuestaria en 2017, con significativos aumentos para la Dirección de Vialidad (215%) y el Instituto de la Vivienda (72%). En tanto, el Comité de Cuentas del Rio Reconquista recibirá un incremento en 36 veces mayor a los fondos recibidos en 2016, dejando en claro la vocación del gobierno por mejorar las condiciones de vida de los habitantes de la cuenca.

10. Este ambicioso plan de inversión tendrá un impacto positivo en el mercado laboral: entre la continuidad de las obras públicas que se iniciaron este año y las presupuestadas para el próximo, generarán un efecto multiplicador en la economía que llevará a la creación de al menos 70.000 puestos de trabajo directos y algo más de 40.000 empleos indirectos durante 2017.

11. La búsqueda de una solución al problema de la inseguridad en la Provincia se transforma en una política de estado que trasciende a un gobierno de turno. Durante el año 2017 se destinará un 74% más de recursos que en 2015 a los servicios de seguridad (seguridad y servicios penitenciarios), con el fin de mejorar las condiciones de habitualidad de las unidades penitenciarias ampliando la capacidad de las existentes y poniendo en funcionamiento nuevos espacios como las casas extramuros, escuelas y

talleres en las unidades, con el objetivo de apuntalar el proceso de reinserción social, formar y capacitar al personal policial, extender los centros de operaciones y monitoreo municipales, adquirir nuevo equipamiento para la fuerza (vehículos, chalecos, equipos de comunicación y tecnológicos, etc.), extender geográficamente el sistema de comunicación y ampliar el Programa 911 a la totalidad de la Provincia.

En suma, el proyecto de Presupuesto 2017 postula una recuperación paulatina de la solvencia fiscal, fundada en la mejora esperada de los ingresos a partir de una mejora de la actividad y con un importante esfuerzo y recurso en proveer infraestructura productiva y social.

5.- Acerca del presupuesto para el año 2017.

El cálculo de recursos conlleva los efectos de la actividad económica e inflación, así como también las medidas de política y administración tributaria establecidas en la Ley impositiva 2017, tendientes a sostener una recaudación constante en términos reales, con consideraciones distributivas y con estímulo a pequeños productores.

Los recursos totales estimados para el año 2017 se elevan a $487.830 millones, mientras que los gastos totales alcanzarían el valor de $522.692 millones. De esta manera, se proyecta un resultado primario negativo de $12.125 millones y un déficit financiero de $34.733 millones. Por su parte, las fuentes y aplicaciones financieras fueron proyectadas en $63.962 millones y $29.190 millones, respectivamente.