FUNDAMENTOS DE LA LEY 15310
HONORABLE LEGISLATURA
Me dirijo a Vuestra Honorabilidad para someter a su consideración el Proyecto de Ley de Presupuesto General de la Administración Pública de la Provincia de Buenos Aires para el ejercicio fiscal 2022.
Este presupuesto ha sido elaborado en un contexto en donde la mayoría de los indicadores nos permiten presumir que la peor parte de la pandemia que azota al mundo desde hace casi dos años, ha quedado atrás. Esta situación de emergencia inédita, que se conjugó con una crisis económica que arrastraba nuestro país desde 2018, dejó al descubierto los enormes desafíos y brechas estructurales de nuestra sociedad como la desigualdad, la informalidad y la pobreza.
No podemos dejar de mencionar el rol trascendental que ha tenido el Estado en todos sus niveles para poder atravesar esta pandemia. Debemos reconocer y destacar la labor y el esfuerzo del personal sanitario, de las y los docentes, auxiliares educativos, policías, pero también la solidaridad que mostraron las y los bonaerenses en toda la Provincia. A pesar de la magnitud del impacto y del frágil punto de partida en que se encontraba nuestro sistema sanitario, todas aquellas personas que cursaron la enfermedad en territorio bonaerense tuvieron la posibilidad de contar con el equipamiento, los insumos y la atención médica necesarios. Esto fue posible gracias a la adquisición de 400 toneladas de equipamiento de protección personal e insumos sanitarios, 1.751 respiradores, la apertura de 5 nuevos hospitales de gestión mixta, 20 unidades sanitarias móviles, 8 hospitales modulares, lo que posibilitó un incremento del 169% en la dotación de camas de cuidados intensivos.
Adicionalmente, si hoy podemos empezar a proyectar un futuro con más certezas, es gracias a lo exitosa que ha sido la campaña de vacunación. Al mes de noviembre de 2021, ya se vacunaron más de 14.104.000 bonaerenses con la primera dosis, 11.470.000 con segunda dosis y 602.000 con tercera dosis. De esta manera, el 94% de las y los mayores de 18 años ya está vacunada/o con una dosis y el 78% con el esquema de vacunación completo. Todo esto fue posible por el retorno de un Estado Presente que se puso al frente de los cuidados, primero, y de la inmunización de la población, después.
La acción del Estado fue crucial en la contención y mitigación de la pandemia. Sólo el Estado podía articular a nivel nacional, provincial y municipal las fuerzas financieras, logísticas, productivas, científicas y sociales en la magnitud necesaria.
Para lograr los objetivos propuestos, fue necesaria una cooperación virtuosa con el sector privado y las universidades, la cual rindió enormes frutos y dejó como saldo grandes hitos de la innovación en ciencia y tecnología en el territorio bonaerense: desarrollo de las plataformas estatales Cuenta DNI y Vacunate PBA; desarrollo de la vacuna de UNSAM-ARVAC Cecilia Grierson; desarrollo conjunto entre UNSAM, UBA, CONICET y la PyME KOVI de barbijos Atom-Protect, producidos en La Matanza: ensayo en la Provincia reconocido a nivel mundial de tratamiento con plasma de Fundación lnfant; desarrollo de suero equino hiperinmune del Instituto Biológico Argentino en Florencia Vareta; planta de producción de componentes de la vacuna Sputnik V en laboratorios Richmond en Pilar; primeras plantas de producción pública de oxígeno en la Provincia, entre otras.
Es, por tanto, el tiempo para consolidar los nuevos consensos que la crisis sanitaria generó en relación al papel imprescindible e irreemplazable del Estado en la articulación de la sociedad. Para esta nueva etapa, el rol del Estado será igualmente protagónico y estará orientado a acelerar la recuperación económica, al tiempo que afrontar los desafíos estructurales que limitan el desarrollo de nuestra Provincia. En otras palabras, es el momento propicio para abordar integralmente una reconstrucción transformadora de nuestra Provincia. Para ello, en primer lugar, debemos repasar la magnitud del desafío.
Es innegable que la provincia de Buenos Aires arrastra déficits de larga data en infraestructura social, sanitaria, educativa, productiva y de vivienda. Esto implica, en muchos casos, la falta de acceso a servicios básicos o una provisión de baja calidad, evidenciando la necesidad de reforzar el rol del Estado en su papel más elemental: garantizar los derechos sociales y equiparar las oportunidades de progreso de sus habitantes.
Debemos considerar que la desigualdad es multidimensional y no sólo involucra el nivel patrimonial y de ingresos de la población, sino también la capacidad de acceso a bienes y servicios públicos, la condición de género, el reconocimiento y ejercicio de los derechos laborales, sociales e individuales, la inclusión cultural y la integración socio- comunitaria. En esta forma de comprender la desigualdad, se destaca la importancia de reconocer que tanto el género, como la edad, la etnia y el lugar de residencia son factores que inciden de manera simultánea en la desigualdad. Es por ello que reducir la desigualdad es un mandato de la justicia social que el Estado debe abordar desde sus distintas aristas, pero con el mismo eje rector: una Provincia más integrada requiere recortar las brechas de la desigualdad de forma integral, equiparando hacia arriba las condiciones de vida de las y los bonaerenses.
Existe un abordaje teórico de la desigualdad que trasciende el plano de los derechos humanos y ubica la materia en el campo del desarrollo económico. Hasta hace poco tiempo atrás, la teoría convencional argumentaba de forma dogmática que la igualdad y la eficiencia económica eran contradictorias y que los hacedores de política debían optar entre ellas de forma dicotómica. Es decir, una política pública que propicie una mejora en términos de equidad sería únicamente posible, según esta concepción, a expensas de la eficiencia. De forma análoga, cualquier política orientada a generar mayor competitividad económica implicarla sacrificar ciertos niveles de equidad social.
Estas visiones están actualmente en crisis. Existe un nuevo y amplio acuerdo de que la desigualdad social lesiona la productividad y el crecimiento. Al generarse brechas sistemáticas en el acceso a bienes y servicios básicos y en la formación educativa, se excluye del mercado laboral formal y el ámbito académico a segmentos amplios de la población. De esta manera, se cristalizan niveles de desigualdad que resultan en un impedimento para la formación de un mercado interno integrado y pujante. Es decir, la desigualdad conlleva debilitamientos en la demanda de bienes y servicios y, en consecuencia, en las capacidades productivas.
Las instituciones del Estado en todos sus niveles ocupan un rol fundamental en el abordaje de la desigualdad. El fortalecimiento y universalización de la cobertura de los servicios públicos y la ampliación de derechos sociales constituyen un punto de partida indispensable, pero no suficiente. Necesitamos un Estado presente en el diseño de la política productiva, comprometido con la generación de empleo y la formalización progresiva del mercado laboral. El trabajo de calidad y con derechos es el gran organizador de la sociedad, y permite conjugar una expansión económica por la vía del consumo, la inversión y un incremento de la productividad total de la economía, posibilitando mejorar la tasa de crecimiento de largo plazo y construyendo justicia social.
Cabe preguntarnos: ¿Por qué en una provincia con tanta riqueza y que genera tanto ingreso, persisten altos niveles de pobreza y vulnerabilidad?
El motivo es simple, aunque su resolución es compleja. La Coparticipación Federal de Impuestos, tal como lo establece la Constitución Nacional, debe ser solidaria, pero también "se efectuará en relación directa a las competencias, servicios y funciones de cada una de ellas, contemplando criterios objetivos de reparto".
El esquema vigente estuvo pensado para funcionar de manera transitoria luego de tres años (1985-1986-1987) en los que la distribución de impuestos a las provincias se realizó de manera discrecional, bajo la forma de convenios financieros transitorios. De esta manera, la Ley № 23.548 de 1988 tuvo como finalidad crear un régimen que
llenara este vacío ocasionado luego del vencimiento de la Ley № 20.221 y establecer un esquema de distribución automático en base a parámetros fijos. Tras casi 34 años de su sanción y a 31 años de finalizado el plazo original, en el que se suponía que debla sancionarse un régimen superador, es necesario que encaremos un nuevo diálogo como sociedad y podamos formular una ley de coparticipación acorde al siglo XXI.
La provincia de Buenos Aires aporta el 35% del producto, concentra el 36% de las exportaciones y el 37% del comercio interno. Asimismo, en la Provincia habita casi el 40% de la población nacional, se educan el 37% de los estudiantes y se concentran el 37% de las camas de terapia intensiva a nivel nacional. En términos de ingresos, aquí radica el 55% de personas por debajo de la línea de pobreza y el 64% de la población indigente del País. En contraposición a estos guarismos, la Provincia percibe en la actualidad sólo el 22, 76% de los recursos coparticipables.
En este contexto, la provincia de Buenos Aires es históricamente aquella con menores recursos tributarios per cápita, un 38,4% por debajo del promedio del resto de las provincias, evidenciando una gran disparidad entre los recursos que recibe y la responsabilidad de gasto que debe realizar para sostener y mejorar la salud, la educación, la inversión en obra pública, la seguridad y la calidad de vida de las y los bonaerenses. La consecuencia de esta inequidad es el hecho de que la provincia de Buenos Aires no puede hacer frente a niveles de gastos primarios similares al promedio del resto de las provincias, lo cual se traduce en déficits estructurales.
Si se quiere realizar una reconstrucción transformadora de nuestra Provincia debemos continuar con el reclamo de mayores recursos de la coparticipación, a sabiendas de que su resolución es compleja, pero que no debe imperar el equilibrio de la inacción. La recuperación de recursos, en el primer año de nuestra gestión, a través de la creación del Fondo de Fortalecimiento Fiscal', es un primer paso en esta dirección. Ahora bien, a estos desafíos estructurales se les sumó desde 2018 una crisis económica que empeoró la totalidad de indicadores sociales de nuestra Provincia, lo cual se refleja en el incremento de la desocupación del 8,8% al 10,5%, en una caída del ingreso promedio del 11, 1 % y del 25, 7% en el caso del decil de menores ingresos y en un incremento de la pobreza de 10,4 pp .. Pero, en lo que respecta al accionar del Estado Provincial en el periodo 2018-2019, no se buscó reducir el impacto social, ni tener un rol contracíclico sino que, al haber acompañado el proceso de endeudamiento externo, recortó todas sus funciones principales con el único objetivo de poder pagar los intereses de deuda que se incrementaron luego de las devaluaciones. De hecho, si se comparan las erogaciones de 2019 y con las de 2015, el ajuste en términos reales en Salud fue de 8,3%, en Educación del 18,4%, en Seguridad del 24,6%, mientras que los
Servicios de la Deuda se incrementaron 122,2%.
En cuatro años no se pueden cambiar todas las realidades estructurales de una provincia, pero es el deber de toda gestión aproximarse al cierre de las brechas existentes. Tenemos que construir consensos básicos: el desarrollo requiere indefectiblemente mayores inversiones en educación, salud, seguridad y obra pública.
Desde el comienzo de esta gestión se trabajó en recuperar un Estado presente. Producto de la irrupción de la pandemia, a tan solo tres meses de la asunción, la agenda de lo importante se vio reemplazada por la agenda de lo urgente: ampliar las capacidades del sistema de salud con obras, compras de insumos, asistir a aquellos sectores y actividades que vieron y aún hoy ven disminuidos sus ingresos. Al mismo tiempo, se trabajó en aquellas obras imprescindibles para garantizar el retorno seguro a las clases.
En estos dos años, al mismo tiempo que se atendía lo urgente, se dieron avances en medidas que trascienden la pandemia, aquellas que comienzan a acortar las brechas estructurales: la ampliación del sistema de salud, con una duplicación de las camas de terapia intensiva; la inauguración de 5 hospitales; el lanzamiento de un plan integral de seguridad inédito en su calibre que por ejemplo incluyó, hasta el momento, la entrega de más de 2.697 móviles a los municipios; finalizamos la construcción de 53 escuelas nuevas; se llevó a cabo la primera etapa del censo de infraestructura escolar; la edificación de 1.483 viviendas; la ampliación en 2.160 plazas en el sistema penitenciario de la Provincia, entre otras.
Si el año 2020 fue el año de la reconstrucción integral del sistema de salud, 2021 fue el año de la campaña de vacunación más importante de la historia nacional, en general, y de la provincia de Buenos Aires, en particular. Los números del avance de la vacunación en todos los grupos etarios hablan por sí solos, pero debemos dimensionar en su justa medida la epopeya sanitaria que representa la campaña para la Provincia. Buenos Aires cuenta con una enorme extensión territorial, déficits de infraestructura vial y restricciones presupuestarias. A ello, debe sumarse la crisis global de abastecimiento de vacunas que caracterizó a gran parte del año en curso y sigue golpeando a las regiones más vulnerables del planeta. En este contexto, Argentina y la Provincia sobresalen a nivel mundial por el alcance y velocidad del plan de vacunación y por la utilización masiva de vacunas de probada efectividad, incluso en comparación con países desarrollados. Además, retrasamos el ingreso de la variante Delta e iniciamos tempranamente la vacunación a personas menores de 18 años y la aplicación de terceras dosis.
La inversión pública es la principal herramienta que un gobierno tiene para transformar la realidad, y la Provincia tomó la decisión política de desplegarla en niveles sin precedentes: en el año 2021, se batirá un récord histórico en inversión en la función salud, con un monto superior a los $ 270.000 millones. Asimismo, la inversión en el sistema de salud (en infraestructura. equipamiento e insumos) alcanzó el máximo histórico por segundo año consecutivo, luego del récord verificado en 2020. Entre los dos años, se superaron los $ 245.000 millones y permitieron sentar bases sólidas para el pleno ejercicio del derecho a la salud de toda la ciudadanía bonaerense.
El plan de fortalecimiento del sistema sanitario provincial en 2021 tuvo un rol central dentro de nuestra política de salud. Por ello se iniciaron los procesos de licitación para 68 centros de salud por $ 4.570 millones, así como también para 32 hospitales municipales por unos $ 2.600 millones.
A pesar de las restricciones estructurales enfrentadas y a las impuestas por la pandemia, el refuerzo del sistema de salud provincial no implicó una desatención de otros sectores que son fundamentales en la construcción de una provincia inclusiva socialmente e integrada productivamente. Por ello, también continuamos invirtiendo en la infraestructura provincial durante 2021 en varias dimensiones: aguas y cloacas, hidráulica, vialidad, vivienda y arquitectura.
En cuanto a obras de agua y cloacas, al finalizar el 2021 se habrán desarrollado 274 obras con una inversión total de $ 13.890 millones. Dentro de éstas, se encuentra una importante obra en la planta potabilizadora de La Plata-Ensenada-Berisso y el plan de obras en Bahía Blanca que incluye un nuevo módulo de potabilización planta Patagonia.
La obra en la planta potabilizadora de La Plata-Ensenada-Berisso es central para la zona, ya que mejorará el servicio de agua para más de un millón de habitantes de la Provincia. Será financiada a través del Fondo Kuwaití, préstamo firmado en enero del 2018 y que había quedado sin avances en su ejecución durante la gestión anterior. Durante 2020 y 2021, se realizaron distintas gestiones desde la Unidad de Coordinación y Ejecución de Proyectos de Obra (UCEPO) por las que finalmente se logra sostener el crédito para poder ejecutar la obra.
Se cuenta con un presupuesto oficial para la Etapa 11 de más de $ 5.500 millones. Las obras que incluye el proyecto fueron licitadas en agosto del presente año.
En el marco del FIM 2021, se presentaron 273 proyectos por $ 11.483 millones para ejecución de los 135 municipios bonaerenses, de los cuales el 60%, aproximadamente, se destina a obras viales en todos los municipios de la Provincia. El resto de los fondos del FIM 2021 se destinan a obras que incluyen urbanismo y arquitectura, hidráulica, agua y cloacas y energía. Obras de este tipo son complementadas con proyectos viales en el marco del Plan de Rutas Estratégicas Productivas y el Plan Estratégico de Mejora de Caminos Rurales.
Además de las mejoras estructurales en infraestructura y bienes de capital, este año hemos profundizado sustancialmente la capacidad y el rol del Estado para el desarrollo de políticas productivas. Para esto, el rol del Banco de la Provincia de Buenos Aires (BAPRO) ha sido central. Este año se han lanzado nuevas líneas de crédito con bonificación de tasa tales como: Créditos para inversión 'Provincia en Marcha", créditos con perspectiva de género "Impulso Mujeres• y "Microcréditos para la Recuperación Productiva". También se lanzaron las líneas de crédito "Provincia Renueva" para reformas en la vivienda familiar y los planes de refinanciación de deudas para familias y empresas afectadas por la pandemia. En concordancia, el Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica contó con herramientas concretas tras años de desmantelamiento. Puntualmente, en 2021 a través de dicha cartera se desarrollaron programas con un presupuesto de más de $ 3.000 millones tanto para el sostenimiento de aquellas actividades más afectadas por la pandemia, como también para obras en parques industriales, proyectos de innovación tecnológica e incorporación de tecnologías digitales en MiPymes.
Asimismo, durante el presente año también se puso en marcha el Plan Bonaerense de Desarrollo Rural que contempla una mirada del desarrollo productivo de manera integral abarcando las áreas de producción, vialidad, seguridad, vivienda, la mejora y el acercamiento de los servicios del Estado. Entre otros, incluye la construcción de Frigoríficos y Viveros Municipales (hasta el momento 12 en ejecución), el desarrollo de mercados concentradores, el Plan Integral de Mejoras de Caminos Rurales (que contempla 1.800 km de caminos rurales en 75 municipios por más de $ 9.500 millones), la financiación a tasas subsidiadas (por ejemplo, a través de la Tarjeta Procampo) y las líneas para la compra de bienes de capital.
Por otra parte, la Legislatura sancionó este año diversas iniciativas tributarias del Poder Ejecutivo, tales como la Ley de Fortalecimiento Productivo, que beneficia a casi 4.000 empresas a través de planes de pagos para deudas impositivas, la Ley de Monotributo Unificado, que alcanza a un millón de pequeños contribuyentes que abonarán un monto fijo mensual y la Ley № 15.307, que exime del pago del impuesto inmobiliario durante el periodo comprendido entre marzo de 2020 y septiembre de 2021 a sectores como hoteles y campings, pero también a guarderías y jardines maternales, discotecas, salones de fiestas, gimnasios y parques temáticos.
Al mismo tiempo, se han reforzado las principales políticas sociales que impulsa la provincia de Buenos Aires. En el caso del Servicio Alimentario Escolar, que tiene por objetivo la provisión del servicio de comedor a estudiantes de la Provincia, se incrementó la cobertura, y se entregaron módulos alimentarios para consumir en el hogar, que coexisten con las prestaciones de colación y de almuerzo en las escuelas. En 2021, el presupuesto destinado se ha más que duplicado en términos reales que el presupuesto ejecutado en 2019. Por otro lado, el programa Envión incrementó en un 67% la cantidad de becas, incorporando 15.000 becarios y tutores; también se aumentó el monto de las becas para las Unidades de Desarrollo Infantil y otros programas infantiles y se incrementaron los montos de las Pensiones Sociales No Contributivas de la Provincia en un 457%.
En términos educativos hasta el momento se han desarrollado, por un lado, más de 4.900 obras de ampliación y refacción de edificios escolares, reparación de cubiertas y readecuación de instalaciones sanitarias, de gas y eléctricas, de las cuales ya se finalizaron 3.650 obras. Por otro lado, se lleva adelante la construcción de 153 nuevos edificios escolares, de los cuales 53 ya se encuentran finalizados. A su vez, hemos desarrollado diversas medidas para garantizar la presencialidad cuidada, tales como la adquisición de medidores de C02 para todas las escuelas (con una inversión de $ 622 millones), como también la compra de insumos de limpieza por $ 1.351 millones. A su vez, para el acompañamiento a las trayectorias y la revinculación, lanzamos el ATR+ cuya finalidad es recuperar contenidos pendientes, reformar o afianzar la permanencia de estudiantes de nivel inicial, primario y secundario de gestión estatal y privada de la Provincia a partir de clases presenciales (a contraturno y los días sábados), visitas domiciliarias y tutorías. Esto implica la convocatoria a casi 30.000 docentes y un presupuesto mensual de $ 2.558 millones. Asimismo, está estrechamente relacionado con la tarea que realizan los Equipos de Orientación Escolar, que recientemente fueron fortalecidos con la incorporación de 3.625 profesionales para poder contar con este apoyo en todas las escuelas primarias y secundarias de 6 secciones o más.
En lo que respecta a Seguridad, este año llevamos a cabo una inversión inédita en insumos, infraestructura y equipamiento. La inversión del Ministerio de Seguridad en estos rubros alcanzó máximos históricos, con un nivel de $ 42.848 millones, explicado por la entrega de 2.697 móviles a municipios, como también por la compra de 850 camionetas patrulleras, 500 motos, 2 drones, un helicóptero, la ampliación del sistema de comunicaciones P25, entre otras. Al mismo tiempo, se capacitaron en la Escuela de Tiro y Armamento 78.522 efectivos. Además, en 2021 ingresaron 2.000 oficiales de policía y 5.620 cadetes - siendo que 1.285 corresponden a la formación policial básica para la Especialidad de Seguridad Rural.
Finalmente, vale destacar que a lo largo del 2021 se cerraron exitosamente acuerdos paritarios con todos los principales regímenes laborales, buscando avanzar en la recomposición del poder adquisitivo del salario, continuando lo realizado en 2020. De hecho, el Poder Ejecutivo adelantó en junio, parte de los puntos de aumento que estaban acordados para septiembre, para asegurar un incremento de los salarios en términos reales. Cabe destacar que está prevista la reapertura de las negociaciones para el mes de diciembre. Al mismo tiempo se llevaron adelante instancias de paritarias sectoriales que tuvieron como una de sus principales temáticas la homogeneización de bonificaciones y regímenes horarios que trajeron aparejados un impacto positivo en los salarios de bolsillo.
A su vez, a mediados de noviembre, luego de más de un año de trabajo con las distintas asociaciones gremiales, se alcanzó un acuerdo para constituir un nuevo régimen de licencias parentales para la Administración Pública. Este acuerdo constituye una ampliación de derechos histórica, ya que representa un cambio de paradigma en torno a las políticas de cuidado y repara desigualdades en materia de género. El nuevo esquema fomenta la crianza compartida, reconoce derechos a distintos tipos de familias y cuida los derechos de la niñez y adolescencia.
Entre los puntos más destacados del nuevo régimen, se incrementan en 45 días las licencias parentales y, en el caso de que ambos progenitores presten servicio en el ámbito de la Provincia, podrán elegir quién será la persona que goce de la licencia, lo que representa un avance en la democratización de las responsabilidades de cuidado. En el caso de la licencia para el corresponsable, la cantidad de días pasa de 3 a 15. A su vez, también se incrementan las licencias por atención de familiar enfermo, por fallecimiento de corresponsable parental, por adopción y por causas o asuntos particulares. Finalmente, también se contempla una licencia horaria para adaptación escolar, que busca facilitar la conciliación entre la vida familiar y laboral.
De esta manera, se buscó dar solución a problemáticas específicas de las y los trabajadores de las diferentes áreas del Estado Provincial, procurando mejoras salariales y en las condiciones de trabajo, desde una perspectiva que contempla y se propone erradicar las desigualdades estructurales de género.
A su vez, un hecho absolutamente relevante de la gestión del ejecutivo provincial durante 2021, es que se han alcanzado avances concretos y sustanciales en uno de los ejes que definimos como prioritarios desde diciembre de 201 g y que se plasmó en la Ley de Presupuesto 2021: alcanzar la sostenibilidad de la deuda. En un hito fundamental para el fortalecimiento fiscal de la Provincia, durante el año en curso se alcanzó la reestructuración de la deuda con acreedores privados bajo legislación extranjera. Este proceso implicó un ahorro de USD 4.600 millones hasta 2027, extensión de plazos de vencimiento hasta el 2037 y la reducción del costo promedio de la deuda.
Aun haciendo frente a una inédita situación de pandemia, se han logrado estos avances dejando en evidencia que la provincia de Buenos Aires es perfectamente viable si construimos un proyecto que ajuste menos sobre los bonaerenses y genere más infraestructura, servicios de calidad, empleo y producción, que empiece por los que menos tienen para llegar a todos y todas, que promueva solidaridad en cada acción de gobierno, en cada política pública.
Esta Administración reafirma el compromiso de recuperar un horizonte de certezas para las y los bonaerenses, en donde la producción y el trabajo estén por sobre la especulación y la incertidumbre. El rol del Estado para esta nueva etapa que se abre tras la pandemia, debe ser el de ponerse al frente del camino de la reconstrucción de la Provincia, impulsando la actividad económica, reduciendo la desigualdad y cerrando las brechas estructurales.
Para esto, durante 2022 se hará especial énfasis en aumentar los niveles de inversión pública en infraestructura en todas las áreas primordiales de la Provincia. De esta manera, los gastos de capital en el año entrante tendrán un incremento de 44, 1 % en términos reales y alcanzarán máximos históricos en jurisdicciones como Educación, Seguridad y Justicia y Vivienda.
Vale la pena destacar que la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) tendrá en 2022 los niveles de inversión en bienes de capital, en insumos, equipamiento e infraestructura más elevados del pasado cercano. De hecho, sólo la inversión de capital en 2022 equivale casi 4 veces lo devengado en el período 2016-2019.
Pero a su vez, la recuperación económica heterogénea de la pospandemia demandará una política productiva en sentido amplio para potenciar las capacidades productivas de nuestra provincia con miras a generar un cambio estructural en el tejido industrial, al tiempo que contemple acciones específicas para aquellos sectores más afectados por la pandemia. En este mismo sentido, la acción coordinada del Banco de la Provincia de Buenos Aires y los Ministerios de Desarrollo Agrario, Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Trabajo e Infraestructura y Servicios Públicos será fundamental.
Para avanzar en la reconstrucción transformadora de nuestra Provincia, la generación de trabajo debe ser un elemento central para reducir la desigualdad de ingresos en el presente, pero también en igual medida debemos mejorar en el acceso y la calidad de los servicios de salud y educación, que a fin de cuentas es lo que permitirá reducir estructuralmente la desigualdad en las generaciones futuras.
Finalmente, si bien lo peor de la pandemia quedó atrás, durante 2022 mantendremos la inversión en políticas públicas de inclusión social en niveles históricamente elevados. Particularmente, el Servicio Alimentario Escolar alcanzará niveles de cobertura inéditos en las escuelas bonaerenses.
Por todo lo expuesto, en las páginas a continuación se comienza detallando los desafíos estructurales que enfrenta la Provincia, describiendo la situación heredada y marcando los avances que realizó esta gestión en dos años signados por la pandemia.
Luego, se hará foco en uno de los hitos de 2021, como ha sido la reestructuración de la deuda con acreedores privados bajo ley internacional. Acto seguido, se hará referencia al contexto macroeconómico nacional y la situación económica provincial, y, por último, se detallarán los ejes y el análisis del proyecto de presupuesto 2022 que se somete a consideración.