Fundamentos de la Ley 13079

            En nuestro sistema de organización federal instituido en la Constitución Nacional, todas aquellas cuestiones relacionadas con el ingreso y egreso desde las fronteras exteriores ha sido y es materia exclusiva de los organismos federales (art. 75 inc. 1 y art. 116 C.N.)

            Esta histórica regulación, que en el tema de los estupefacientes ha sido siempre relacionada con el contrabando, partía del supuesto de que nuestro país era “una ruta de tránsito”, por el que circulaban las drogas desde los países productores hacia los centros de consumo internacionales, y donde el consumo local era considerado una circunstancia marginal y de poca significación social.

            El exponencial aumento de consumo que se ha registrado en los últimos años, poniendo a nuestro país y a nuestra provincia no solamente como lugar de paso sino también como de consumo, con las graves consecuencias que acarrea para el sujeto consumidor, para el grupo familiar, y especialmente para la sociedad en su conjunto, hacen necesario replantear esta política en la medida de las facultades que posee la Provincia; reorientando los esfuerzos en pos de lograr una mayor y más cercana intervención de los organismos judiciales en esta problemática.

            La distribución territorial de la justicia federal en el territorio de la Provincia, conspira, lamentablemente, contra la celeridad y proximidad necesarias en la investigación y prevención de este delito, y es este mal el que viene conjurar la reforma planteada, posibilitando a los fiscales ordinarios a intervenir en los preliminares de la investigación de este grave delito sin perjuicio de la competencia federal que correspondiere, de tal modo de poder intervenir con mayor inmediatez y así cerrar el círculo que forman ese tríptico peligroso de delitos formado por drogas, armas y violencia.

            Por las consideraciones expuestas es que solicito a los señores senadores me acompañen con su voto afirmativo al presente proyecto de ley.